Uruguay es el quinto país del mundo en armas por habitante y comparte el segundo puesto en América con Canadá, detrás de Estados Unidos.
La reciente masacre en Texas dejó al menos 19 niños y dos maestras muertas en un tiroteo en un aula de una escuela primaria. El atacante, identificado como Salvador Ramos, de 18 años, fue abatido por la policía. Antes de atacar la escuela, disparó en la cara a su abuela, que está en estado crítico.
Entre la sorpresa por lo trágico y la “normalización” de estos asesinatos masivos, -el 213 en lo que va del año en Estados Unidos- el debate sobre la portación de armas se abrió en varios países y Uruguay no fue la excepción. El senador del centroizquierdista Frente Amplio, Mario Bergara, presentó un proyecto de ley sobre tenencia de armas.
Uruguay hoy
La situación actual de Uruguay se encuentra en tensión, y lamentablemente las tendencias muestran que no llega al punto álgido, al contrario. Uruguay es el quinto país del mundo en armas por habitante y comparte el segundo puesto en América con Canadá, detrás de Estados Unidos. Según registros oficiales, existen más de 600 mil armas registradas y se estima que la misma cantidad de armas ilegales.
Ésta es una cifra incierta e incomprobable: el pequeño Uruguay, de 187 mil quilómetros cuadrados y poco más de tres millones de habitantes cuenta con 34,7 armas por cada 100 habitantes.
El 18 de diciembre de 2020, el presidente derechista Luis Lacalle Pou firmó un decreto que deroga la ley de 2016 que había impulsado el centroizquierdista Tabaré Váquez sobre tenencia de armas. La nueva normativa establece que se consideran de libre importación y comercialización todos los materiales, repuestos y partes, relacionados con las armas de fuego, salvo excepciones, respondiendo en parte a un reclamo de la Asociación Nacional de Cazadores.
En el primer trimestre de 2022 se registró en el país un incremento de 35% de los homicidios. Mayo del corriente cerró con el doble de homicidios que el mismo mes del 2021. Al día de hoy se registra un homicidio cada 22 horas.
El último relevamiento de la Usina de Percepción Ciudadana muestra que la mayoría de la población tiene poca o ninguna confianza en la gestión del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el 83% cree que la inseguridad “aumentó o sigue igual” con el gobierno de la coalición derechista.
Recientemente, a raíz de una enfrentamiento armado, una bala se incrustó en el vidrio de una escuela mientras se estaban impartiendo clases. En la misma semana, pero en un liceo secundario, sucedieron hechos de similares características.
Los docentes denunciaron que en las afueras del liceo se han dado “un sinfín de peleas” en las que los trabajadores del centro tienen que intervenir directamente y que muchas veces deben llamar al 911 (de emergencias) para pedir la intervención policial, pero no siempre reciben respuesta “con la rapidez que se requiere”.
En los alrededores del liceo se han registrado robos de motos y arrebatos a estudiantes y familias, lo que ha generado la desvinculación educativa de adolescentes, quienes “por miedo dejan de asistir”
El exfiscal Jorge Díaz declaró que la política de seguridad “no puede ser un botín político”. Es una realidad que ya está instalada. Es cierto que el frenteamplismo claudicó en varios aspectos en materia de seguridad, porque compró el punitivismo como forma de afrontar la inseguridad.
Se creyó en la ilusión que a mayor crecimiento económico, menor sería la inseguridad. Pero la realidad es más compleja, policausal y existen bolsones de población donde el progresismo siquiera se acercó. Vale decir también que la derecha utilizó la inseguridad y la educación como caballitos de batalla durante los tres lustros de gobierno de centroizquierda. A las pruebas está la realidad de su fracaso.
Cuando decimos que los medios de comunicación operan políticamente, no es sólo un griterío quejoso de impotencia, sino un dato crudo. Cuando el país no había iniciado modificaciones profundas en materia de inseguridad, se produjo un aumento de un 300% en la cobertura de la prensa escrita sobre los temas de seguridad en la campaña electoral de 2009 con respecto a la de 2004. Obviamente, los delitos no aumentaron un 300% en ese quinquenio: los medios vendieron “inseguridad”..
Uruguay, ayer y mañana
Uruguay está inserto en una de las regiones más violentas y desiguales del mundo, que durante la década de los noventa vio crecer de manera alarmante su grado de criminalidad. Más allá de eso, el país muestra algunos rasgos excepcionales.
A pesar de la modificación de algunas características de parte del modelo socioeconómico que supuso el arribo del Frente Amplio en 2005 al gobierno, no se pudo evitar los efectos estructurales que afectaron directamente los aspectos de la integración social desde 1970 en adelante.
Para el criminólogo Ignacio Cano, especializado en el análisis de la violencia letal, hay varias explicaciones: el alto nivel de desigualdad, la amplia circulación de armas y el bajo impacto de los aparatos de justicia. Según Cano, hay una “aceptación” de la violencia como método de control social, lo que ha provocado que se perpetúe.
Gabriel Tenenbaum, investigador y experto en el estudio de la violencia y la seguridad y coautor del libro Relatos de muerte: homicidio de jóvenes montevideanos en ajustes de cuentas y conflictos entre grupos delictivos, coincide con el diagnóstico sobre el aumento de los homicidios:
“Todo apunta a que el aumento de los homicidios de estos meses se debe a conflictos entre grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas”. “Hay evidencia que confirma esta hipótesis: el conocimiento de la integración de los fallecidos en grupos delictivos y la forma en la que se ejecuta”, detalló.
Tiroteos en los barrios, ajustes de cuentas. Homicidios al estilo mafioso acribillando a personas en sus autos. Cuerpos desmembrados apareciendo por partes en distintas bahías de Montevideo. Cuerpos calcinados. Violencias que dan cuenta de que el narcotráfico camina con bota de siete leguas y parece que nadie acusa recibo, más allá de los discursos.
El periodista Gabriel Pereyra en su libro “Matar al mormón. La inseguridad pública, el narcotráfico y el magnicidio que impidió la DEA”, recrea un diálogo entre un policía colombiano y el ex jefe de Policía de Uruguay, Mario Layera. “Acá las cosas aún no son tan complicadas”, dijo el policía uruguayo al colombiano. “Bueno, así empezamos nosotros, respondió el otro”.
Nicolás Centurión. Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.