El silencio que acompañó la lectura del fallo por parte de la presidenta de la Tercera Corte de Asís de Roma, Evelina Canale, siguió luego de que la Corte se retiró. Ningún grito, muy pocas lágrimas. Una rabia contenida, una indignación feroz, una incredulidad dolida atravesaban las caras de los muchos uruguayos presentes. Mirtha Guianze, […]
El silencio que acompañó la lectura del fallo por parte de la presidenta de la Tercera Corte de Asís de Roma, Evelina Canale, siguió luego de que la Corte se retiró. Ningún grito, muy pocas lágrimas. Una rabia contenida, una indignación feroz, una incredulidad dolida atravesaban las caras de los muchos uruguayos presentes. Mirtha Guianze, palidísima, se esforzaba por hablar, pero las palabras casi no salían; en voz bajísima dijo a la diaria que no comprendía la sentencia y que esperaba que hubiera posibilidad de apelar: «Está absuelta la mayor parte de los uruguayos que en Uruguay fueron condenados, y son casos sobre los que teníamos muchísimas pruebas», dijo. «No comprendo», fue lo único que pudo decir pocos segundos después de la lectura de la sentencia. El vicepresidente Raúl Sendic, opaco, con la cara contraída, quedó en medio de la gente de la embajada de Uruguay en Roma, igualmente angustiada. No quiso dar declaraciones en los momentos sucesivos a la sentencia y se encerró con el abogado de la República Oriental del Uruguay, Fabio Maria Galiani, en una sala contigua, para acordar una declaración para la numerosa prensa, italiana y extranjera, que se hizo presente el último día del juicio. Los fiscales Giancarlo Capaldo y Tiziana Cugini salieron del Aula mudos, sin hacer declaraciones. Francesco Guzzo, abogado del ex marino prófugo en Italia Jorge Néstor Tróccoli, guardaba las hojas del expediente dentro de su maletín, visiblemente satisfecho: «Todavía no he hablado con mi asistido y, claramente, estamos contentos», dijo antes de salir.
De los 33 imputados durante el juicio del Plan Cóndor en Roma, de los cuales seis fallecieron en el curso del procedimiento, sólo ocho resultaron condenados: los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama; los bolivianos Luis García Meza Tejada y Luis Arce Gómez; los peruanos Francisco Morales-Bermúdez Cerruti, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa; y el uruguayo Juan Carlos Blanco. Todos los otros, la mayor parte uruguayos, fueron absueltos. Y una vez más se precisa recordar los nombres de esas personas que la Justicia italiana declaró inocentes: los chilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez, Manuel Abraham Vásquez Chauan; el peruano Martín Martínez Garay y, finalmente, los uruguayos José Ricardo Arab Fernández, José Horacio Nino Gavazzo Pereira, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Jorge Néstor Tróccoli Fernández, Gilberto Vázquez Bissio y Ricardo Eliseo Chávez Domínguez.
Aurora Meloni, esposa de Daniel Banfi, asesinado en Buenos Aires en 1974, agregaba a su emoción por la condena de Juan Carlos Blanco, condenado por la muerte de su esposo, el dolor y la incredulidad por las muchas absoluciones: «La condena de Blanco fue justa y era lo que esperábamos después de 42 años, no sólo por Daniel, sino porque con él perdieron la vida otras dos personas que están siempre presentes: Guillermo Jabif y Luis Latronica. Esta condena sirve mucho por mis hijas, que ahora tienen justicia, porque no tuvieron a su padre. Pero sobre la absolución de las otras personas estoy muy apenada y prefiero no hablar».
Mientras la sala empezaba a vaciarse y los abogados intercambiaban opiniones y sacaban cuentas de condenados y absueltos, Cristina Mihura, que desde hace 40 años lucha para saber el paradero de Bernardo Arnone, su esposo, trataba de entender lo que había pasado y qué «faltas» podían explicar este resultado: «Me siento mal, me siento muy mal. Hemos luchado tanto, y ellos son culpables. Nosotros no pudimos llevar elementos suficientes para poder probar lo específico y las responsabilidades directas. Es como si la Corte hubiese reconocido la existencia del Plan Cóndor, y condenó sólo a los que tenían responsabilidades. Creo que tenemos elementos para apelar, y lo vamos a hacer. Estoy muy sorprendida por la decisión de la Corte». Su abogado, Paolo Sodani, dijo que le parecía increíble que no se hubieran tomado en cuenta las muchísimas pruebas que había en contra de Gavazzo y Arab.
Era tan fuerte y visible el dolor y el desaliento de los uruguayos presentes -en su mayoría, familiares y amigos de las víctimas, que viajaron a Roma en algunos casos desde muy lejos- que los chilenos, que obtuvieron justicia, no lograban festejar. María Paz Venturelli -hija de Omar, desaparecido en 1973-, quien tuvo que enfrentar hace seis años la absolución de Alfonso Podlech del homicidio de su padre, logró que fuera reconocida la culpabilidad de Ramírez Ramírez, uno de los seis imputados en ese juicio por la muerte de Venturelli: «Estoy contenta porque por lo menos a uno lo condenaron. Ramírez Ramírez era el general de la provincia de Cautín. Lo que pasó hoy es que reconocieron la responsabilidad de los jefes en la cadena de mando. Los demás que estaban imputados para mi caso son unos carniceros que están vivos y libres y no los condenaron porque no hay la relación directa en la jerarquía. Para mi caso, es la primera condena. Algo es algo. Todavía falta».
Los policías del tribunal empezaron a pedir con fuerza que la gente saliera del Aula, y el aire helado de Roma golpeó a los grupos de personas que se iban tristemente. Al pasillo abierto entre las dos aulas salió para dar su declaración el vicepresidente de Uruguay, Sendic: «El Estado uruguayo estuvo al lado de los familiares y las víctimas. Las violaciones a los derechos humanos coordinadas entre los gobiernos represivos han sido demostradas en distintos tribunales y juicios. En relación a la sentencia de hoy, es evidente que esperábamos otra cosa y que nos sentimos defraudados, pero respetamos la separación entre poderes. Esta era una posibilidad y sabíamos que podía ocurrir. Yo no juzgo al tribunal por esta sentencia; soy el vicepresidente de Uruguay y tengo responsabilidades institucionales. Nos queda la tranquilidad de haber hecho todo lo que teníamos que hacer: haber presentado pruebas y testimonios, haber apoyado a los familiares. Entiendo el dolor de los familiares, un dolor acumulado a lo largo de los años. Conozco la situación porque me tocó vivirla de cerca, por lo tanto entiendo la indignación». A mitad de su declaración, Sendic fue interrumpido por María Victoria Moyano, hija de María Asunción Artigas y Freddy Moyano, que cuestionó la política de derechos humanos del Estado uruguayo y soltó toda su rabia y su decepción: «Tengo todo el derecho a cuestionar al gobierno de Uruguay. Estamos acá porque en Uruguay los juicios no existen. Me declararon ciudadana ilustre por ser hija de desaparecidos y lo más perverso es que en Uruguay no puedo iniciar un juicio a los asesinos de mis padres, porque hay ley de impunidad. Es una vergüenza».
Los abogados recuperaron sus togas, armaron sus maletas y empezaron a salir, casi todos con la mismas explicaciones ante una sentencia de este tipo: «No fue probada la responsabilidad respecto a hechos específicos, mientras que sí se condenaron las posiciones apicales, porque se reconoció la existencia del Plan Cóndor», dijo Alessia Liistro, que llevó las causas de Stamponi (Argentina) y Gómez Rosano (Uruguay), mientras que Arturo Salerni, que representaba los casos de Recagno, Bellizzi, Río Casas, Moyano (Uruguay), Montiglio y AFDD (Chile), Stamponi, Campiglia (Argentina) y ASOFAMD (Bolivia), expresó su sorpresa por la falta de condena para Tróccoli: «En su caso había muchas pruebas y, encima, además, una autorreivindicación de los hechos. Espero que la Fiscalía decida apelar; nosotros vamos a acompañar».
El abogado Galiani, que representó a la República Oriental del Uruguay y a la parte civil Soledad Dossetti, mostró, al salir del Tribunal, toda su indignación con una sentencia que consideró injusta: «En estos nueve años hicimos de todo para contribuir en este juicio, y nuestra contribución fue decisiva. La del Estado uruguayo no fue una participación formal; hemos llevado pruebas y hechos. La sentencia es fruto de una gestión del juicio que no fue eficaz. Varias veces la presidenta de la Corte lo dijo, e invitó a la Fiscalía a retomar el hilo del juicio y a llevar pruebas. En toda mi experiencia nunca vi en Italia una absolución frente a un compendio probatorio como este. Con el vicepresidente acordamos tomar un poco más de tiempo para reflexionar y no tomar decisiones temerarias». Interrogado por la diaria sobre la polémica que surgió durante el juicio con la ex fiscal uruguaya Guianze, Galiani dijo que no habló con ella. Relató, en cambio, que, aunque todavía no haya hablado con Dossetti, cree que apelarán en contra de Tróccoli.
Cuando ya casi todos se habían ido, Moyano, su tío Dardo y otros pocos seguían en las afueras del Tribunal, entre el estacionamiento y la carretera. Ya la noche había caído en Roma, y ella clavó sus ojos negros en los de los presentes y contó su verdad y su lucha: «Me parece que la sentencia no muestra la realidad. Nadie puede decir que esto no existió. Yo nací en un centro clandestino, y decir que Tróccoli no es responsable porque no fue él directamente el que apretó el gatillo es absurdo. Me voy completamente indignada de que se fortalezca ese personaje. Uruguay tiene un problema importante por la vigencia de las leyes de impunidad. Esto no termina acá, vamos a seguir adelante mientras nuestros padres no tengan justicia y nuestros hermanos no recuperen su identidad. La indignación no se convierte en derrota. Me voy más fortalecida».