Rodeado de altos mandos del ejército, marina y fuerza aérea de Perú, el primer ministro, general Walter Martos, acusó al presidente del Congreso de intentar involucrar a las fuerzas armadas en el pedido de destitución del mandatario Martín Vizcarra, inmerso en una grave crisis institucional, política, sanitaria y económica.
El Congreso votó el viernes 11 a favor de iniciar un juicio político contra Vizcarra con la acusación de incapacidad moral, en medio de investigaciones por presuntas contrataciones irregulares, lo que ha sumido al país en una profunda incertidumbre política en el contexto de la crisis económica y sanitaria resultante de la pandemia del coronavirus.
Perú registra más de 723 mil contagios y 31 mil muertos a causa de covid-19, mientars crecen el desempleo y el hambre en la población.
Los audios de Vizcarra
Cuando el Congreso debía debatir la reforma constitucional para evitar la postulación de candidatos sentenciados en primera instancia, el legislador Edgar Alarcón, protagonista de tres investigaciones fiscales y sobre quien pesa un pedido de 12 años de prisión por corrupción, presentó una serie de audios donde se escucha al presidente Martín Vizcarra, y a su círculo más cercano en Palacio de Gobierno, coordinar la estrategia de defensa en el caso “Richard Swing”.
En dichos audios el jefe de Estado, un asesor y una funcionaria de la Presidencia acuerdan las declaraciones que daría la asistente administrativa Karem Roca Luque ante la Fiscalía, en el marco de las investigaciones sobre los presuntos contratos irregulares para Richard “Swing” Cisneros.
Conocidos los audios, el Congreso reunió 31 firmas de sus integrantes y presentó una moción de vacancia presidencial por incapacidad moral. Con la misma rapidez, convocó a un pleno en el que se discutió, votó y admitió dicha moción. Las organizaciones políticas representadas en el Congreso que no firmaron la solicitud fueron: Frepap, Partido Morado y Frente Amplio.
En un mensaje, Vizcarra reconoció que las grabaciones son anteriores al 29 de julio, pues en esa fecha recibió la consulta de un periodista extranjero sobre el tema, y calificó a la eventual vacancia como un intento “para tomar el control del gobierno” por parte de un sector representado en el Congreso.
Mientras, la fiscalía peruana allanó las viviendas de funcionarios investigados por el escándalo de contratos del cantante Richard Cisneros (Richard Swing), para desempeñar labores en el Ministerio de Cultura.
El mandatario, quien sustituyó al destituido presidente Pedro Pablo Kuczynski, carece de partido y bancada, deberá comparecer el 18 de septiembre ante el plenario para ofrecer sus descargos, tras lo cual los legisladores debatirán y procederán a votar si lo destituyen o no.
Martos, general en retiro, anunció además que el gobierno usará todas las armas legales para garantizar la gobernabilidad del país, como la presentación de una demanda de competencia en el caso ante el Tribunal Constitucional para frenar el proceso de vacancia presidencial o juicio de destitución emprendido por el Congreso.
El ministro de Defensa, Jorge Chávez –también general en retiro–, quien estuvo en el pronunciamiento del primer ministro en Palacio de Gobierno, manifestó que el jefe del Congreso, Manuel Merino, se comunicó con el comandante general de Marina para comentarle sobre el proceso de vacancia un día antes de que se aprobara el pedido de destitución de Vizcarra.
“Debo rechazar rotundamente la actitud de Merino al realizar estas llamadas, que no sólo fueron imprudentes y fuera del lugar, sino que colisionan con el orden democrático”, sostuvo Chávez. Agregó que Merino intentó varias veces comunicarse con el jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas, pero sin éxito, porque el oficial estaba de gira por una zona remota de la región amazónica.
La actitud del presidente del Congreso ha sido temeraria al pretender involucrar a las fuerzas armadas en un proceso político, del cual los comandantes generales se mantienen absolutamente al margen y en estricto respeto al principio no deliberante de las fuerzas armadas, afirmó Chávez.
Merinorechazó las acusaciones “con medias verdades”, alegando que su intención fue transmitir la calma del Congreso y comunicar que los legisladores “iban actuar en el marco de la Constitución”.
«En las últimas horas, hemos sido testigos
de un hecho gravísimo, que hace muchos años ya habíamos olvidado, y con la
participación del propio presidente del Congreso de la República de intentar
involucrar a las Fuerzas Armadas en un proceso político en el que no deben
tener ninguna participación», dijo.
La solicitud de iniciar un juicio
político contra el Presidente fue aprobada por 65 votos a favor. Para aprobar
la destitución se requiere 87 votos de los 130 legisladores.
La ministra de Justicia, Ana Neyra, explicó por su parte que con la acción legal que presentará el Gobierno el lunes se busca que la máxima corte de Perú interprete la Constitución y determine si hay causal de vacancia presidencial que busca el Congreso.
«Quiero apelar todavía al espíritu
democrático del presidente del Congreso y quiero pensar que él no se ha
prestado a este juego, quiero pensar que esto no se ha configurado de esta forma
porque, si estos hechos fueran verificados, como algunos juristas están
señalando, estaríamos ante de un delito de sedición», señaló.
Mariana Álvarez Orellana es antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)