Académicos, legisladores, exministros y exgobernadores y periodistas, lanzaron un manifiesto, insistiendo en la necesidad de lograr la unidad de los sectores progresistas brasileños para desalojar a la ultraderecha autocrática y neofascista del gobierrno.
La huelga de los trabajadores de los Correos demostró la fuerza y la voluntad de la categoría de luchar contra el gobierno del Bolsonario y su política de eliminación de derechos y privatización.
Si el gobierno brasileño no ve el rojo de los incendios forestales con sus ojos, tendrá que verlo por el bolsillo, es el aviso de grandes empresas e inversionistas internacionales y también del propio país.
Este domingo (27 de septiembre), la campaña electoral comienza oficialmente. La disputa en las ciudades tendrá lugar en un contexto de continuidad de la pandemia (que ya ha matado a más de 140.000 brasileños), de intensa crisis social (25 millones de trabajadores están desempleados) y de relativo fortalecimiento del gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro, que ha ganado popularidad con los efectos de la ayuda de emergencia.
Las quemas iniciadas en cinco propiedades de Mato Grosso son responsables de la destrucción de un área equivalente a la ciudad de Río de Janeiro. Dos de estas haciendas son de productores que venden ganado a empresas de la familia Maggi (Amaggi y Bom Futuro), proveedores de gigantes como JBS, Marfrig y Minerva.
Mucho antes de que la revista The Economist calificara al presidente de Brasil de BolsoNerón ya yo había acuñado ese denominador. Lo que no esperaba es que los hechos demostraran la semejanza entre las actitudes del emperador romano, famoso por tocar la lira mientras Roma ardía, y el ocupante principal del Palacio de Planalto.
En un Brasil jaqueado por el coronavirus, la crisis económica, social y sanitaria, y gobernado por el ultraderechista Jair Bolsonaro y su cohorte de militares y grandes empresarios bendecidos por Washington el abanico progresista aparece fraccionado de cara a las elecciones municipales del 15 de noviembre, antesala de las presidenciales de 2022.
Bolsonaro llegó al gobierno con promesas de mano dura, conservadurismo cultural y neoliberalismo económico. Sin embargo, forzado por el desastre de la pandemia, decidió desplegar un amplio programa de asistencia social que le ha permitido mejorar su imagen, en particular en las zonas más pobres del país. Pero sostener este plan supone desconocer la promesa de ortodoxia económica y el apoyo del establishment.
La palabra cristofobia fue utilizada por Jair Bolsonaro el martes en su discurso en la 75º Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Al citar ese término, que define la aversión al cristianismo o hacia aquellos que profesan la fe cristiana, el presidente de Brasil hizo un “llamado a toda la comunidad internacional por la libertad religiosa y la lucha contra la cristofobia”, y agregó que Brasil es un “país cristiano y conservador, y tiene su base en la familia”, aunque el Estado brasileño sea laico, como lo establece la Constitución Federal.
Faltando pocos meses para que se acabe el auxilio de emergencia, la creación de un nuevo programa de transferencias monetarias está en debate en el Congreso Nacional. El proyecto del gobierno federal, inicialmente llamado “Renta Brasil”, fue blanco de críticas y supuestamente suspendido. Ahora otra propuesta tiene como ponente al senador Marcio Bittar (MDB/AC), que afirmó haber recibido el aval de Jair Bolsonaro (sin partido) para incluir un programa de asistencia social en la lista del Presupuesto General de la Unión para 2021.