En ocasión del Día de los derechos humanos, la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) realizó el foro virtual «Desaparición Forzada en Honduras: el caso Triunfo de la Cruz».
Dentro de pocos días se cumplirán cinco meses de la desaparición forzada de cuatro activistas de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, entre ellos el presidente del patronato Alberth Sneider Centeno, y de una quinta persona.
El 18 de julio, hombres fuertemente armados vistiendo uniformes de la Policía Militar y de la Dirección Policial de Investigaciones irrumpieron en dicha comunidad. Además de Centeno, los uniformados se llevaron de sus casas a Milton Martínez, Suami Mejía y Gerardo Róchez.
Los cuatro son miembros de la Ofraneh y del Comité de Defensa de las Tierras Triunfeñas. Junior Juárez, la otra persona secuestrada y desaparecida, es un allegado de la comunidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exigió a Honduras adoptar todas las medidas necesarias para determinar el paradero de los jóvenes y presentar un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución. También instó a proteger los derechos a la vida e integridad personal de los habitantes de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.
Por su lado, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas exigió a las autoridades hondureñas «establecer una estrategia integral que incluya un plan de acción para la búsqueda exhaustiva e inmediata y para la investigación imparcial de las desapariciones forzosas».
El 27 de noviembre, 57 europarlamentarios enviaron una carta al presidente Hernández ya otras autoridades hondureñas, exigiendo la inmediata aparición con vida de los jóvenes garífunas desaparecidos y el fin de la violencia sistemática e intencional contra el pueblo garífuna.
También pidió el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, que en 2015 ordenó al Estado de Honduras devolver a las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra los territorios sustraídos ilegalmente.
Los resultados son prácticamente inexistentes.
«Vivimos en un país donde hablar de derechos humanos y defender nuestros territorios significa ponerse una soga al cuello. Sneider (Centeno) estaba siendo perseguido y amenazado de muerte. Fue hasta Tegucigalpa a denunciar estos hechos, pero nadie le hizo caso.
Ahora está desaparecido junto a otros compañeros. Nosotros queremos justicia, queremos que nos devuelvan a los muchachos, que se castiguen a los responsables materiales e intelectuales de todas las violaciones, asesinatos y desapariciones.
Basta ya de secuestros, de persecución, de asesinatos por el lucro personal de unos cuantos y el saqueo de la naturaleza», dijo Pablo ‘Pitio’ Centeno, padre de Sneider Centeno.
De acuerdo con las organizaciones que en octubre pasado, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) al que el Estado de Honduras fue sometido, presentaron un informe alternativo ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas, al menos 140 personas defensoras de la tierra y los bienes comunes fueron asesinadas entre 2010 y 2019. También se documentaron 2.137 ataques entre 2016 y 2017.
Asimismo, son 6.265 las mujeres asesinadas entre 2001 y 2018, más de 360 las personas LGBTI que perdieron la vida de forma violenta en la última década, y 86 los periodistas y comunicadores asesinados desde 2001. La impunidad supera el 90% de todos estos casos.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) registró al menos 16 casos de desaparición forzada durante el período de suspensión de garantías constitucionales por la pandemia de Covid-19.
«Reitero lo que siempre he dicho: hay un plan genocida en contra del pueblo garífuna. Se trata de un plan sistemático de represión que se ha venido implementando en los últimos años desde el Estado, con el objetivo de expulsarnos de nuestros territorios y beneficiar a las mafias que controlan y gobiernan Honduras.
Quieren desaparecer a los pueblos para seguir adueñándose de territorios y saqueando bienes comunes. El resultado es que miles de familias siguen yéndose del país. Y es lo que quieren estas mafias: que la gente se vaya y que deje sus territorios en manos de grupos criminales y explotadores extranjeros», dijo Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh.
La lideresa garífuna recordó que Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos al mundo para quienes defienden la tierra y los bienes comunes.
«Para llevar a cabo este plan sistemático de represión y expulsión, estas mafias (económicas y políticas) necesitan de un sistema judicial colapsado y coludido. Esto explica la total impunidad de tantos crimines y el silencio sobre el paradero de nuestros compañeros.
La Ofraneh sigue siendo criminalizada, perseguida y judicializada porque defendemos los derechos humanos y la vida del pueblo garífuna. Han pasado cinco años de la sentencia de la Corte IDH y no hicieron nada.
Necesitamos transformar este país. Necesitamos construir un país diferente, con futuro para la juventud, donde la gente pueda quedarse a vivir dignamente, y no bajo el yugo de una clase política asesina y saqueadora de las arcas del estado», agregó Miranda.
Para el doctor Juan Almendares Bonilla no hay que olvidarse un elemento fundamental que caracteriza este contexto de persecución, que es el racismo.
«Aquí en Honduras, estos gobiernos, estas transnacionales, estos imperialismos son racistas. El poder político y económico es racista, excluyente y discriminatorio contra los pueblos originarios», concluyó.
Fuente: LINyM