Se consolida en Perú un gobierno cívico-militar de derecha al que poco le importan los derechos humanos.
En el nuevo milenio el Perú no había aparecido en el radar internacional del grupo de los países más inestables y violentos del mundo. Poco queda de aquel puma que rugía en el cuarteto que conformaba junto a Chile, Colombia y México en la Alianza del Pacífico, vigente desde 2012, creada con el fin de contrarrestar políticamente a la Unasur y a un Mercosur que ese año incorporó a Venezuela después de su retiro de la Comunidad Andina, cuando Perú y Colombia suscribieron los Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos en 2005 y 2006, respectivamente. También, por cierto, a la Celac, creada en 2011.
Las políticas instrumentadas en el marco de los TLC no tuvieron los beneficios que la propaganda financiada por USAID propalaba. Por el contrario, trajeron un debilitamiento de sus precarias industrias, déficit comercial con Estados Unidos y desvío de comercio a favor de ese país. Por ejemplo, importaciones de maíz amarillo de la Argentina fueron sustituidas por compras de ese producto procedente del país del norte, que ingresaba subsidiado, además de libre de aranceles.
Ese modelo económico impreso en los TLC logró una envoltura ordenada del país en términos de estabilidad macroeconómica y modernizó ciertos sectores de la economía para un reducido grupo de ciudadanos que reciben servicios y beneficios de Primer Mundo. Las variables de ajuste fueron los servicios de salud y educación, además de bajos salarios y altas tasas de informalidad para las mayorías. La pandemia de Covid-19 puso al desnudo la precariedad detrás del cascarón de modernidad y progreso: Perú fue el país con mayor número de muertes en el mundo en proporción a su población. Esta trágica realidad explica en parte el triunfo de Pedro Castillo en julio de 2021 y de Gustavo Petro en Colombia, un año después.
Aislamiento internacional
La grave situación que vive el Perú desde que Castillo fue destituido por el Congreso el 7 de diciembre –represión violenta de las protestas sociales, ralentización de la economía, creciente desempleo, incremento de la emigración, parálisis del turismo receptor– son una muestra palpable de ello. “Antes de viajar al Perú, piensen en su seguridad y en la preocupación de los familiares que dejan”, advierten comunicados de las Cancillerías que alertan a sus ciudadanos sobre la situación.
La semana pasada, los gobiernos de Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su preocupación por el aumento de amenazas y violencia ejercidas contra periodistas locales e internacionales en el país. El 24 de febrero, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos remitió a la canciller Ana Cecilia Gervasi una comunicación de 21 páginas en la que le exige amablemente, pero con carácter de urgencia, dar respuesta a los graves hechos reportados a funcionarios de esa institución: uso excesivo de la fuerza que ha provocado un elevado número de muertes ilícitas, uso estigmatizante del terruqueo, detenciones arbitrarias, un caso de desaparición forzada, violaciones al debido proceso en contra de manifestantes, detenciones arbitrarias de indígenas y población campesina, entre otros.
La OEA, en sesión extraordinaria del 30 de enero, emitió una declaración en la que exige la investigación por los hechos de violencia que habían dejado 58 personas fallecidas (hasta entonces) y por las violaciones de los espacios académicos (San Marcos), la sanción a los responsables de las afectaciones de los derechos humanos, y la pronta realización de elecciones generales. Este último pedido ha sido reiterado este miércoles por el subsecretario del Departamento de Estado estadounidense para América Latina, Brian Nichols.
En el Democracy Index de 2022, elaborado por The Economist Intelligence Unit, Perú ha sido rebajado de la categoría democracia defectuosa a la de régimen híbrido, que se caracteriza por una combinación de elementos democráticos y autoritarios. Asimismo, las calificadoras de riesgo han rebajado recientemente las notas crediticias del país.
Como todas estas prestigiosas entidades usan un lenguaje diplomático y apropiado, la Cancillería, el gobierno, el Congreso y la mayoría de los medios de comunicación enmudecen frente a estas graves denuncias que conllevan delitos de lesa humanidad, que podrían llevar a la Presidenta Dina Boluarte y a algunos de sus ministros cercanos a prisión.
Los sectores de oposición a Castillo temen a la estrategia que utilizará Raúl Eugenio Zaffaroni, uno de los dos abogados argentinos que ejercen la defensa de Castillo, que apuntaría a fallas en el proceso express en el que el Congreso le retiró la inmunidad presidencial –que derivó en su traslado a prisión después del fallido golpe de Estado–. También les preocupa el eventual fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ámbito en el cual Zaffaroni se mueve como pez en el agua, al haber sido juez. Por eso el partido de extrema derecha, Renovación Popular, le ha solicitado oficialmente a Boluarte que el Perú se retire de la competencia contenciosa de ese organismo, asunto que le convendría impulsar por su propia situación.
Foro de Madrid: es culpa de los países vecinos
El 1 de abril, Eduardo Cader –director de esta alianza internacional vinculada al partido de extrema derecha VOX, que busca generar conciencia sobre el avance de la extrema izquierda y contrarrestar la influencia geopolítica del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla– entregó al secretario general de OEA, Luis Almagro, una carta suscrita por 118 parlamentarios de 14 países donde se denuncia el “evidente papel protagónico del controversial Evo Morales en las protestas vandálicas que se realizan desde el sureste del país hacia Lima, con el objetivo de derrocar al gobierno constitucional de Dina Boluarte”. Afirmación falsa –Morales simpatizaba con la candidatura de Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú–, tan falsa como la de Boluarte al decir que los asesinatos de manifestantes en las ciudades fronterizas con Bolivia se realizaron con armas procedentes de ese país y no con las de las fuerzas policiales peruanas, tal como ha sido comprobado.
En la carta consideran que es todavía más grave “el comportamiento de gobiernos pretendidamente democráticos –como los de la Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Honduras y México– que apoyan implícitamente esta desestabilización, al afirmar falsamente que Pedro Castillo fue víctima de un golpe de Estado, cuando es público y notorio que el ahora ex Presidente quiso disolver el Congreso para perpetuarse en el poder”. No se enteraron que Chile reconoció inmediatamente a Boluarte como Presidenta constitucional–lo que no quiere decir que Gabriel Boric no haya condenado enérgicamente la violación a los derechos humanos por parte del actual gobierno– y que la Argentina lo hizo al extenderle la invitación para asistir a la Cumbre de la Celac en Buenos Aires el 24 de enero. En la comunicación entregada a Almagro, se califica de “falsa misión humanitaria, conformada por agitadores relacionados con Cristina Kirchner”, a la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos que visitó Perú la segunda semana de febrero, bien recibida por los familiares de las víctimas, pero con la advertencia de la Cancillería de que no se trataba de ninguna misión oficial.
Lo esencial parece invisible a los ojos
Los temas centrales denunciados internacionalmente, sin cuya solución el país no saldrá de esta espiral degradante en la que se encuentra, quedan invisibilizados detrás de discusiones inconducentes que evalúan la decisión de la Cancillería de retirar embajadores en países de la región, en particular al de México. Andrés Manuel López Obrador sigue reconociendo a Castillo como Presidente porque fue electo democráticamente y está injustamente preso, y considera a Dina Boluarte una “Presidenta espuria”, por lo que no le traspasará la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Recientemente lo ha sometido a consulta con otros países.
Gustavo Petro no ha tenido muchos remilgos y, frente a un desplazamiento de tropas policiales jamás visto para intimidar la protesta social, dijo que parecía un desfile organizado por nazis contra su propio pueblo.
El problema es que la señora Dina Boluarte ha traicionado las banderas que enarboló cuando participó de las elecciones junto a Pedro Castillo como candidata a Vicepresidenta. Premonitoriamente, el Grupo de Puebla, en una declaración difundida apenas cuatro días después de la salida de Castillo, señaló que la nueva Presidenta tenía el encargo histórico de encaminar al Perú hacia una salida democrática de dicha crisis, recordando el proyecto político progresista por el cual votó el pueblo peruano al elegir a Castillo, y escuchando el clamor de las mayorías de renovar la clase política y construir un nuevo pacto social. Nada más alejado de la actitud de Boluarte.
La derecha y sus sectores más extremos han tomado más presencia y participación en la escena local. Estos apuntan a instalar una legitimización de la represión contra la protesta social, y a tomar el control de las instituciones públicas. En el Perú se vive en estado de emergencia y no hay interpelación de ministros en el Congreso. Este es complaciente con el Ejecutivo y en la práctica avala la violación de derechos humanos.
Estos sectores, que hoy gobiernan el país, han demostrado no estar dispuestos a resolver la crisis democrática mediante el adelanto de elecciones, y en esto la izquierda radical no ha sido muy diferente al proponer un referéndum de consulta para convocar a una Asamblea Constituyente, a pesar de que saben que con tal propuesta no hay forma de lograr los votos necesarios. Y sí, los salarios de los congresistas son elevados y nadie quiere irse.
Lo realmente alarmante es la consolidación de un gobierno cívico-militar de derecha al que poco le importan los derechos humanos y que piensa que las protestas se resuelven a balazos. Por eso se ha instalado la idea de que se ha vuelto a las peores épocas de Sendero Luminoso para justificar la represión y el estado de emergencia. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, el Congreso solo tiene 4% de aprobación, la Presidenta 15%, y 88% de los ciudadanos claman por el adelanto de elecciones generales. De nada sirve retirar embajadores del vecindario regional, prohibirle el ingreso al país a Evo Morales o declarar persona non grata a Gustavo Petro si no se respeta la voluntad popular y la separación de poderes, con un Tribunal Constitucional funcional a los fines políticos del Congreso y una Presidenta que huye de las citas a la Fiscalía para declarar sobre las muertes en las protestas.
Fuente: https://www.elcohetealaluna.com/democracia-a-balazos/