El proyecto de ley propuesto por la bancada verdiblanca daría la potestad de otorgar las concesiones al Ministerio de Economía Industria y Comercio, entidad que carece de herramientas técnicas y científicas para evaluar las consecuencias de un proyecto de extracción de metales a cielo abierto. Dichas explotaciones podrían abarcar extensiones de hasta 20Km cuadrados por […]
El proyecto de ley propuesto por la bancada verdiblanca daría la potestad de otorgar las concesiones al Ministerio de Economía Industria y Comercio, entidad que carece de herramientas técnicas y científicas para evaluar las consecuencias de un proyecto de extracción de metales a cielo abierto. Dichas explotaciones podrían abarcar extensiones de hasta 20Km cuadrados por un plazo de veinticinco años y prorrogables por diez años más. Estas concesiones pueden abarcar reservas forestales y Territorios Indígenas.
La iniciativa dice prohibir la gran minería, pero en la práctica sigue estando abierta a megaproyectos. Lo cual expondría al país a explotaciones con magnitudes iguales o menores a los 150 mil toneladas mensuales. Categoría dentro del cual cabrían proyectos similares al impulsado por Infinito Gold en Crucitas de Cutris de San Carlos. Concesión cancelada en 2010 luego de que el Tribunal Contencioso Administrativo la declarara sin efecto por ser otorgada de manara irregular bajo la administración de Oscar Arias Sánchez.
La propuesta de la diputada María José Corrales reduce las posibilidades de objeción por parte del público en general. Cualquier persona que se oponga al otorgamiento de concesión tendrá solo quise días para presentar sus argumentos contra el proyecto minero ante la Dirección General de Geología y Minas(DGGM). Esta objeciones no serán vinculantes en el proceso de concesión.
Con esta nueva ley las mineras no estarían sujetas a inspecciones ambientales más allá de las realizadas por la DGGM. Además todos los informes de actividades que las empresas mineras brinden a esta entidad serán confidenciales y no se podrán evaluar por ninguna entidad pública además de DGGM.
Facilidades tributarias para las mineras. Las empresas mineras sólo tendrán que pagar un canon por explotación minera de tres salarios base por hectárea explotada anualmente; y por su parte el Estado cobrará sólo un 4% de las ganancias brutas de la minera, dicho impuesto sera depositado en la municipalidad correspondiente al lugar donde se explota el yacimiento.
Esta iniciativa pone al país nuevamente en riesgo de sufrir el embate del extractivismo, el cual destruiría bosques, fuentes de agua, pondría en riesgo la biodiversidad y la salud humana.