Una pareja de sicarios que circulaban en moto tirotearon a Ramos cuando caminaba por una plaza pública y murió en el hospital poco después
El abogado filipino Benjamin Ramos, que llevaba el caso de la masacre de nueve campesinos en la provincia de Negros Occidental, cometida el mes pasado, fue asesinado en Kabankalan, en esa misma región del centro del país, informaron medios locales.
Una pareja de sicarios que circulaban en moto tirotearon a Ramos, de 56 años, cuando caminaba por una plaza pública y murió en el hospital poco después debido al impacto de tres disparos que recibió en el pecho, según el informe policial que recoge la prensa local.
Ramos era secretario general de la Unión Nacional de Abogados del Pueblo (NUPL, por sus siglas en inglés) en Negros Occidental y se convirtió en asesor legal del izquierdista Sindicato Nacional de Trabajadores del Azúcar después de que nueve de sus miembros fueran asesinados por una cuarentena de pistoleros el pasado 21 de octubre.
Las víctimas, entre ellas dos menores, eran jornaleros que acamparon en parte de los terrenos de una hacienda de la localidad de Sagay para reclamar una reforma agraria y una redistribución más justa de la tierra.
Ramos ejercía como abogado de ecologistas, defensores de la tierra, presos políticos y organizaciones de masas de Negros, labor por la que la policía lo etiquetó recientemente en un cartel público como miembro de un grupo armado clandestino, informó la NUPL.
«Estamos sorprendidos, devastados y enfurecidos por el asesinato premeditado a sangre fría de nuestro compañero», indicó la NUPL en un comunicado publicado hoy en su página de Facebook.
La organización recordó que con Ramos son 34 los abogados asesinados en el mandato del presidente Rodrigo Duterte y que muchos reciben asiduamente amenazas por su labor en favor de los colectivos más desfavorecidos.
Filipinas es, tras Brasil, el segundo país más letal del mundo para ser activista medioambiental o sindicalista agrario, una labor por la que perdieron la vida 48 personas en 2017 y 24 en la primera mitad de 2018, según Global Witness.
La NUPL llevó también el caso de la misionera australiana Patricia Fox, expulsada del país el pasado sábado, después de que las autoridades filipinas le retiraran el visado tras 27 años en el país por su supuesta implicación en actividades políticas.