En solidaridad con decenas de miles de afectados por el mayor desastre ambiental que ha impactado a la Amazonía ecuatoriana, más de 150 organizaciones, redes, movimientos, y sindicatos, entre ellas Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina, en representación de más de 85 millones de personas a nivel internacional, piden al Gobierno de Ecuador que apele ante la justicia holandesa el laudo arbitral que favorece a la petrolera Chevron.
El pueblo Caranqui (Cara o Imbaya), habitaba la zona norte de la Sierra ecuatoriana.
Todo hace pensar que al Estado ecuatoriano le espera un nuevo saqueo protagonizado por los capitales transnacionales.
«El mundo sin propiedades grávidas de futuro no merece ni una mirada, ni un arte, ni una ciencia. Utopía concreta se encuentra en el horizonte de toda realidad; posibilidad real rodea, hasta lo último, las tendencias-latencias abiertas dialécticas» -Ernst Bloch, El principio esperanza
La economía ecuatoriana se encontraba estancada e incluso con tendencias recesivas durante el año 2019, antes de la llegada del coronavirus, como consecuencia de las políticas de ajuste aplicadas por el gobierno en el marco del Acuerdo de Servicio Ampliado suscrito con el FMI en marzo del 2019.
Para ganar votos a toda costa el banquero Guillermo Lasso ha lanzado la propuesta demagógica de la libre tenencia de armas para todos los ecuatorianos con el supuesto fin de combatir la inseguridad y la delincuencia.
Las autoras le recuerdan a Guillermo Celi, candidato presidencial por SUMA, las obligaciones que tiene un estado laico frente al cumplimiento de los derechos humanos.
Cada vez es más evidente que el desarrollador de software libre y defensor de la privacidad Ola Bini es víctima de una violenta persecución política por parte del gobierno de Ecuador.
El candidato prevé una proscripción de su espacio político y la postergación de las elecciones previstas para el 7 de febrero.
La pandemia encontró a Ecuador sumido en una profunda crisis económica causada por el modelo neoliberal, que redujo drásticamente el presupuesto educativo y el resto del gasto público.