Una expansión extraordinaria de la producción, que se prolongó por diez años y fue la base de la hegemonía progresista, llegó a su fin, en Uruguay, revelando simultáneamente los límites del crecimiento económico y un horizonte de antagonismos políticos. En este artículo analizamos las políticas del Frente Amplio en relación con la acción de los […]
Una expansión extraordinaria de la producción, que se prolongó por diez años y fue la base de la hegemonía progresista, llegó a su fin, en Uruguay, revelando simultáneamente los límites del crecimiento económico y un horizonte de antagonismos políticos. En este artículo analizamos las políticas del Frente Amplio en relación con la acción de los trabajadores. Siguiendo ese hilo a través de los gobiernos progresistas, se pondrán de manifiesto no sólo las tensiones que encierran, sino también el movimiento que las supera y lleva más allá del actual estado de cosas.
Como se recordará, la izquierda uruguaya llegó al gobierno, el año 2005, en un panorama dominado por los efectos de la crisis de principios de siglo. La producción crecía aceleradamente impulsada por las exportaciones, el desempleo era alto, los salarios muy bajos y los aumentos fáciles de asimilar para las empresas. En esas circunstancias, el Frente Amplio buscó la adhesión de los trabajadores con la promesa de una participación en los beneficios del crecimiento.
La política económica del gobierno progresista consiste en mantener el crecimiento de los salarios por debajo del incremento de la producción, de tal modo que vaya acompañado, al mismo tiempo, por un aumento de la ganancia de las empresas y no afecte a los precios. Su instrumento son los Consejos de Salarios. El gobierno fija primero el monto del ajuste salarial y luego negocia con los sindicatos y los patrones una implementación de esa pauta por ramas de actividad que asegure la paz laboral.
Sin embargo, los trabajadores aprovecharon el crecimiento económico y usaron las mediaciones institucionales para emprender una ofensiva por mejores condiciones de vida. Aumentaron los conflictos, extendieron los sindicatos y llevaron los salarios más allá de los límites de la política económica. La descalificación habitual de esos conflictos como «corporativos» viene a revelar, precisamente, que se trata de acciones que deshacen los mecanismos de incorporación política y recomponen la autonomía de los trabajadores.
Un segundo gobierno progresista, presidido por José Mujica, asumió el año 2010 en circunstancias distintas de las que la izquierda había encontrado cinco años atrás. El continuo dinamismo de la producción absorbió el desempleo, la demanda de trabajo favorece a la suba de los salarios y el gobierno ya no contiene la acción de los trabajadores.
El Frente Amplio respondió a esa recomposición de clase amenazante con un giro de la política económica. Por un lado, abandonó el compromiso con la mejora de los salarios y se limitó a asegurar exclusivamente el mantenimiento del poder de compra. Por otro lado, condicionó los aumentos al incremento de la productividad del trabajo. De esa manera, los salarios sólo suben si también lo hace la ganancia y no afectan a los precios.
No obstante, los salarios no siguieron los lineamientos del gobierno. Un ciclo de conflictos invirtió la relación de fuerzas. Los sindicatos descartaron la subordinación a la productividad y establecieron aumentos fijos. No son los salarios que se flexibilizan para adecuarse a la ganancia, sino ésta que queda condicionada por las necesidades de los trabajadores. El salario se convirtió en «un componente exógeno» -dice el Banco Central-, que condiciona a la política económica, y las empresas empezaron a expresar preocupación por los costos.
Quedaron plenamente de manifiesto, entonces, los límites del crecimiento de la economía uruguaya. Luego de una década de expansión acelerada y con virtual pleno empleo, la mitad de los trabajadores no gana lo suficiente para cubrir las necesidades básicas cuando ya la ganancia se ve amenazada por los salarios.
Si la relación entre las clases reveló todo lo que el solo crecimiento económico podía ofrecer, la disminución de la demanda externa vino a conspirar incluso contra la conservación de la situación. El ritmo de la producción decae, las empresas defienden el margen de ganancia con subas de precios y la política monetaria no logra alinear la inflación con la meta del gobierno.
El año 2015, Tabaré Vázquez volvió a la presidencia de la República en una situación que es el reverso de la de su primer mandato. El Frente Amplio modificó una vez más la política económica con el propósito de recuperar el control sobre los salarios.
A diferencia de Mujica, que se esforzó por asociar los aumentos con indicadores objetivos de desempeño de la economía, Vázquez se volcó hacia un manejo discrecional de los salarios. Suprimió el sistema de ajustes por inflación y crecimiento de salario real fijo, que regía hasta entonces, y lo reemplazó por aumentos exclusivamente nominales. El gobierno progresista disocia los salarios del crecimiento económico y deja de asegurar el mantenimiento del poder de compra. Por el contrario, pasó a fijar los ajustes en forma que disminuyan los costos de las empresas y hagan converger los precios con la meta inflacionaria del gobierno.
El vuelco hacia un refuerzo del mando tuvo como contrapartida un crecimiento de la conflictividad, que alcanzó el mayor nivel de los gobiernos progresistas, y el ensayo de medidas represivas contra los trabajadores. A diferencia de otras oportunidades, la central sindical rechazó frontalmente las pautas del gobierno. El PIT-CNT efectuó un paro general de 24 horas y, si bien no reúne las luchas en torno a una reivindicación común, abrió espacio político para acciones que desafían las pautas del gobierno.
En suma, la disminución del crecimiento económico achica el espacio para el aumento conjunto de los salarios y la ganancia, y acentúa el antagonismo entre los trabajadores y el capital. Pero, lo que es más importante, tampoco la subjetividad de los trabajadores es la misma. Ya no son las personas desesperadas por la pobreza y dispersas por la desocupación, que produjo la crisis de comienzos de siglo, sino los protagonistas de los ciclos de luchas y organización que superaron la política económica de dos gobiernos progresistas.
El Frente Amplio califica su papel político como partido de gobierno por la gestión del trabajo dentro del capital. Por medio de la negociación colectiva, los gobiernos progresistas trataron de centralizar los salarios y encerrar los conflictos de clase en los límites de la ganancia y la estabilidad monetaria. No tienen, sin embargo, la última palabra. Vimos cómo las sucesivas variantes responden a movimientos de los trabajadores que independizan al salario de la política económica. Recorre las luchas, y se expresa materialmente en los salarios, la tendencia política de los trabajadores a autonomizarse del gobierno y llevar más allá del actual estado de cosas.
Luis Ibarra. Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República
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