El juez penal Juan Carlos Fernández Lecchini procesó con prisión a cuatro personas detenidas tras los hechos de violencia que tuvieron lugar el viernes en la Ciudad Vieja de Montevideo. Lo que había comenzado como una pacífica manifestación en repudio a la presencia del presidente Bush en la cumbre de Mar del Plata, derivó en […]
El juez penal Juan Carlos Fernández Lecchini procesó con prisión a cuatro personas detenidas tras los hechos de violencia que tuvieron lugar el viernes en la Ciudad Vieja de Montevideo. Lo que había comenzado como una pacífica manifestación en repudio a la presencia del presidente Bush en la cumbre de Mar del Plata, derivó en un caos que incluyó ataques con piedras, palos, y bombas de pintura y alquitrán contra tres sucursales bancarias, la sede de la Bolsa de Valores de Montevideo, juzgados y otras dependencias públicas, además de destrozos contra una veintena de automóviles.
A pesar de que ahora se dice que los servicios de inteligencia habían advertido con antelación que se estaba preparando una acción de estas características, las fuerzas policiales sólo llegaron a la zona luego de consumados los hechos; y desataron una represión que fue calificada como «enérgica» por el ministro del Interior, José Díaz; y como «feroz» por sus víctimas. Las fuentes policiales del diario «Ultimas Noticias», consultadas por la supuesta demora en intervenir una vez iniciados los incidentes, explicaron que no intervinieron antes «para evitar que hubiera muertes (¿muertes?), más heridos y más detenciones de las que hubo». En la mañana de hoy, el jefe de Policía de Montevideo, Ricardo Bernal reunió a los funcionarios que participaron del operativo y los felicitó por su actuación…
José Díaz dijo que el Ministerio del Interior está «firme», y advirtió que «los que me quieran vender como un hombre débil van a hacer un mal negocio. Yo no soy prepotente pero sí tengo personalidad fuerte, lo conocen mis amigos y mis adversarios. Pero también soy hombre de diálogo, confío más en la negociación que en la represión, confío más en la prevención que en la intervención», aseguró. Por su parte, el abogado defensor de los cuatro procesados, Gustavo Salles, afirmó que «Inteligencia Policial, una hora antes de los hechos de violencia, estaba filmando cómo personas tomaban trozos de piedra. Yo pregunto: ¿estuvieron una hora para ‘reaccionar preventivamente’?»
Salles aseguró que (salvo los testimonios policiales) no existen pruebas contra sus defendidos, y señaló que quienes estuvieron involucrados en los hechos de violencia fueron unos diez encapuchados. «A las 15 horas 26 minutos 59 segundos la policía estaba filmando como individuos encapuchados con mochilas tomaban trozos de piedra y empezaban a munirse de esos elementos contundentes, y el acto violento empieza aproximadamente una hora después, en el Juzgado de Misiones y 25 de Mayo», explicó Salles, y añadió: «Repudiamos los hechos de violencia pero no existen elementos de prueba para endilgarle eso a estas personas detenidas».
Pero lo más grave de todo esto no fueron los destrozos o la represión, sino el delito que les fue tipificado a los cuatro detenidos. En efecto, al igual que sucedía en los tiempos del «Estado de Guerra Interno» y de la Dictadura, el juez Fernández Lecchini no procesó a estos ciudadanos ni por destrozos, ni por atentado (tal cual lo había solicitado la fiscal actuante, Elsa Machado), sino por «sedición»… El magistrado les aplicó el artículo 143 del Código Penal, que establece que este delito alcanza a quienes «sin desconocer al gobierno constituido, se alzan pública y tumultuosamente para conseguir, por fuerza o violencia, sus objetivos».
Fernández Lecchini citó expresamente los incisos 4to. y 5to. de ese artículo, que penan a los que ejercen «actos de odio o venganza en la persona o los bienes de alguna autoridad o de sus agentes» y ejercen «con un objeto político o social, algún acto de odio o de venganza contra los particulares o cualquier clase del Estado, o contra sus bienes». La pena para quienes cometen el delito de «sedición» es de dos a seis años de penitenciaría, y no es excarcelable.
Para tipificar de «sediciosos» a los detenidos, el magistrado se basó también en los textos de los carteles y pintadas que realizaron los manifestantes, donde aparecían frases como «muerte al capital», «muerte al Estado» y «fuego al capital». Asimismo, Fernández Lecchini también indicó que los procesados incurrieron en «obstar a que las autoridades ejerzan libremente sus funciones» (numeral 3°), al querer «influir» en la decisión del presidente de la República, Tabaré Vázquez, de firmar el tratado de inversiones con Estados Unidos, un enfoque tan tendencioso como ridículo, puesto que dicho tratado ya había sido firmado al momento de producirse la manifestación, y nadie en su sano juicio puede pensar ni por un momento que los manifestantes se propusieran «influir» en la decisión del presidente Vázquez de firmar dicho tratado, por el contrario: en todo caso estaban protestando contra esa firma.
El abogado Gustavo Salles entiende que el magistrado enjuició la «concepción ideológica» de los indagados y evadió el terreno propiamente jurídico. Es verdad, y como quien no quiere la cosa (más allá de su culpabilidad o su inocencia en los daños infligidos a la propiedad privada), al juzgarlos por sus ideas y no por sus acciones, el juez Fernández Lecchini, transformó a estos cuatro detenidos en presos políticos. Enfocando las cosas desde ese punto de vista, lo único que se logrará será exacerbar los ánimos, generar rencores, y provocar más violencia. ¿Donde estuvo el «diálogo», la «negociación» y la «prevención» de las que habla el ministro Díaz? Éste no es el país que queríamos cuando el 31 de octubre del año pasado la mitad más uno de los uruguayos votamos lo que votamos.