No resulta nada fácil entender lo que sucede en estos días que corren en la República Dominicana, cuya crisis política se ha agudizado tras la suspensión de los comicios municipales del pasado 16 de febrero.
La inconsulta decisión de la Junta Central Electoral (JCE), desató, más que una protesta, desembocadura de ríos bravíos de pasión, donde la sociedad dominicana, sobre todo mujeres y jóvenes, han proclamado indignados la necesidad de lograr cambios tangibles en el país; y la Plaza de la Bandera, en esta capital, devino escenario de manifestaciones y cacerolazos, mantenidos desde entonces en las casas y las calles.
La rendición de cuentas del presidente de la República Danilo Medina, el 27 de febrero ante la Asamblea Nacional, en el último discurso de su mandato, enmarcado en la fecha que selló el Día de la Independencia Nacional, estuvo acompañado simultáneamente de una gigantesca marcha en la Plaza de las Banderas, frente a la sede de la Junta Central Electoral, sitio que ha cambiado para siempre su entorno, como han dicho tantos sin equivocarse, para denominarse ahora el Altar de la Patria.
Y si bien el presidente Medina destacó, sobre todo, el pujante ascenso de la economía dominicana, basado en el porcentaje alcanzado en el PIB y otros logros que denominó «el milagro dominicano», nadie quedó satisfecho, en la medida en que su alusión a lo ocurrido con la anulación de las elecciones primarias se sintetizó en un llamado a los actores políticos a actuar con «responsabilidad» y con la debida «prudencia» ante la situación actual y a situar los intereses del país por encima de los partidarios; a la vez que subrayó su decisión a que se investigue todo lo concerniente a este problema que marcó, sin duda alguna, un fallo constitucional en la República Dominicana.
Preocupa derechos de las mujeres
La Alianza Cristiana Dominicana (ACD), que agrupa a personas de diferentes tendencias religiosas, hizo saber a la prensa nacional su preocupación por las consecuencias de la crisis político electoral que vive el país tras la suspensión de los comicios del pasado 16 de febrero, en el sentido de que no se ha podido avanzar en la agenda que se adeuda con la vida, la salud y los derechos de las mujeres.
Recordaron que siguen pendientes de aprobación el Proyecto de Ley Orgánica para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer y el Código Penal que despenalice la interrupción del embarazo en las tres causales (cuando la vida de la mujer peligra, cuando el embarazo es producto de violación por un familiar o un particular o dada la inviabilidad del feto).
«Las violaciones e incestos ocurren bajo condiciones deshumanizantes para la mujer y, por tanto, son contrarias al propósito de Dios de que todas las personas tengan vida, y vida en abundancia como recoge el evangelio de San Juan en su capítulo 10. Sin dudas, las mujeres están incluidas en esa aspiración de Jesús de Nazaret», subrayaron.
La entidad también valoró el detrimento provocado por la suspensión de las votaciones: «Se les vulneró en el derecho a elegir a 3 millones 828 mil 786 mujeres que representan el 51% del padrón, y además el derecho a ser elegidas a las 7,899 mujeres, cantidad de candidatas que aspiraban a las elecciones municipales, según datos de la Junta Central Electoral (JCE), y que asumieron el reto de la participación política electoral», concluyeron.
Movimientos sociales convocan al diálogo
El miércoles 4 de marzo, el Consejo Económico y Social (CES), presidido por monseñor Agripino Núñez Collado, intentó realizar una reunión que convocaba al diálogo; pero, las manifestaciones de mujeres, hombres y jóvenes en su mayoría, en las afueras de la Pontificia Universidad Madre y Maestra, sede del CES, en la capital dominicana, hicieron que se suspendiera esta primera convocatoria, que busca una salida al conflicto.
Entre cacerolazos y altavoces se escuchó la consigna de: «Esos grupos que se reúnen en aposentos oscuros no nos representan».
Monseñor Agripino Núñez, caracterizado por su espíritu conciliador en diferentes coyunturas políticas del país, dijo que se pospondría la cita: «Hay muchas personas o sectores interesados en participar en la reunión y se ha pensado que lo mejor es la suspensión para que el CES junto a los partidos mayoritarios determinen a cuáles de los sectores que quieren participar debemos invitar», expresó.
«Lamentamos que se haya decidido proceder con el diálogo en una instancia que no tiene competencia constitucional ni legitimidad para convocar un encuentro de naturaleza política que procura resolver una crisis electoral e institucional», escribió en su cuenta de Twitter el expresidente Leonel Fernández, ahora candidato presidencial por el partido Fuerza del Pueblo.
Los movimientos sociales: Somos Pueblo, Creo en ti RD, Santiago Protesta y ‘Revoltiao’ llamaron a un diálogo moderado en busca de una salida a la crisis y propusieron como moderadores a miembros de la sociedad civil «con alta solvencia moral y con vasto conocimiento del clima sociopolítico y las exigencias de la ciudadanía». Añadieron que se sentían «indignados por los intentos de reunión a puertas cerradas del CES, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), y los partidos mayoritarios. Hacemos un llamado público a un verdadero diálogo nacional político ciudadano para solucionar la crisis electoral», indicaron.
Este viernes 6 de marzo, el Consejo Económico Social retomó el diálogo, con representantes de los partidos políticos, sector empresarial, gremios y una representación de los jóvenes (como observadores) que han protestado frente a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y en la Plaza de la Bandera.
Prolongación de crisis perjudica al país
«Si no salimos de esta crisis electoral, el gran perjudicado va a ser el país, va ser la República Dominicana, consideró el expresidente de la Junta Central Electoral y de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien entiende que los sectores de la sociedad, al margen de las instituciones políticas, que ejercen influencia en la población, deben aportar para resolver la crisis. «No veo aportes de importancia a la solución, y a nadie le conviene que esta crisis se prolongue», sentenció, aunque celebró la actitud de los más jóvenes.
Y mientras se esperan los resultados de una investigación completa, que permita determinar las causas de la suspensión de las elecciones, el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (CONACERD), informó que esta situación ha provocado una baja de un 25 por ciento en las ventas de las Mipymes, (o lo que es igual, micro, pequeña y mediana empresa) equivalente a 500 millones de pesos.
CONACERD, organización que representa el sector de las Mipymes en todo el país, pidió a la Junta Central Electoral señalar a los responsables del supuesto sabotaje: «La JCE está en el deber de limpiar nuestra imagen nacional e internacional por la suspensión de los comicios municipales en febrero, manejar con mucha cautela y con cabeza bien fría el informe que rendirá al pueblo dominicano, a los partidos políticos y a los organismos internacionales, los cuales han tenido que venir a mediar ante la gravedad de los hechos ocurridos, sin que hasta ahora se tenga identificados a los culpables».
De manera que oposición y oficialismo y pueblo en general, siguen a la espera de que las investigaciones digan cuáles fueron las causas reales del colapso del sistema automatizado, que por primera vez se utilizaba en el país, y que foráneos como la Organización de Estados Americanos (OEA) aceptadas sus intromisiones en el tema por la JCE y el Gobierno dominicano, den su punto de vista acerca de la interrupción de los sufragios.
En las primeras planas de las multitudinarias concentraciones, los rostros femeninos sobresalen junto a jóvenes que exigen transparencia en las elecciones convocadas ahora para el 15 de marzo, las palabras de Danilo Medina dejan el sabor extraño de que todo marcha bien en el país. Seguirán sonando las cucharas y bocinazos hasta que se reciban respuestas puntuales de qué pasó y qué pasará próximamente.