Roberto «Tato» Iglesias, 82 años, militante de la vida. Educador popular y referente de la Universidad Trashumante, es un sabio —aunque seguramente rechace que lo llamen así—. Estuvo en Ezeiza en el regreso de Perón, estudió con Paulo Freire, caminó con los movimientos campesinos y construye a diario con espacios autónomos, lejos de los escenarios del poder. Los movimientos sociales y la domesticación de las rebeldías, los progresismos y las derechas; la democracia, el sistema y los sueños.
Los alimentos cotidianos están contaminados por 130 plaguicidas, un 23% más que el año anterior, según datos del Programa de Control de Residuos de Plaguicidas de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), analizados por Ecologistas en Acción en un informe.
Las hordas de visitantes que celebran cada vez que se desprende un enorme trozo del imponente glaciar Perito Moreno ignoran el peligro que representa para los habitantes de El Chaltén que la imponente masa helada retroceda a toda velocidad por el impacto del cambio climático
El Campamento Tierra Libre, que se celebra anualmente durante una semana en Brasilia, promovido por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, alentó este año la participación indígena en la COP30 del clima, en noviembre. Para eso creó una comisión internacional para coordinar una protagónica presencia en Belém do Pará, la ciudad amazónica brasileña que acogerá la cumbre.
El último informe de Greenpeace sobre incendios forestales en los bosques andino-patagónicos contabilizó 31.722 hectáreas arrasadas en Neuquén, Río Negro y Chubut entre octubre y marzo pasado. «A nivel nacional hay negacionismo de la crisis climática, pero a nivel provincial hay subestimación», denuncian sobre la falta de prevención y financiamiento.
Presentamos un adelanto del libro Rojo fuego. Reflexiones comunistas frente a la crisis ecológica, recién publicado por Ediciones IPS.
En todo el mundo las mujeres tenemos menos acceso a la tierra que los hombres. Para las mujeres el derecho a la tierra es una cuestión de justicia social.
En la Unión Europea el uso de plaguicidas debería estar sometido a un control estricto y orientado a proteger la salud pública, el medio ambiente y los derechos de los consumidores. Pero la realidad nos demuestra, una y otra vez, que el sistema de regulación no solo es insuficiente, sino que está diseñado para servir a los intereses de la agroindustria, incluso cuando estos chocan frontalmente con el bien común.
