Temor por desalojo violento y judicialización del conflicto
En la noche del 18 de febrero, unos 1.500 campesinos organizados en la Asociación para el Desarrollo Campesino de Progreso (ADCP), volvieron a recuperar parte de las 3.644 hectáreas, que en mayo de 2012 el Instituto Nacional Agrario (INA) había expropiado al ingenio Azucarera del Norte SA (Azunosa), propiedad de la empresa britànico-sudafricana SABMiller, por no haber solicitado, legal y en debida forma, el sobretecho establecido en la Ley de Reforma Agraria
Ante esta situación, SABMiller, que en Honduras es propietaria también de Cervecería Hondureña SA y posee la franquicia para producir Coca Cola, presentó un recurso de amparo, apegándose a un supuesto tratado de protección comercial suscrito entre el Reino de Gran Bretaña y el Estado de Honduras.
Sucesivamente, la resolución de expropiación fue pasada al Consejo Nacional Agrario (CNA), la instancia superior del INA, para que estudiara el caso y emitiera un fallo definitivo, lo cual nunca se dio. Mientras tanto, en agosto pasado, un fuerte contingente de efectivos policiales y guardias privados de la empresa desalojaron, por segunda vez, a las familias campesinas que habían recuperado las tierras expropiadas a Azunosa (SABMiller).
Durante la acción policial fueron detenidas 42 personas, entre ellas varios menores de edad, quienes fueron acusadas de «usurpación de tierra» y remitidos a los tribunales.
Finalmente, les dictaron auto de prisión y les aplicaron medidas sustitutivas a la privación de libertad, entre otras presentarse a firmar a los juzgados cada 15 dias y no acercarse a las tierras objeto del conflicto.
Ahora, seis meses después del violento desalojo, miles de campesinos vuelven a recuperar las tierras que, según la resolución 050-2012 del INA, SABMiller ocupó y explotó ilegalmente por décadas.
«Decidimos volver a recuperar estas tierras porque no es posible que empresas extranjeras sigan apoderándose de nuestro territorio, mientras hay miles de familias campesinas que sufren miseria y hambre», dijo a Sirel, Fredy Membreño, miembro de la ADCP.
Según datos de la FAO, el 40 por ciento de la población hondureña sufre de desnutrición por la falta de alimentación adecuada. La concentración de tierras en pocas manos y la implementación desmedida de monocultivos a gran escala, hace que en el país más de 300 mil familias campesinas no tengan acceso a la tierra y que Honduras no tenga soberanía alimentaria.
CEPAL y UNICEF aseguran en su estudio «Pobreza infantil en América Latina y El Caribe» (2011), que el 67,9 por ciento de niños, niñas y adolescentes de Honduras se encuentra en situación de pobreza. La pobreza extrema afecta a casi el 30 por ciento.
Membreño explicó también que recientemente el gobierno, a través del INA, logró un acuerdo con Azunosa para entregar 433 manzanas de tierra en el municipio de El Negrito, a grupos campesinos que estuvieron involucrados en el proceso de recuperación del año pasado.
«Se trata de un show mediático y político montado por el gobierno y la empresa, que contradice la resolución de expropiación del INA y abre la puerta a un posible arreglo entre las partes. Rechazamos esta solución, exigimos la ejecución de la expropiación de la tierra y su entrega a las familias campesinas», aseveró sin titubeo Membreño.
El miembro de la ADCP subrayó que el objetivo de las familias campesinas involucradas en este proceso de recuperación es volver a sembrar y producir alimentos.
«Queremos sembrar lo que comemos, porque no es posible que tantas tierras fértiles estén sembradas solamente con productos monopolizados, como la caña y la palma africana, mientras la producción nacional ya no cubre la demanda interna de alimentos y tenemos que importar arroz, maíz y frijoles a precios carísimos», dijo.
Mientras centenares de familias campesinas se mantienen en el proceso de recuperación y, con renovada esperanza, están levantando sus casitas de nylon, contingentes policiales están vigilando la zona.
«Por el momento la situación es tranquila y los guardias de seguridad de Azunosa se han retirado, sin embargo hay temor por un nuevo e inminente desalojo violento. Mientras tanto seguimos con nuestro proceso, estamos reforzando nuestras casitas y organizándonos para defender nuestro derecho a una vida digna», concluyó Membreño.
Fuente: Rel-UITA