Un decreto publicado este sábado en el diario oficial El Peruano detalló que el estado de emergencia suspende los derechos constitucionales referidos a la libertad de reunión y tránsito e inviolabilidad de domicilio. Esto, fue rechazado por los indígenas, que lo consideraron, según precisó a teleSUR el dirigente Alberto Pizango, como una »clara provocación y una alta agresión por parte de las empresas transnacionales que obedece el Gobierno peruano».
Los pueblos indígenas peruanos se han mantenido firmes en sus protestas desde el pasado 9 de abril. (Foto: Efe)
El presidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, ofreció declaraciones a teleSUR. (Foto: TeleSUR)
El Gobierno de Perú proclamó este sábado el estado de excepción durante 60 días en varios departamentos del país, a raíz de las intensas protestas que lideran los grupos indígenas de esas regiones desde el pasado 9 de abril.
Un decreto publicado este sábado en el diario oficial El Peruano detalló que la decisión suspende los derechos constitucionales referidos a la libertad de reunión y tránsito e inviolabilidad de domicilio.
La medida fue aplicada en los estados selváticos norteños de Loreto y Amazonas, y los centrales Ucayali y Cuzco.
Frente a la medida, el presidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, declaró en entrevista exclusiva a teleSUR, que la medida asumida por el gobierno no es más que «una clara provocación y una alta agresión por parte de las empresas transnacionales que obedece el Gobierno peruano».
«Con ello, está matando a los pueblos legítimamente que reclaman sus derechos. Aquí ya se vive un clima de que ésta es la respuesta que tienen los pueblos antes que la solución a sus problemas, siendo la agresión y la muerte», consideró el líder indígena, al tiempo que añadió que esta es la manera como los han venido tratando, de manera incivilizada, por más de 150 años.
Según el gobierno, la medida busca restablecer el orden público ante las manifestaciones que demandan la anulación de una serie de decretos y leyes que según los nativos apuntan a privatizar la región selvática.
Además, detallan que las protestas han puesto en riesgo la producción, transporte y distribución de gas natural e hidrocarburos en el país.
En la medida han sido comprendidos los distritos de Echarate y Kimbiri, en la provincia de La Convención, en el Cuzco; Sepahua, en la provincia de Atalaya, en Ucayali; Napo, en la provincia de Maynas, en Loreto; Andoas, Pastaza, Morona y Manseriche, en la provincia de Datem del Marañon, Loreto, e Imaza, en la provincia de Bagua, Amazonas.
El estado de Emergencia, que coincide con el plazo dado por Aidesep para que el primer ministro peruano, Yehude Simon, instalara una mesa de diálogo con las organizaciones abígenes, tiene por objetivo «la ejecución de acciones inmediatas destinadas a la reducción y eliminación de los riesgos existentes», explicó el decreto.
La solicitud de la etnia fue apoyada el pasado viernes por un grupo de obispos de la Amazonía peruana, cuando nueve prelados precisaron que las polémicas normas «no aportan al desarrollo integral de la población amazónica» y que «por el contrario, surgen serias amenazas de mayor pobreza en la región».
Así, los religiosos solicitaron al Gobierno y al Congreso peruano que dialoguen y busquen soluciones justas y pacíficas en favor de un desarrollo integral de la región, así como «la derogatoria de dichos dispositivos legales y contribuyan a la formulación de nuevas normas con la participación de las poblaciones amazónicas».
En la protesta se pide la derogación de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Recursos Hídricos, que se considera que vulnera los derechos a la propiedad y el control de los recursos naturales de los indígenas.
Tal como explicó Alberto Pizango, los cuerpos indígenas rechazan el paquete de leyes porque no fueron consultados tal como lo establece el convenio 169 «que estipula en su artículo 6 de que cualesquiera actividades o medidas legislativas que se tengan que dar para el territorio o pueblos indígenas, tienen que ser consultados a saber de sus organizaciones representativas», explicó.
«El gobierno, lejos de consultar a los pueblos indigenas, ha sacado todo un paquete de ley de 104 decretos legislativos, que atentan contra el país. De esos 104 decretos, 11 han sido muy lesivos para la Amazonía (…) y a partir del día 9 de agosto (2008), el levantamiento de los pueblos ha derogado 2 decretos legislativos, quedando otros 9 para que se conformara una comisión multipartidaria para que llegue a evaluar y dar una solución de derogatoria», continuó Pizango.
No obstante, «a pesar que esa comisión multipartidaria habría dado su informe el 13 de septiembre del 2008, desde esa fecha hasta la actualidad los pueblos esperaron»
«Y como no había ninguna respuesta, ni voluntad política por parte del Congreso de la República, los pueblos decidieron movilizarse (desde el pasado 9 de abril) para exigir que estos 9 decretos legislativos sean derogados y de esta manera, solucionar los grandes problemas», concluyó el líder indígena.
Ya el pasado viernes el primer ministro peruano, Yehude Simon, advirtió a los indígenas sobre la medida de emergencia que este sábado se materializó.