El presidente salvadoreño busca desviar la atención de las denuncias de que, tras una retórica oficial de mano dura, esconde pactos secretos con el crimen organizado. De fondo, asoma un reordenamiento político-mediático del país.
Nayib Bukele es presidente de El Salvador desde hace menos de dos años. Joven y con apoyo de muchos electores, su lema ha sido terminar con los vicios de «los mismos de siempre», es decir, los dos partidos mayoritarios que dominaron la política salvadoreña los últimos 30 años. Ambas formaciones, la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y la exguerrilla, convertida en partido político, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se desgastaron gobernando durante décadas un país altamente polarizado entre derecha e izquierda.
Durante esos gobiernos, y como consecuencia de una guerra civil de 12 años (1980-1992), muchas familias salvadoreñas migraron a Estados Unidos. Allí los hijos de los migrantes aprendieron a asociarse, en las calles, en pandillas dedicadas a la delincuencia. Al ser capturados, sus integrantes fueron enviados de regreso a El Salvador, donde la exclusión social y la violencia de la guerra dejaron a muchos niños y jóvenes proclives a formas de vincularse ajenas a la ley. En el lenguaje popular, los nuevos grupos son llamados maras, una palabra que, en El Salvador, significa ‘grupo de amigos’, pero que con los años pasó a tomar una connotación exclusivamente negativa.
No se sabe exactamente cuántas personas pertenecen a las maras en este país de 21 mil quilómetros cuadrados y 6,5 millones de habitantes, pero se calcula que hay cerca de 60 mil mareros activos. Si se agregan a este número el de sus familiares y las extensiones de territorio que controlan estos grupos delictivos, se comprende fácilmente que se trata de un problema muy grave para cualquier gobernante. Es posible entender entonces por qué sonaron las alarmas cuando el periódico El Faro, con una importante tradición de periodismo crítico, afirmó en agosto de 2020 que tenía en su poder documentos oficiales del gobierno de Bukele en los que se evidenciaba una serie de negociaciones entre el gobierno y las maras. Hasta entonces, Bukele venía acusando con dureza a «los mismos de siempre» de haber pactado con las maras y comprado votos para elecciones presidenciales y municipales.
Maras, mentiras y video
La publicación de El Faro se basó en 150 copias de documentos elaborados por autoridades del sistema penitenciario, reveladas en un extenso y detallado reportaje, elaborado por cuatro periodistas, que señala cómo en su primer año de gobierno el Poder Ejecutivo negoció con las maras, siguiendo los pasos de los vilipendiados viejos políticos. Los titulares periodísticos se aseguraron de llamar la atención sobre estas negociaciones, aunque, al leer en detalle, lo que salta a la vista es que los mareros encarcelados pedían tres cosas concretas: que la tienda dentro de los penales de máxima seguridad les vendiera comida rápida y golosinas; ser agrupados de acuerdo con la mara a la que pertenecen, y que se removiera a los custodios que los golpean.
Las demás acusaciones aún no han podido ser contrastadas con hechos concretos. Por ejemplo, El Faro afirmó que las maras negocian vender votos para las elecciones municipales y legislativas de febrero de 2021 o que se han dado reuniones secretas entre líderes de maras encarcelados y el director general de Centros Penales. Este funcionario, denuncia el medio, se hace acompañar en esas instancias por «encapuchados»: mareros que entran a las cárceles para recibir órdenes de sus líderes encerrados.
Tras estas publicaciones, las redes sociales ardieron en crudos debates e insultos entre opositores y simpatizantes de Bukele. Pero ¿qué dice el gobierno al respecto? Aprovechando su popularidad dentro y fuera de El Salvador, pocos días después de publicado ese reportaje y en cadena de televisión con transmisión simultánea en Facebook, el presidente aseguró a los espectadores que las acusaciones de El Faro son propaganda política y difamación, y que el medio es financiado por empresarios descontentos con el oficialismo. Bukele se dio el lujo de mostrar videos donde se ve a los mareros aglutinados y revueltos en las cárceles. En las filmaciones, medios nacionales e internacionales les preguntan de primera mano si es cierto que existen nuevas medidas carcelarias que los benefician. A lo cual los mareros responden, diligentemente, que todo continúa bajo estricto control del gobierno.
Tres semanas después, ya en el mes de setiembre, el tema del pacto con las pandillas resurgió en una pregunta directa que un reportero de la revista Factum le hizo al presidente: «¿Qué hacía el director de Centros Penales […] entrando a un penal […] acompañado de un ranflero [jefe de la mara MS-13] en libertad? Me gustaría saber si usted va a negar que esos documentos son documentos oficiales de su gobierno». El presidente no demoró en responder: «Pues por supuesto que son falsos los documentos… Porque se lo demostramos a ustedes mismos con cámaras independientes, porque no me vas a decir que Reuters, AP, AFP, F, CNN, TCS, Canal 12 y el 21 trabajan para nosotros […], entonces, sí digo que El Faro miente, sí». Pero Bukele no se limitó a este desmentido y anunció, además, en una maniobra ampliamente condenada a nivel internacional, que El Faro sería investigado «por evasión de impuestos y lavado de dinero».
Bukele al ataque
Todo este enfrentamiento entre los medios de comunicación independientes –o «incómodos», como se hacen llamar El Faro y las revistas Gato Encerrado y Factum– y el gobierno actual se contextualiza en dos años complicados para el presidente salvadoreño, quien ha sido acusado de «dictador» por su tendencia a imponerse y mostrarse prepotente ante algunos periodistas. Tradicionalmente el paisaje mediático de El Salvador había estado dominado por dos periódicos de alta circulación muy cercanos a los gobiernos de ARENA, conservadores, católicos con mensajes provida, neoliberales y poco tolerantes a la disidencia. Por otra parte, han existido periódicos con menor circulación, que van desde las simpatías con proyectos de izquierda hasta el periodismo crítico. Pero dentro de su estrategia de contar con sus propios medios, Bukele fundó un periódico propio y hace un uso agresivo de Twitter, Facebook y Youtube que lo acerca a los electores más jóvenes, así como a los salvadoreños en el exterior que con sus remesas sostienen la débil economía nacional (véase «Bukele, un caudillo 2.0», Brecha, 1-II-19). Mientras tanto, los medios tradicionales acusan al presidente de abusar de su poder y buscar la eliminación de la oposición política.
Lo cierto es que Bukele dedica un espacio importante de sus cadenas nacionales y de sus tuits diarios a desprestigiar y hasta burlarse de los medios que se oponen a sus proyectos. Otro evento que ejemplifica este enfrentamiento es el llamado 8F. El 8 de febrero de 2020, el presidente, acompañado de varios policías y soldados, se hizo presente en el edificio del Congreso para exigirles a los legisladores la aprobación de un préstamo que financiara su plan de seguridad pública llamado Control Territorial (véase «En la silla equivocada», Brecha, 14-II-20). La mayoría de los diputados se sintieron intimidados, incómodos y hasta molestos por el abuso de poder del presidente que, al decir de los medios y dirigentes opositores, «militarizó» el Congreso.
Pero los hechos del 8 de febrero van más allá de esas calificaciones, exageradas para el contexto latinoamericano. En su desatinada acción, el presidente dio material mediático para ser acusado de autoritario y de apoyarse en las Fuerzas Armadas no sólo para combatir el crimen, sino, además, para presionar al Congreso y, de forma inapelable, interferir con las funciones de un órgano independiente del Estado en que el Ejecutivo no debería entrometerse. El evento provocó alarma en un país que sufrió casi 50 años de gobiernos militares, responsables de llevarlo a una guerra civil de más de una década.
Con esos antecedentes, el próximo 28 de febrero de 2021 se llevarán adelante las elecciones para alcaldes y diputados. Actualmente, el partido fundado por Bukele –Nuevas Ideas– no tiene ni un solo diputado. Pero las encuestas pronostican que conseguirá hasta 60 escaños de 84. Si eso sucediera, sería un hito en la historia salvadoreña, en la que tradicionalmente los partidos políticos han necesitado de dos o tres elecciones para conquistar una mayoría parlamentaria. Está claro que la política en El Salvador se ha transformado. Está por verse, sin embargo, si se logra superar la polarización política, otrora expresada en la división entre izquierda y derecha y ahora dividida, al parecer, entre la vieja y la nueva generación de electores.