En junio de 2017 el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) denunció las «amenazas constantes» -incluso con la presencia de individuos armados- a la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, en el municipio de Intibucá, al oeste del país. Fundado en 1993, el COPINH se define como una organización indigenista, antiimperialista […]
En junio de 2017 el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) denunció las «amenazas constantes» -incluso con la presencia de individuos armados- a la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, en el municipio de Intibucá, al oeste del país. Fundado en 1993, el COPINH se define como una organización indigenista, antiimperialista y antipatriarcal. Las intimidaciones a miembros de la coordinadora se produjeron mientras éstos laboraban en las vegas del Achiotal y el Culatón, en el área donde la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA) pretendía implantar la hidroeléctrica Agua Zarca, con una capacidad de generación energética de 21,7 megavatios. Uno de los sujetos armados amenazó con asesinar a los hijos de Francisco Javier Sánchez, integrante del Consejo Indígena de Río Blanco y del COPINH. Sánchez ha participado en un acto público organizado por la ONG Perifèries en Valencia. Los días 24 y 25 de mayo de 2014 el líder Lenca también fue objeto de agresiones verbales, durante las detenciones policiales y torturas que siguieron al asesinato en Río Blanco de William Jacobo Rodríguez, activista contra el proyecto Agua Zarca.
Se cumplían entonces tres meses de la llegada al poder del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, y las organizaciones populares le responsabilizaban de las políticas represivas del Estado. En mayo de 2014 el COPINH informó de la muerte de otro de sus militantes, Irene Meza, a causa de los disparos de bala al finalizar una asamblea indígena en el municipio deSan Francisco de Opalaca (Intibucá); las comunidades señalaron como autores del crimen a empleados de la alcaldía, del Partido Nacional. Francisco Javier Sánchez también denunció amenazas en el verano de 2016, tras un viaje por Europa con Rosalina Domínguez, otra de las líderes del Consejo Indígena de Río Blanco; a las pocas semanas de la gira, cuatro encapuchados preguntaron por ellos a la medianoche en la comunidad de Río Blanco.
El motivo de la visita a Europa era denunciar la participación en el proyecto Agua Zarca -en calidad de prestamistas y financiadores- del Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (FinnFund). Otro cofinanciadorera el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), institución regida por los ministros de Economía de los 13 países miembro. Entre las empresas denunciadas también figura la alemana VoithHydro, participada por la multinacional Siemens, que operaba mediante contratos para el suministro de turbinas.
Es la historia de una larga lucha contra la hidroeléctrica. Se sucedieron las acciones por la defensa del territorio, como la manifestación de julio de 2014 en Tegucigalpa, en la que participaron 300 activistas del COPINH; o la de rechazo a la hidroeléctrica de DESA frente a la alcaldía de San Francisco de Ojuera, en noviembre de 2015. El 1 de abril de 2013 comunidades de los departamentos de Intibucá y Santa Bárbara tomaron la carretera de acceso al sector de Río Blanco, para impedir el acceso de las máquinas. Pidieron la retirada del proyecto Agua Zarca, por razones como el impacto sobre el río Gualcarque, sagrado para la población lenca; y subrayaron el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, ratificado por Honduras en 1995, que establece el deber de consulta en las decisiones que afecten (a las poblaciones) «mediante procedimientos apropiados» y «a través de sus instituciones representativas».
Durante la «toma», el COPINH pidió apoyo internacional y en el resto del país, ya que delegados de las empresas accedieron a la vía ocupada, acompañados por la policía, y amenazaron a miembros de las comunidades. «Había presencia y hostigamiento militar, policial, guardias privados y sicarios», informó la activista Berta Cáceres en una entrevista a la BBC. Según el consejo de organizaciones indígenas, los empleados de las sociedades mercantiles destruyeron cultivos tradicionales y cercaron las fuentes de agua.
¿De qué empresas se trataba? Constituida en mayo 2009, DESA es la sociedad titular y promotora de la hidroeléctrica Agua Zarca, prevista muy cerca de la comunidad de San Francisco de Ojuera (Santa Bárbara). El informe «Hechos y circunstancias alrededor del asesinato de Berta Cáceres», publicado en febrero de 2017 por las ONG Oxfam, Land Rights Now y Defensoras de la Madre Tierra, detalla que en junio de 2010 DESA nombró desarrollador/gerente al ingeniero y subteniente de Inteligencia Militar, Roberto David Castillo Mejía, quien anteriormente había ejercido como Coordinador de Control de Gestión en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
El Tribunal Superior de Cuentas investigó en 2009 al militar por cobrar un salario de las fuerzas armadas mientras laboraba en la ENEE; y por la venta al ejército -a través de su empresa y a precio sobrevalorado- de material de oficina. El pasado dos de marzo la Fiscalía ordenó la detención de Castillo Mejía, expresidente ejecutivo de DESA, por -según las investigaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal- ser la persona «encargada de proporcionar la logística y otros recursos a uno de los autores materiales del asesinato» de Berta Cáceres. En un comunicado que siguió a la detención, el COPIN denunció que Castillo es «sólo una pieza de la estructura criminal y asesina». En cuanto a las obras de Agua Zarca, corrieron a cargo de la multinacional china de ingeniería y construcción Sinohydro, que a finales de 2013 decidió su retirada del proyecto. Esta empresa desarrolla actualmente en Honduras las obras de la hidroeléctrica Patuca III, en el departamento de Olancho, que contará con una capacidad instalada de 104 megavatios.
A los doce días de resistencia popular y bloqueo de las carreteras en abril de 2013, siete patrullas policiales procedieron al desalojo de los comunitarios, a lo que siguió una «retoma» pacífica. Continuaba la lucha. Y la represión. Pasados tres meses, un suboficial del ejército de Honduras asesinó a Tomás García, integrante del Consejo Indígena y Auxiliar de la comunidad Lenca de Río Blanco y miembro del COPINH; dos años después fue condenado por el homicidio. El hijo del líder comunitario, Allan García, también resultó herido de bala. El historial de hostigamientos y ataques es extenso. En marzo de 2016 varios pistoleros asesinaron a otro dirigente del COPINH, Nelson García, tras un desalojo efectuado por la Policía Militar en el municipio de Río Lindo (Cortés). En octubre de 2016 fue tiroteada la camioneta en la que se desplazaba el coordinador general del COPINH, Tomás Gómez. Unos meses después, tres activistas de la organización comunitaria -entre ellos la hija de Berta Cáceres, Bertha Zúñiga- denunciaron dos ataques e intentos de asesinato.
El 6 de julio de 2017 dos de los bancos prestamistas del proyecto Agua Zarca -FMO y FinnFund- alcanzaron un acuerdo con Desarrollos Energéticos SA (DESA) por el que finalizaban su «relación contractual». Las dos sociedades dejaron de apoyar la construcción de la hidroeléctrica para -según afirmaron en un comunicado- «reducir las tensiones locales e internacionales en el área». Pese a la retirada, «FMO y FinnFund no consideran sus responsabilidades por la muerte y violaciones de derechos humanos resultado del proyecto», subrayaron portavoces del COPINH. También el 6 de julio DESA anunció que suspendía la ejecución de la infraestructura «durante el diálogo» con las comunidades, y «como gesto de buena voluntad». Por otra parte, en octubre de 2017 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró «inadmisible» el recurso de inconstitucionalidad -interpuesto por el COPINH- contra dos Decretos aprobados por el Congreso Nacional en 2011 que impulsaban la hidroeléctrica. La Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), que reúne a empresarios del sector, celebró la resolución judicial como señal de «estabilidad jurídica para favorecer el clima de inversiones».
La denuncia de ilegalidades en las concesiones salpica además a la clase política. El exviceministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) del Gobierno de Honduras, Darío Roberto Cardona Valle, fue detenido en octubre de 2016, ingresó en prisión preventiva y será juzgado por un presunto delito de Abuso de Autoridad; la acusación contra Cardona Valle obedece a una supuesta ampliación irregular, en 2013, de la licencia ambiental del proyecto Agua Zarca. La modificación implicaba un incremento en la capacidad de generación de la hidroeléctrica -de 14,4 a 21,7 megavatios- y el traslado de las obras de infraestructura, de Intibucá a San Francisco de Ojuera. Según la fiscalía, el procedimiento violó el Convenio 167 de la OIT, que obliga a una consulta libre, previa e informada a la población indígena afectada por los proyectos. Otro exviceministro de la SERNA, Jonathan Laínez, se enfrenta a un proceso penal por la concesión de la licencia ambiental en 2011 a la hidroeléctrica; asimismo, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural pidió -en noviembre de 2016- el enjuiciamiento del exalcalde de Intibucá, Martiniano Domínguez Meza, por una presunta concesión irregular de los permisos municipales.
Sin embargo, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que en julio de 2017 anunció una investigación sobre el caso Agua Zarca, afirma que irá más allá en las pesquisas. Esta delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) pretende aclarar las responsabilidades, entre otros, de Rigoberto Cuéllar, actualmente Fiscal Adjunto de la República y funcionario al frente de la SERNA cuando se otorgaron las licencias ambientales. Pero sobre todo indagar, en colaboración con la Fiscalía Especial de Etnias, acerca de posibles actos de corrupción, fraude y lavado de dinero en las concesiones y financiación de DESA.
La MACCIH advierte que la empresa titular de Agua Zarca firmó con la Administración los contratos para la generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica; y por otra parte de suministro de potencia y energía eléctrica, antes incluso de obtener la licencia ambiental en marzo de 2011. Asimismo, según el informe «Situación de los pueblos indígenas en Honduras» (julio de 2016) de la Relatora Especial de Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, en 2011 DESA empezó a comprar tierras en Río Blanco «supuestamente de propiedad privada y municipal para la construcción de la represa; sin embargo, las tierras eran parte del territorio ancestral de las comunidades lenca».
El COPINH convocó los días dos y tres de marzo de 2018 una jornada de lucha y resistencia en el país y a escala global (frente a las embajadas de Honduras) por la memoria de la líder ambientalista y opositora al proyecto Agua Zarca, Berta Isabel Cáceres, asesinada en la madrugada del dos de marzo de 2016 por al menos dos pistoleros en su domicilio de La Esperanza, en Intibucá; en la casa se hallaba también el activista mexicano Gustavo Castro Soto, que resultó herido de bala y es el único testigo de los hechos. La convocatoria denuncia que el Estado de Honduras capturó a los autores «materiales» e «intermedios» del crimen, pero no a aquellos sobre quienes recae la autoría intelectual: empresarios y funcionarios estatales. En el municipio de La Esperanza, donde hace más de dos décadas se fundó el COPIN, la organización comunitaria ha convocado entre el 22 y el 24 de marzo el Encuentro «25 años por la Vida y la Justicia».
Por la muerte de Berta Cáceres se encuentran en prisión preventiva y acusados de asesinato (o en grado de tentativa) el exgerente del área social y ambiental de DESA, Sergio Rodríguez Orellana; el exjefe de seguridad de DESA y teniente retirado, Douglas Bustillo; el exmayor de las Fuerzas Armadas e instructor de la Policía Militar del Orden Público, Mariano Díaz Chávez; los presuntos sicarios Elvin Rápalo, Emerson Duarte Meza y el oficial retirado Edilson Duarte Meza; el supuesto autor de los disparos contra Gustavo Castro, Óscar Torres Velásquez; y el exmilitar hondureño Henry Hernández Rodríguez. Además en noviembre de 2017 fueron detenidos un policía y un exagente policial, a quienes la Fiscalía acusa de presentar pruebas falsas «con el fin de desviar la atención en las investigaciones».
Pero con independencia de las imputaciones, el proceso está rodeado de circunstancias como el robo -en septiembre de 2016- del expediente con la investigación judicial del homicidio de Berta Cáceres, después que dos individuos asaltaran el automóvil de la magistrada de la Corte de Apelaciones donde se hallaba la documentación. En el segundo aniversario del asesinato de Berta Cáceres, organizaciones populares y la familia se concentraron en las puertas del Ministerio Público (fiscalía) en Tegucigalpa, donde reclamaron la captura y acusación de los autores intelectuales del crimen; el COPIMH denunció que el Ministerio Público trata de «ocultar por todos los medios la verdad en el caso». Los activistas también pidieron al Fiscal General un informe sobre los proyectos hidroeléctricos emplazados en los departamentos de Lempira, La Paz, Intibucá y Santa Bárbara.
En noviembre de 2017 vio la luz un informe -«Represa de violencia. El plan que asesinó a Berta Cáceres»- del Grupo Asesor de Expertos Internacionales (GAIPE), formado a instancias de la familia de la líder ambientalista y el COPINH. Para la elaboración del documento, los investigadores tuvieron acceso a información los registros telefónicos, extracciones de aparatos electrónicos y tarjetas SIM, pruebas en las que se basan las acusaciones de la fiscalía contra los ocho procesados. El grupo de expertos concluye que la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Honduras destinó protección a las instalaciones del proyecto Agua Zarca, «influida por las relaciones con socios y personal directivo de DESA». A partir del análisis de la información, los expertos agregan que el Gobierno «omitió proteger a Berta Cáceres, pese a que conocía el grave e inminente riesgo sobre su vida». Otra de las conclusiones es la participación de directivos, empleados y guardias privados de la empresa, así como de efectivos de las fuerzas de seguridad y otras «estructuras paralelas» en actos delictivos perpetrados antes, durante y con posterioridad al asesinato de Berta Cáceres.
El informe «Honduras. El lugar más peligroso para defender el planeta» de la ONG Global Witness destaca que entre 2009, año del golpe de estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya, y enero de 2017 fueron asesinados 123 activistas por la defensa del territorio en Honduras. En cuanto a la hidroeléctrica Agua Zarca y DESA, la investigación apunta algunos vínculos con altas instancias de poder. Por ejemplo, en la documentación de DESA figura como secretario Roberto Pacheco Reyes, quien fue ministro de Gobernación y Justicia en el Gobierno de Honduras; y como vicepresidente de la sociedad mercantil, Jacobo Nicolás Atala, presidente ejecutivo del banco BAC Credomatic Honduras y miembro de una de las grandes familias de la oligarquía, los Atala. Además, 18 defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, sindicalistas y periodistas beneficiarios de medidas cautelares fueron asesinados entre 2009 y 2016, según el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide a los estados la adopción de estas medidas en situaciones de riesgo para personas o colectivos. Una de las asesinadas fue Berta Isabel Cáceres.
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