LA VÍSPERA DE FIN DE AÑO DE 1997 quedó grabada en la historia reciente de nuestro país con la sangre de 34 mujeres, 16 de ellas niñas; 11 varones, de los cuales cuatro eran niños; y 26 personas heridas, en su mayoría menores de edad que quedaron con lesiones de por vida. La masacre en la comunidad de Acteal, Chiapas, es un crimen de Estado que ha sido reconocido como tal por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, mediante una disculpa pública emitida el 3 de septiembre del año en curso, a nombre del Estado mexicano.
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Con el argumento «altruista» de promover el desarrollo económico, la democracia y la educación cívica, el medio ambiente, los derechos humanos y apoyar la educación, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), otro de los aparatos del Departamento de Estado para realizar operaciones encubiertas, espiar y «desarrollar y consolidar democracias representativas», mediante golpes de estado blandos, ha impulsado la creación y el financiamiento de organizaciones no gubernamentales en múltiples países.
Una traición está por consumarse contra la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Se pretende cancelar el turno vespertino de tres carreras en el plantel Cuautepec. Aún más doloroso es que el golpe venga de adentro, de las propias autoridades que deberían de velar por la defensa del proyecto de la UACM. En medio de una pandemia, de espaldas a la comunidad, unos cuantos irresponsables están empeñados en cancelar la oportunidad de estudio a jóvenes que están cursando en el turno vespertino actualmente y a los muchos estudiantes futuros.
Me ha parecido indispensable hacer un breve bosquejo de la ideología en que se ha sustentado el Estado mexicano, de manera particular la ideología neoliberal, impuesta como política oficial en todo el país a partir de 1982.
En noviembre de 2012 se realizó una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) inicialmente promovida por Felipe Calderón y posteriormente apoyada por Enrique Peña Nieto, en la cual se formalizaba la subcontratación (Artículo 15 fracción A, B, C, D).
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cumplió dos años el pasado 1 de diciembre. Desde que era opositor hasta ahora que está en el poder, ha sintetizado su agenda en una frase: “primero los pobres”. Sin embargo, a dos años, esta afirmación se ha convertido en una pregunta.
El conservadurismo mexicano sabe bien que no tiene ninguna posibilidad de recuperar Palacio Nacional en 2024. Y por lo pronto está trabajando ahí donde ve algunas posibilidades de mantener ciertas cuotas de poder político y, por lo tanto, presupuestales: gobiernos estatales y municipalidades ricas e importantes.
En un artículo de Témoris Grecko publicado en Eme Equis hace un par de días, titulado “Los apuros de Alejandra Frausto. El grupo de whats que encendió la rebelión”, en el que el articulista consulta a algunos de los participantes del mencionado grupo, se filtra nuevamente la instrucción, no precisamente, a decir de los funcionarios consultados, de “desactivar” a los colectivos, pero sí de desactivar algunas de sus propuestas entre las que destaca, ante la posibilidad de un Congreso Nacional, el carácter vinculante de los resolutivos de este.