“Este objetivo de que la imputada prestara colaboración se traduce en la formalización no como un ejercicio comunicativo, y mucho menos como una garantía procesal, sino como un mecanismo funcional para que una persona imputada sea doblegada, sea compelida a la renuncia de uno de sus derechos más importantes de un procedimiento racional y justos, contemplados en diversos instrumentos legales y tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes”
Desde el territorio lafquenche les pedimos que dejen de dividir, falsear y utilizar los derechos mapuches para fines partidarios.
Al mismo tiempo, tales estrategias invisibilizan las causas estructurales de la violencia escolar, como la desigualdad, la precarización de las condiciones educativas y la falta de recursos para equipos psicosociales y programas integrales de convivencia.
Y en relación al período 1990-2026, por si todo lo anterior fuese poco en demostrar la derechización extrema experimentada por el liderazgo de nuestra antigua centro-izquierda, tenemos abrumadoras evidencias adicionales. En primer lugar, el hecho de que al menos varias decenas de sus líderes se fueron convirtiendo en directores o ejecutivos de empresas, AFP, medios de comunicación o fundaciones de grandes grupos económicos; o en directores o ejecutivos de asociaciones de grandes empresarios; o en columnistas permanentes de sus medios de prensa o digitales; o en lobistas de grandes empresas o entidades corporativas.
Por ello es impensable que con más violencia y más represión hacia las diferentes comunidades, organizaciones y expresiones de resistencia mapuche, puedan conseguir la sumisión de nuestro pueblo, ni mucho menos la solución al conflicto entre el Estado chileno y el pueblo nación mapuche.
El jurista alerta que dados los profusos pronunciamientos por parte de los gobiernos chileno y argentino “que criminalizan (condenan) al Sr. Apablaza Guerra de manera anticipada a cualquier condena judicial, se puede inferir que su extradición responde a cuestiones políticas y que, eventualmente, cualquier proceso judicial en su contra carece de garantías de debido proceso”.
Galvarino Apablaza ejerció su derecho a la legítima defensa, autorización otorgada por la Ley de defenderse, o de proteger al prójimo o un bien cuando se es atacado.
Ahora la justicia debe investigar al ministro de la Corte Suprema Mario Carroza, al ministro de la Corte de Apelaciones Guillermo de la Barra y al propio Hermosilla por los delitos de prevaricación, cohecho y violación de secreto, tras la querella presentada por Mauricio Hernández Norambuena que sostiene la intervención y mantención indebida en su condena.
El «Caso Quilleco» se enmarca en un conflicto histórico y estructural entre el Estado chileno y comunidades mapuche que reclaman tierras, autonomía y reconocimiento cultural.
Seguiremos desempeñando nuestro trabajo con el mismo profesionalismo, convicción ética y compromiso social, conscientes de que cada documento, testimonio y registro son piezas esenciales en la lucha contra el olvido y la impunidad.