Las recurrentes denuncias contra funcionarios gubernamentales y miembros del Partido Patriota evidencian la corrupción política y cuestionan un Estado y un poder construidos sobre el desprecio de las leyes y la democracia, con rasgos militares y autoritarios. Septiembre y octubre de 2014 representan el bimestre horrible y oscuro del Presidente Pérez Molina. En estos dos […]
Las recurrentes denuncias contra funcionarios gubernamentales y miembros del Partido Patriota evidencian la corrupción política y cuestionan un Estado y un poder construidos sobre el desprecio de las leyes y la democracia, con rasgos militares y autoritarios.
Septiembre y octubre de 2014 representan el bimestre horrible y oscuro del Presidente Pérez Molina. En estos dos meses se suceden la captura de Byron Lima (aliado político del Presidente) por pertenencia a estructura criminal; las acusaciones a Gudy Rivera, fundador del Partido Patriota y expresidente del Congreso, por ejercer presiones para favorecer a sus magistrados en la Corte Suprema de Justicia; las denuncias de enriquecimiento ilícito de la Vicepresidenta Roxana Baldetti y el presidente Molina; el involucramiento de funcionarios de la Municipalidad de Mixco (regentada por el hijo de Pérez Molina) en agresiones a diputados; la cancelación temporal del Partido Patriota y la remoción de su Secretaria General (y Vicepresidenta de Guatemala) debido al incumplimiento de la ley electoral; las acusaciones por corrupción en la persona de Jorge Villavicencio ( exministro estrella de Salud) y la contradenuncia de Villavicencio a la Vicepresidenta; la acusación al jefe del área de salud de Huehuetenango y a la diputada patriota Emilenne Mazariegos, por reparto de recursos públicos…
Las denuncias, contundentes y duras, revelan actorías criminales y formas de ejercer el poder impropias y espurias. Entre otras:
participación de grupos paralelos y clandestinos en la conducción del Estado y en la definición de políticas del Ejecutivo (caso Lima Oliva): es decir, el poder político aliado y/o subordinado al poder criminal;
control del sistema de justicia por actores e intereses privados (caso Gudy Rivera, Comisiones de Postulación y elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia);
lucha contra la corrupción casuística y parcial : vendetta y disputa de poder (caso que involucra al ex ministro de Salud);
concepción del Congreso y en general la cosa pública como instrumento de negocios y poder personal (caso Emilenne Mazariegos y negociación de plazas de salud);
gobierno de impunidad y rechazo al Estado de Derecho (campaña electoral anticipada).
Ante las denuncias, el Presidente cruza líneas rojas: niega los hechos con argumentos demasiado cercanos a la mentira; ataca a los denunciantes con agresividad impropia; apoya a los denunciados, no bajo el principio de la presunción de inocencia sino negando la validez de las acusaciones, como si fuera investigador y juez; acusa al mensajero y propone concluir sin prórroga el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG (pieza clave en las investigaciones mencionadas y otras estratégicas: financiación de partidos políticos y corrupción en aduanas); insiste en el desprecio de la ley, al proseguir de forma ilegal y ostentosa con la campaña electoral anticipada.
El interés presidencial es obvio: una a una -y todas juntas- las denuncias apuntan a su círculo más cercano de relaciones políticas y amistad. La persecución penal al Presidente no debería estar lejana.
Las denuncias que estrechan círculos alrededor del Presidente y su partido, configuran un escenario de tensión extrema, en el que abundan los rumores de golpe de estado y no se descartan soluciones de fuerza. El actual gobierno, operador de sectores poderosos (económicos, internacionales, militares) comienza a ser percibido por parte de esos sectores como obstáculo y factor de inestabilidad. Por igual, la sensación de acorralamiento, la preten sión de consolidarse en el gobierno, y la oposición a este escenario, alientan reacciones violentas.
La reelección presidencial o ampliación del periodo, la judicialización (de la oposición o los gobernantes, reactivando por ejemplo el caso del harinazo a Baldetti, que involucra a Líder), las negociaciones de todo tipo, las reformas de leyes o reforma constitucional que definan nuevas reglas de juego, la violencia física, la disolución del Congreso y del sistema de justicia (o su definitiva instrumentalización), el golpe clásico, se perciben como acontecimientos posibles y cercanos: para modificar la actual composición del poder o para fortalecerla.
Disputas de poder y regeneración democrática
Las voces que responden a hartazgo ciudadano y plantean la regeneración democrática (algunos abogados, algunos periodistas, movimientos sociales, algunos empresarios) son cada vez más visibles y fuertes -por tanto, nada desdeñables- pero todavía minoritarias. Muchos de quienes acusan hoy al Partido Patriota y al gobierno fueron sus grandes valedores hasta hace días. Estos sectores no pretenden recuperar la dignidad y el sentido de la acción política, sino disputar y preservar espacios de poder, para seguir haciendo lo mismo.
Esto implican los acontecimientos recientes: una aguda disputa, prólogo de las elecciones generales de 2015 y consecuencia de la colusión de intereses de actores aglutinados alrededor de la economía tradicional, la economía emergente, la economía criminal y la economía transnacional.
Está en juego el reparto de negocios y poder político, en un contexto de disputas múltiples, que enfrentan a oligarquía y nuevos ricos (la economía criminal moviliza más o iguales recursos que la economía tradicional y exige nuevas cuotas de poder), capital transnacional y capital nacional (las empresas transnacionales son el poder determinante), oligarquía y ejército (ampliación de espacios de decisión y actoría pública de éste).
Estas disputas no son nuevas, pero involucran hoy un importante reacomodo de fuerzas y tensiones diferentes. La intensidad de las mismas conlleva que las elecciones pueden no estar funcionando como mecanismo de reconfiguración del sistema. La crisis y adaptación del capitalismo, la pérdida de influencia de opciones progresistas en Latinoamérica, y el fortalecimiento de opciones violentas y antidemocráticas a nivel global añaden otro elemento de tensión.
Desde abajo: cambiar el modelo
Las confrontaciones internas no cuestionan el eje de un Estado construido para minorías: de hecho, invisibilizan esta problemática. No proponen la recuperación del ejercicio de derechos. No fortalecen y legitiman la participación ciudadana. Atacan la corrupción si no se ven favorecidos por ella. Plantean soluciones superficiales: cambios en procedimientos, en algunas leyes, en el gobierno o el congreso.
Mientras estas disputas se definen, el proyecto empresarial-militar no descansa: convoca nuevos proyectos extractivos (gasoducto); legisla para institucionalizar el despojo (ley monsanto, ley tigo, ley de competitividad, acuerdos de libre comercio); propone reformas constitucionales para reconfigurar el sistema, en la lógica de recorte de libertades y fortalecimiento de los derechos mercantiles.
Lo preocupante es que la intensa actividad política de estos meses margina una agenda construida sobre necesidades sociales y se centra en la garantía de impunidad como foco de la acción del ejecutivo y otros poderes (pactos legislativos, sistema de justicia).
El reto es construir un análisis estructural de la crisis que trascienda la venalidad gubernamental y de otros actores (Congreso de deiputados, abogados) y visiblice un Estado y un poder político construidos para el negocio, a través de la criminalidad: las incoherencias y debilidades de un Estado configurado para el beneficio de pequeños sectores de poder, excluyente, autoritario, violento y criminal.
Se vuelve perentorio denunciar las soluciones autoritarias que no resuelven la crisis actual, sino la reconducen a favor de actores tradicionales.
Es imprescindible redefinir la agenda política, hoy dominada por la impunidad, la corrupción, los pactos y peleas de élites, el autoritarismo antidemocrático, el individualismo: hacia el ejercicio de derechos, la ampliación de la democracia, la reorientación del modelo económico, la plurinacionalidad, la solidaridad, la colectividad, la denuncia de las arbitrariedades y la reconstrucción desde propuestas de dignidad, honradez, democracia y legalidad.
No se trata nada más de cambiar este gobierno (o este Congreso, o este sistema de justicia), por mucho que su lugar en la historia esté más cerca de la cárcel que del altar. Son el Estado, el poder político y el modelo económico y social los llamados a sentarse en el banquillo de los acusados: aunque mediáticamente pasaron desapercibidos, el inicio de los juicios por la masacre de la Embajada de España y por violaciones sexuales cometidas por el Ejército como política de estado durante el conflicto armado, abonan a esta idea.
Estamos en un momento crítico, que puede derivar en la renovación y profundización del autoritarsmo, o en el parte aguas para la construcción de relaciones democráticas, horizontales, de un modelo político y económico de raíz comunitaria, centrado en los derechos de la naturaleza y las personas.
Tenemos que transformar el modelo de organización y de vida.
Blog del autor: http://www.memorialguatemala.blogspot.com
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