El informe, titulado “Acaparamiento de Tierras en Guatemala: una mirada desde los derechos humanos y los feminismos críticos de América Latina” fue presentado ayer, viernes, en una mesa redonda online y en el marco del Fórum Social Mundial de las Economías Transformadoras (#FSMET) que se celebra estos días de forma telemática.
Este trabajo, centrado en el caso del monocultivo de banano y palma de aceite y redactado a partir de entrevistes a 69 mujeres en 15 comunidades del municipio de La Blanca (Guatemala), pretende sensibilizar sobre el problema del acaparamiento de tierras desde una mirada campesina y feminista de las comunidades guatemaltecas a las persones, comunidades y organizaciones del Norte Global.
Desde esta intención, SETEM Catalunya ha visitado el municipio de La Blanca, en la costa sur de Guatemala, donde el conflicto entre las comunidades campesinas y el Estado de Guatemala, por un lado, y la industria agroalimentaria, de otro, representa una colisión entre modelos de vida y apunta a una vulneración sistemática de los derechos humanos mediante una violencia multidimensional que afecta, de forma muy especial, a las mujeres.
El devastador fenómeno ‘land grabbing’
En la América Central, y especialmente en Guatemala, el fenómeno de ‘land grabbing’ o acaparamiento de tierras es hoy sostenido por un sistema de acuerdos Comerciales Internacionales que, fundamentados en la deuda ilegítima, someten a los gobiernos centroamericanos a aceptar unas condiciones desiguales para las cuales la industria extractiva, en diferentes dimensiones (minera, energética, pesquera, agroalimentaria…) tiene vía libre para instalarse en el territorio y sobre explotarlo.
En este sentido, el caso de La Blanca –en la costa sur de Guatemala– es paradigmático, ya que representa con especial crudeza las consecuencias para la población y el medio ambiente vinculadas a la instalación de la agroindustria a través de las plantaciones de palma aceitera y de banano. Estas plantaciones, propiedad del Grupo Hame y de BANASA, respectivamente, están orientadas fundamentalmente a la exportación internacional. En el caso de la palma de aceite, el producto se exporta sobre todo al Estado español, a Holanda y a Italia, principales productores, en este orden, de los mal llamados “bio” combustibles de palma a través de diferentes empresas petroleras como Repsol o Shell. Por otro lado, en el caso del banano, esta fruta se exporta principalmente a los Estados Unidos y a Europa, hecho que en la UE choca con los productores locales europeos, ubicados en Las Canarias y en Madeira, principalmente, que denuncian la sistemática vulneración de los tratados comerciales.
Violencia patriarcal sobre el territorio y los cuerpos
El nuevo informe de SETEM denuncia la violencia patriarcal, tanto física como simbólica, que sufren especialmente las mujeres, por parte de las empresas de monocultivos.
La limitación del acceso a la tierra ha ocasionado una disminución considerable de la producción de alimentos tradicionales; según un censo de 2019 de la organización campesina guatemalteca La Pastoral de la Tierra, colaboradora del estudio de campo, hace diez años las familias obtenían dos (55,4% de las familias) o tres cosechas (29,3%) al año, mientras que actualmente logran una y con esfuerzo (59,1%). En este marco, las familias que hace unos años podían sobrevivir casi en exclusividad de su tierra y del río, en la actualidad se ven obligadas a tomar otras medidas como buscar Trabajo remunerado en las mismas plantaciones de monocultivo, o bien emigrar para enviar dinero desde el extranjero.
Por otro lado, la violencia reiterada contra las mujeres a través de la vulneración del derecho a la salud y de las violencias físicas y simbólicas es también un hecho en el municipio de La Blanca. En el caso de las mujeres, la mayoría reconoce haber sufrido algún tipo de violencia (59%). Entre los diferentes tipos, mayormente es trata de violencia física (64%), económica (41%) y psicológica (35,30%). Este triunvirato se puede considerar la esencia de las violencias inherentes al patriarcado desde las dos vertientes; en su parte intra y extra familiar del machismo ‘originario’ de las estructuras locales, por un lado, y por otro, al ejercido explícitamente por las estructuras patriarcales representadas por la gran empresa y el estado.
Feminización y criminalización de la protesta
Las mujeres han ido, poco a poco, ganando protagonismo en la reivindicación de sus derechos y de la comunidad. La mayoría de ellas (el 67 % de las entrevistadas) militan en diferentes organizaciones de defensa de los derechos comunitarios ante la agroindustria. En paralelo a este ascenso social, diversos estudios tratan de la criminalización de la protesta, con tintes machistas, hacia las mujeres indígenas y campesinas, especialmente a las líderes que luchan por la defensa de los derechos comunales.
De hecho, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia constantes agresiones, amenazas y acoso contra las organizaciones de la sociedad civil, así como el uso diferenciado de la violencia en contra de las líderes y defensores campesinas e indígenas, y un incremento de la violencia sexual y de género en su contra, como parte de una estrategia para forzar procesos de migración de estas mujeres del campo a la Ciudad, cediendo sus territorios para actividades extractivas. “En el caso de La Blanca, el 83% de las mujeres denuncia haber sufrido algún tipo de agresión verbal en algún momento para participar en organizaciones de autodefensa”.
Hacia un cambio de paradigma agroalimentario
El ejemplo de las comunidades de La Blanca –para SETEM– debería servir no solo para reivindicar y blindar los derechos humanos, ambientales y de la mujer en Guatemala, en América Latina y en el Sur Global, sino para co crear globalmente un nuevo sistema de producción agroalimentaria más respetuoso con el ciclo mismo de la vida.
Necesitamos –se argumenta en el informe- un nuevo paradigma de desarrollo agrícola que debería basarse precisamente en “los estilos de agricultura indígena-campesina desarrollados por la mayoría de los 1.500 millones de pequeñas agricultoras y agricultores que trabajan en unos 350 millones de pequeñas fincas y que producen el 30 % de la tierra cultivable, no menos del 50 % de los alimentos para un consumo doméstico en el mundo”. Pero para que sea socialmente y ambientalmente responsable de manera efectiva, el paradigma de la soberanía alimentaria basado en la agroecología y, más globalmente, el del ecofeminismo, ha de circunscribirse a la lógica de la relocalización de la producción y a la descolonización discursiva de la ciudadanía, tanto en el Norte como en el Sur Globales.
Link al estudio íntegro: http://www.setem.org/setem_ftp/catalunya/INFORME_stopacaparamiento_CAST.pdf