Alianza País comunica a la sociedad dominicana que ayer 6 de noviembre, al cumplirse el 178º aniversario de la promulgación de nuestra primera Constitución, está apoderando al Procurador General de la República, Lic. Francisco Domínguez Brito, de una denuncia penal contra el ex presidente de la República Dr. Leonel Fernández, y de los ingenieros Víctor […]
Alianza País comunica a la sociedad dominicana que ayer 6 de noviembre, al cumplirse el 178º aniversario de la promulgación de nuestra primera Constitución, está apoderando al Procurador General de la República, Lic. Francisco Domínguez Brito, de una denuncia penal contra el ex presidente de la República Dr. Leonel Fernández, y de los ingenieros Víctor Díaz Rua, ex ministro de Obras Publicas, y Félix Bautista, ex director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), actual Senador de la República.
Alianza País establece en su denuncia penal la responsabilidad directa de los citados Dr. Leonel Fernández, y de los ingenieros Víctor Díaz Rua y Félix Bautista, junto a muchos otros que deben ser identificados en el curso de la investigación, en el déficit fiscal ascendente a 187 mil millones de pesos revelado el pasado 4 de octubre, por el Íng. Juan Temístocles Montás, Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo del gobierno que preside el Lic. Danilo Medina.
En la denuncia penal de la que ha sido apoderado al Procurador General de la República, se aportan elementos de prueba de cómo el Dr. Leonel Fernández, siendo Presidente de la República admitió haber utilizado dinero del Estado para el pago de las llamadas «nominillas»; también, emplear más de 40 mil millones de pesos en la pasada campaña electoral; así como el abultamiento de la nómina pública, y de utilizar dinero del Estado para hacer viajes al exterior del país, para firmar acuerdos privados de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), que también constituye un «cuerpo del delito».
Asimismo, en la denuncia penal se pone en evidencia que el ex-ministro de Obras Públicas, Ing. Víctor Díaz Rua y el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), el ingeniero Félix Bautista desarrollaron un esquema de sobrevaluación y sobre ejecución en la construcción de obras del Estado, que de enero a agosto había prácticamente agotado el presupuesto asignado para todo el año 2012, para ambas dependencias públicas, resultando más que evidente que por la reiteración del método y los escandaloso montos envueltos, sólo pudo realizarse con el consentimiento del entonces jefe del Estado Dr. Leonel Fernández.
Conforme se expone ampliamente en la denuncia penal, las actuaciones descritas violaron la Constitución de la República, en sus artículos 146 y 233 y siguientes; la ley de Presupuesto No. 423-06; la ley de Crédito Público No.6-06; la Ley 340-06 sobre Compra y Contrataciones de Bienes y Servicios, Obras y Concesiones; y la Ley 41-08 de la Función Pública. Además, sus actuaciones constituyen ilícitos tipificados en el código penal dominicano como desfalco, abuso de confianza, cohecho, falsedad en escritura pública, prevaricación, entre otros.
Alianza País formula la presente denuncia penal como parte de sus responsabilidades ante el estado de indefensión e indignación en que se encuentra la ciudadanía por una gestión gubernamental como la que presidió el Dr. Leonel Fernández durante 8 años, que se caracterizó por la corrupción más descarada, que permitió a una parte considerable de sus ministros y funcionarios enriquecerse ilícitamente y que utilizó el dinero público para el clientelismo político y para asegurar el control del Estado y su reproducción en él. Alianza País, por creer en la legalidad democrática, y en el sometimiento de toda autoridad a la ley, apodera al Procurador General de la República, Lic. Francisco Domínguez Brito, para que proceda a investigar los graves hechos denunciados, y en consecuencia, lleve ante los tribunales a los señores Leonel Fernández, Víctor Díaz Rua y Félix Bautista, así como a cualquier otro que resulte implicado, para que tal y como dispone la Constitución votada el 26 de enero de 2010, se le impongan las penas que la ley determine, de resultar culpables de la sustracción de fondos públicos o de haberse prevalido de las funciones que ocupaban en el Estado para obtener para sí provecho económico, o hayan proporcionado ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados.
En sociedades con precaria institucionalidad como la nuestra es determinante que la ciudadanía exija por si misma el castigo de los responsables de un hecho tan grave como el actual déficit fiscal, y que se acabe con la impunidad que predomina en el país, para evitar que esta experiencia funesta pueda repetirse.
Alianza País desde hoy impulsa una campaña en lugares públicos y en las redes sociales para recabar el apoyo de los/as ciudadanos/as contra la impunidad y por el castigo de los responsables del déficit fiscal, de la corrupción y la recuperación de lo robado.