El pasado martes publiqué un artículo en el que apuntaba ciertos paralelismos entre las realidades políticas de los estados español y turco. A la luz de las últimas informaciones aparecidas en la prensa española, considero que al hablar sobre la ilegalización de partidos políticos dejé en mal lugar al sistema turco, pues es sin duda […]
El pasado martes publiqué un artículo en el que apuntaba ciertos paralelismos entre las realidades políticas de los estados español y turco. A la luz de las últimas informaciones aparecidas en la prensa española, considero que al hablar sobre la ilegalización de partidos políticos dejé en mal lugar al sistema turco, pues es sin duda mucho más garantista que el español.
En Turquía los procesos judiciales seguidos contra fuerzas políticas conservan al menos una apariencia formal en aspectos como la presentación de la denuncia, la instrucción de la causa, el desarrollo del juicio y el fallo de la sentencia.
Las denuncias no son interpuestas por el gobierno, de hecho la última emitida en el país (absolutoria) fue en relación al AKP, partido del Presidente de la República y del Primer Ministro. Los fundamentos de derecho para aceptar a trámite las mismas se hayan en la propia constitución del país, no en leyes ad hoc creadas como trampa contra determinados sectores sociales o políticos. Las causas se siguen de acuerdo al procedimiento habitual de la justicia, presentación de pruebas, declaración de testigos, comparecencia de acusados… En el caso que se sigue contra el DTP (pro kurdo) ya se entró en el segundo año de duración, aunque se halla a falta únicamente de que se emita la sentencia. Estudiadas las pruebas presentadas en el juicio los tribunales pueden ilegalizar un partido si consideran probado que se ha vulnerado la ley, pero ello significa únicamente que ese partido deja de existir, no que sus integrantes o sus ideas estén «contaminados» de por vida. De hecho, lo normal en Turquía es que tras una ilegalización el mismo grupo forme un nuevo partido sin que por ello se impida o se persiga a la nueva organización.
En el caso español un día se decide que determinado partido es sucesor de algún otro ilegalizado, al día siguiente se inicia el proceso de ilegalización en el Tribunal Supremo, y dos después ya se emite la sentencia. Las pruebas suficientes son: haber tenido relación (como integrante, avalista o de cualquier otro modo) con listas o candidaturas que con el tiempo hayan llegado a ser ilegalizadas, o incluso con las anuladas en el trámite administrativo previo (en el caso de Alfonso Sastre la lista en la que al parecer figuró nunca llegó a concurrir a las elecciones al ser ilegalizada preventivamente); participar en actos, fiestas, manifestaciones o cualquier tipo de evento organizado por ese conjunto elástico, ambiguo y arbitrario de organizaciones que se han dado en llamar el «entorno de Batasuna»; escribir artículos o firmar manifiestos en medios «antisistema», «radicales» o «independentistas», en apoyo a movimientos o iniciativas susceptibles de amenazar la legislación existente; pedir el voto para una formación política legal si con posterioridad deja de serlo; tener vínculos familiares o de amistad con persona o personas que reúnan alguna de las anteriores pruebas de cargo; otras.
Una buena síntesis puede ser leída en Libertad Digital.
Si finalmente la justicia española ilegaliza la candidatura Iniciativa Internacionalista (I.I.) hay algunas preguntas para las que no tengo respuesta. ¿Qué ocurrirá con las personas que integran la lista y con los que han firmado el manifiesto de apoyo? ¿Quedarán todas «contaminadas» de cara al futuro? ¿No podrán por tanto volver a presentarse a ningún proceso electoral?
Si como han pedido muchas voces honestas desde la izquierda, una vez pasadas las elecciones europeas se iniciara un proceso de unidad entre las distintas fuerzas anticapitalistas del Estado español ¿qué supondría la presencia de los integrantes de I.I.? ¿El control de ETA? ¿Podrían formar parte de la organización futura sin «contaminar» al resto?
¿En que situación quedan los derechos civiles de cuantos de un modo u otro han tenido algo que ver con I.I.?
¿Durante cuánto tiempo va a seguir mirando hacia otro lado la Unión Europea?
Antonio Cuesta es corresponsal en Turquía de la Agencia Prensa Latina