La actual crisis política del Perú en marcha es en realidad el colapso de todo el sistema político que ha llegado a un nivel de inescrupulosa decadencia explícita.
Esta crisis tiene su detonante en las recientes elecciones generales del 2021, elecciones que se han caracterizado por realizarse en medio de la crisis sanitaria global que ha afectado de una forma desmesurada al Perú, los escandalosos niveles de desigualdad, la informalidad que linda entre la penuria y el apremio, y el precarizado sistema de salud, han derivado en un resultado fatídico de más de doscientos mil personas fallecidas por COVID, sin contar los sucumbidos por la paralización del desprovisto sistema hospitalario. Esta calamidad puso en evidencia al deleznable modelo neoliberal que solo privilegia a unos pocos ignorando a las grandes mayorías. Esta sensación de vulnerabilidad se ha convertido en un sentimiento político no muy claro, pero sí muy presente.
En esta etapa trágica del COVID 19 se fraguaron dos actos políticos que expresan el hartazgo con este sistema imperante en el Perú, la movilización ciudadana de noviembre del 2020, y el resultado electoral del 2021. Ambos acontecimientos levantados en plena crisis sanitaria y emanados de esta toma de conciencia espontánea.
Desde que se divulgó extraoficialmente el resultado del escrutinio definitivo el 6 de junio de 2021, y se supo que la candidata hegemónica no era favorecida, la derecha y la oligarquía peruana han salido a impugnar este resultado, y se declaran en rebeldía ante este gobierno legal y legítimamente elegido, bajo las reglas del propio sistema electoral y político del Perú normado por la Constitución Política del Perú de 1993 (1).
Los medios de comunicación -órgano de avanzada de la oligarquía-, y la derecha política -órgano político de esta clase social-, han negado la legitimidad del Gobierno, y desde el inicio le han atacado incesante y ferozmente. Estos enfrentamientos han expuesto una crisis política, pero lo que la derecha y cierta izquierda desorientada pretenden aseverar, es que se trata de una crisis cuyos protagonistas y provocadores de esta son “individuos”, desencadenada por incompetencias personales o ineptitudes de grupos. Nada más lejos de la realidad.
Se trata de una crisis de todo el modelo, que no mostraba regularmente sus fisuras, fracturas y fallas estructurales, porque puntualmente arribaban al gobierno grupos afectos al neoliberalismo identificados racial y culturalmente con las preferencias de los dominantes, que invisibilizaban las contradicciones existentes en este “paradigma” en el que vivimos. Empero, cuando por fin arriba al gobierno una voluntad confrontada al modelo neoliberal, desnuda la esencia caótica y contradictoria de este ordenamiento jurídico, político y cultural.
Primero, debemos advertir que la estructura política del Perú actual está basada fundamentalmente en una nación, en una patria, en una ciudadanía, que somos todos, y que en la apariencia somos el soberano, somos el rey, somos la autoridad. Esta autoridad la delegamos cada cinco años a un Gobierno que se hace cargo de la administración del Estado.
El Gobierno es elegido cada 5 años, se vota por la parte más importante del Poder Ejecutivo y por las preferencias en el Poder Legislativo; cabe destacar que el soberano peruano no tiene forma alguna de elegir a los representantes del Poder Judicial. En el Perú tenemos una democracia presidencialista muy inconsistente, que en los últimos años ha tenido que disputar autoridad con el Legislativo. Este antagonismo no es -como algunos pretenden interpretarlo- circunstancial, o producto de ciertas circunstancias puntuales, no; esta incompatibilidad corresponde al propio ordenamiento desmesurando incongruencias constitucionales con el único afán de favorecer al poder privado. Esta confrontación ha entrado en una etapa irreconciliable producto del triunfo electoral para gobernar desde el Ejecutivo, en discordancia con la minoría de representantes que cuenta en el Congreso -Legislativo-, que exacerba la inadecuación estructural indicada.
Debemos entender con claridad meridiana que una cosa es el Gobierno y otra, el Estado. El Estado es el organismo que está regulado por la Constitución Política del Perú, dicho Estado dispone que luego de celebradas las elecciones cada 5 años, las personas que fueron elegidas por sufragio directo se deben hacer cargo del Gobierno, donde el Gobierno es el que ejerce la autoridad sobre el Estado para que éste, el Estado peruano, se ponga al servicio de toda la nación. Esa es la apariencia consensuada y sobreentendida por todos, y que basados en esta conformidad implícita concurrimos a los procesos electorales, que incluyen claro está, los procesos subnacionales.
El actual gobierno disidente del modelo neoliberal ha puesto en evidencia flagrante que existe una realidad absolutamente diferente. El Estado peruano no está conducido por el Gobierno, no, el Estado es un ente vivo, con orientación política, económica y cultural propias (que no debería ser). No admite que el Gobierno sea la autoridad real. Hacemos hincapié, cuando en los procesos electorales que hemos tenido en el país accedió al poder un grupo neoliberal o filo neoliberal con sus correspondientes mayorías parlamentarias en el legislativo, no era perceptible esta paradoja que acabamos de acusar. El Estado está muy por encima del Gobierno, y este, el Gobierno solo es un mero artilugio de decoración “democrática”.
Lo peor es que hemos llegado al punto en el que los medios de comunicación hegemónicos se consideran estar muy por encima del Estado, y por consiguiente son una autoridad infalible e inimputable, superior al Gobierno; no son solo un órgano fiscalizador y eminentemente comunicacional, más bien operan como los inspectores, los inquisidores, son la policía política neoliberal, los comisarios ideológicos.
Una vez señalada la primera contradicción, podemos desarrollar la segunda que tiene la misma importancia que la precedente.
El modelo peruano desde la Constitución del 93, ha pasado a derivar al mercado muchas de sus responsabilidades, como son salud, educación, transporte, seguridad pública, medioambiente, entre otras; e indudablemente el Estado se desentiende casi por completo de liderar la economía del país con políticas públicas claras orientadas al desarrollo y no solo al crecimiento.
Esto ha generado que el mercado haya crecido incontrolable y monstruosamente, caos que se expresa en la ausencia casi total de algunos bienes y servicios de necesidad vital, y la sobreabundancia de otros que pueden muy bien ser absolutamente prescindibles. A pesar de esto, el Estado se encuentra impedido de participar en la solución de estos problemas por la propia Constitución que reconoce el principio de subsidiariedad del Estado, que no es sino garantizar a los privados frente al propio Estado. Del mismo modo, el Estado se ha sometido a lo más rancio del neoliberalismo, con esta supuesta autorregulación del mercado, que sostiene que sea el propio mercado el que ordene las iniciativas empresariales privadas (el sacrosanto mercado neoliberal), al mismo tiempo que limita o niega absolutamente algún tipo de intervención del Estado.
La privatización de la educación que se ha desencadenado a partir de la “Ley de promoción de la inversión en educación” (2) no se ha desarrollado ordenada y en coherencia a las necesidades y los retos del Perú al futuro y al mundo en constante cambio, su crecimiento aberrante transgrede cualquier expectativa de coadyuvar a la modernización de la educación que la ha llevado a un desgobierno y total desventura; esto ha motivado al Estado a intervenir en el rubro de la educación superior creando una superintendencia, un parche a este modelo neoliberal; no se pone en cuestionamiento la “privatización”, sino solo se avala el remiendo. Otra de las contradicciones más visibles es la privatización de la salud, que como hay intereses mayores, ni en postpandemia comparece algún conato de crear un organismo como una superintendencia que controle y vigile el funcionamiento de las clínicas privadas o de las farmacias monopolizadas. El servicio del transporte público (privatizado totalmente) también es otra perla del neoliberalismo, que ha engendrado anarquía y sangre, no obstante, pretenden administrar esta actividad con prohibiciones y restricciones accidentadas (literalmente), una vez más la disciplina de lo políticamente correcto de los zurcidos y recosidos. El medio ambiente se encuentra abandonado a su suerte: la lista de las vallas regulatorias en el país más rico en megabiodiversidad es plausible de exhibirla en un museo de Lilliput.
Todo esto y más ha originado que el Perú se haya convertido en un país tremendamente corrupto, donde la seguridad pública está en cuidados intensivos, hasta los delincuentes pretenden instaurar algún tipo de orden, porque asumen que el principio de subsidiariedad también alcanza sus actividades delictivas (3). Hemos llegado al límite de lo posible, el neoliberalismo que está instaurado como avieso precepto en la Constitución del 93, ha fracasado ostensiblemente.
Tercera contradicción
Si bien es cierto que el desempeño del Estado en la pandemia ha tenido cierta aprobación, esta anuencia se ha alcanzado en el reino de un imaginario que se conforma con lo que hay, la repercusión de este manejo es frustrante, somos el primer país en el mundo con más muertos por millón de habitantes, este índice global permitió sensibilizar a un buen sector de la población y la toma de conciencia espontánea de otro segmento que carece de elementos de juicio oportunos para comprender lo sucedido, pero ya estamos asistiendo a un momento de mayor intercambio de inconformidades de orden emotivo y aún poco reflexivo. La nación, que somos todos, está empezando a entender mejor cómo funciona el aparato que impera.
Mientras la sociedad en su conjunto, sobre todo aquella no privilegiada, lidiaba por subsistir en plena pandemia, en el Gobierno el legislativo se enfrentaba al ejecutivo cada vez con mayor rabia contenida que devenía de un resultado adverso para la mayoría parlamentaria, lo mismo que para el ejecutivo vencedor el año 2016. Esta rivalidad beligerante del legislativo llevó a deponer al presidente en funciones a través de una figura contemplada en la Constitución del 93 y al no haber línea de sucesión presidencial, esta responsabilidad recayó en el presidente del Congreso de la República Manuel Merino. Este acto fue percibido por el movimiento popular y la ciudadanía consciente como un acto ilegal e ilegítimo, ocasionado una protesta multitudinaria en calles y plazas de todo el país, en este momento irrumpió una consigna movilizadora: cambio de la Constitución. Esta indignación de las calles expresó una forma primigenia de la conciencia colectiva alcanzada hasta este momento, que intuitivamente demandaba cambios más estructurales, y el nivel de politización le permitió a esta agitación voluntaria identificar y empezar a usar la noción de “derecha” para señalar al grupo que conspiró contra el “orden democrático”.
Las elecciones del 2021, ha contenido dos momentos muy concretos, uno que obedeció a la campaña previa al escrutinio del 11 de abril, y el otro momento aciago, desde este instante hasta las votaciones de segunda vuelta, el 6 de junio. La campaña electoral de primera vuelta se caracterizó principalmente por el protagonismo siempre exorbitante de los medios de comunicación, pero en contraparte las redes sociales manifestaban una dinámica distinta a la planteada por estos medios hegemónicos, más allá de candidatos e individuos, la agenda que predominó fue poner en evidencia de un lado y del otro este enfrentamiento de los que quieren cambios y los que quieren la “estabilidad”. Esto llevó a los votantes a favorecer en una gran parte a los candidatos que ofrecían “estabilidad”, aunque esta sea administrada por grupos y personas de dudoso equilibrio político. En el otro lado de la orilla, los que prometían cambios develaron con más claridad su propuesta que aterrizó otra vez en el cambio constitucional.
El resultado electoral que dictaminó el 11 de abril obedeció a circunstancias propias que los actores que estaban en competencia habían orientado. No fue una victoria aplastante de ninguna de las fuerzas, ni las de izquierda que con un grupo lograron encabezar el sufragio, ni las de derecha que obtuvieron una mayoría muy visible en el congreso.
El segundo momento aciago partió en ese mismo lapso, todas las herramientas de la oligarquía conjuraron, su maquinaria política-comunicacional se echó a andar, incriminando sin parpadear a quien proponga cambios o estuviera a favor del grupo de izquierda, de infringir en transgresiones graves, todo esto bajo un manto impune de una campaña inmisericorde de terror, conocida en el Perú como terruqueo.
Pero nada detuvo al movimiento popular que cobró una vitalidad inusitada, todas las fuerzas de izquierda, las fuerzas progresistas, de centro izquierda, concurrieron a la batalla y se movilizaron. La consigna se hizo cada vez más y más nítida: el cambio de la Constitución del 93 era ineludible; este fue el agente catalizador más poderoso con el que contaron las diversas organizaciones populares como agente galvanizador de imaginarios, de propaganda y persuasión política.
En la situación poselectoral también se han destacado dos periodos claramente determinados, el primero previo a la proclamación de los resultados, y el segundo incluye la asunción de mando, los primeros días de gobierno y, la actualidad. El primer lapso ha incrementado el sentido de cambio especificado en la innovación constitucional, y la movilización social se ha intensificado vivamente.
La segunda fase, ha tenido básicamente dos declinaciones y un ascenso real. Los dos declives son: la expectativa a favor del gobierno de turno, y el cambio constitucional; ambas opciones jamás dejaron de ser agredidas y hostigadas indefectiblemente, la arremetida de la derecha, los medios de comunicación y los portavoces de la oligarquía se han encargado imperturbablemente de condenar y estigmatizar cualquier cambio que se pretenda hacer a la sagrada e inviolable Constitución de 1993. La cantaleta emponzoñada de los medios de comunicación hegemónicos que cuotidianamente nos hacen concebir que la renovación de la Constitución no cambiaría nada, “porque las personas son las que tienen que cambiar, y debemos elegir mejor, que son las personas las únicas responsables de la debacle de este orden social”, esta virulenta narrativa va acompañada de un mensaje nocivo e intimidante: la crisis que vivimos hoy es engendrada por estos revoltosos, debemos volver a la estabilidad de antes dónde podremos retornar a la “normalidad”. La eficacia de esta campaña mediática ha ocasionado este doble desprestigio, el de la expectativa que se tenía por el gobierno, y la posibilidad de imaginar una nueva Constitución Política.
En contrapartida tenemos un auge que no es poca cosa para los que suscribimos la necesaria transformación de nuestro país, el nivel de conciencia de lo que está pasando en el ámbito político así como el interés en conocer y profundizar los temas de Estado, son cada vez más sentidas como necesidades esenciales en el movimiento popular y en la sociedad en general; sin embargo este paso adelante se condice con la ausencia de una orientación política adecuada, no hay liderazgos visibles ni en la izquierda ni en el movimiento popular, y hasta parece que no existiese una comprensión cabal de los momentos, de los procesos, y claro está, de hacia dónde van las vacilaciones, descontentos y convicciones del pueblo peruano.
Por tanto, sostenemos que es de vital importancia iniciar un amplio debate sobre la crisis, señalando que no se trata de un dilema de personas, ni de un trance fortuito del modelo neoliberal, se trata del colapso del ordenamiento jurídico y político neoliberal donde el mercado ha depuesto al Estado, al poder público; esta condición está llegando a un punto muerto, donde la transformación está revelando ser de necesidad ineluctable.
Este amplio debate debe iniciar entre los intelectuales, la dirigencia, e ir llevando la polémica a las plazas públicas, a los grupos organizados, a los sindicatos, a los gremios, a toda organización popular. El movimiento popular, es aquel representado por sus organizaciones, por sus intelectuales, por sus dirigentes, es importante empezar ya una campaña de toma de conciencia sobre esta crisis, porque creemos que lo que sobrevendrá podría ser una oportunidad para poder tomar las riendas del proceso peruano, y para ello debemos tener no solo la claridad ideológica, sino también la programática, es decir tener un programa que incluya el cambio del Estado vía el cambio constitucional, y el arribo del pueblo organizado al manejo del poder, esto requiere como ya lo hemos visto, tener claridad en los cuadros dirigenciales de la tarea que nos queda por realizar:
Construir un nuevo Estado Pluricultural que represente la pluralidad del Perú de todas las sangres, con bienes y servicios públicos descentralizados acorde con los tiempos y las necesidades contemporáneas.
Establecer un nuevo Gobierno que se plantee como tarea principal liderar el desarrollo nacional para estar a la altura de los retos globales que no nos esperarán.
Instituir una nación movilizada y consciente de sus derechos, deberes y de la tarea histórica que tenemos en este momento, reconociendo en la potencia creadora de la cultura andino-amazónica que es capaz de convivir en fraternidad con otras afirmaciones culturales, como la base de esta nación pluricultural.
Fundar una patria con soberanía territorial en el respeto irrestricto a los derechos de la madre tierra, practicando una relación armónica con la ecología y el medio ambiente.
Forjar un mercado interno regulado, y protegido, impulsando iniciativas desde los sectores productivos, las asociaciones, los pequeños y medianos empresarios, y la gran empresa nacional.
Establecer una nueva Constitución basada en principios jurídicos, políticos, sociales, filosóficos y económicos que devienen de las anteriores premisas establecidas, para constituir un nuevo orden jurídico nacional que se corresponda con estos principios ya señalados.
Notas
(1) Plataforma digital única del Estado Peruano. Presidencia de la República del Perú. Constitución Política del Perú. Archivo 17 de septiembre de 2018. https://www.gob.pe/institucion/presidencia/informes-publicaciones/196158-constitucion-politica-del-peru
(2) Decreto Legislativo N° 882. Ley de Promoción de la inversión en la Educación. Norma dictada en plena dictadura de Alberto Fujimori el 8 de noviembre de 1996, publicada un día después en el Peruano. Diario oficial El Peruano. Normas Legales, páginas 144157-144160. Lima, sábado 9 de noviembre de 1996.
(3) Nos referimos a la declaración que diera a través de un video difundido en las redes sociales de una banda criminal colombiana enfrentada al crimen organizado de venezolanos residentes en la ciudad peruana de Arequipa. “Si la Policía de su país no cumple con la función de defenderlos, lo haremos nosotros…» La República. 06 de febrero de 2022. Sociedad. Arequipa: bandas se declaran la “guerra” mediante videos. https://larepublica.pe/sociedad/2022/02/06/arequipa-bandas-se-declaran-la-guerra-mediante-videos-lrsd/
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