El proceso de las independencias en lo que hoy constituye Nuestra América Latina fue el momento inicial de la afirmación de los más significativos conceptos de la vida política, como fueron entre otros los de democracia, libertad, soberanía, representación de los pueblos, constitucionalismo, independencia. Las nacientes repúblicas se construyeron sobre esas bases ideológicas; pero las realidades económicas y sociales, así como los regímenes oligárquicos instaurados, negaron esos conceptos.
Durante el siglo XIX, los liberales, en sus diferentes variantes, reivindicaron los mismos conceptos políticos para hacer frente a los conservadores, que igualmente se habían apropiado de ellos. ¿Cuál sector tenía razón? Como siempre, la historia comprobó que los liberales eran el sector de avanzada política, y que fueron ellos los que podían cristalizar los conceptos de la democracia burguesa. Representaban, además, una fuerza portadora de la modernización capitalista, frente a los conservadores, anclados al tradicionalismo y a la sociedad oligárquica terrateniente y clerical.
El surgimiento del movimiento obrero, el auge de las masas, el avance de las clases medias y el despertar de las reivindicaciones indígenas y campesinas en los albores del capitalismo latinoamericano desde inicios del siglo XX, e incluso la aparición de las izquierdas (marxistas y otros), no solo determinaron la ubicación de liberales y conservadores en la derecha política, sino que provocaron un viraje en el contenido de los conceptos tradicionales porque libertad, democracia, soberanía, etc., pasaron a ser comprendidos como fundamentos de la lucha social contra el capitalismo en pleno desarrollo.
Sin embargo, las burguesías que progresivamente surgieron en América Latina con el avance del siglo XX, continuaron apropiándose de los conceptos políticos señalados y, además, incorporaron sus visiones económicas. Para estos sectores quedó en claro que la libertad significaba libertad de empresa y de mercado, que la democracia era el triunfo de su poder a través de candidatos, partidos, elecciones e incluso dictaduras destinadas a “defender” la “democracia” en riesgo por el ascenso social de las clases subordinadas al capital y al oligarquismo.
Desde la perspectiva de los sectores populares, los mismos conceptos tuvieron un sentido totalmente distinto, ya que implicaban el avance y respeto a los derechos colectivos, la aspiración a un orden social distinto, la reivindicación del ser humano contra la explotación capitalista, o la búsqueda de soberanía e independencia frente al avasallador avance del imperialismo.
Desde la segunda mitad del siglo XX y con mayor razón a partir del triunfo de la Revolución Cubana (1959), los conceptos de la tradición política latinoamericana han venido adquiriendo cada vez más los sentidos de clase otorgados por las fuerzas sociales en conflicto por el poder. La lucha contra el “comunismo” y el “castrismo” se asumió como auténtica lucha por la libertad y la democracia; pero quienes los defendieron no dudaron en justificar los golpes de Estado contra gobiernos legítimos para instaurar dictaduras simplemente anti-comunistas.
Los Estados terroristas en el Cono Sur, a partir de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile (1973-1990), igualmente se entendieron como “salvadores” de la “democracia” por las derechas económicas y políticas, que no dudaron en el apoyo que había que darles con tal de que liquidaran a toda izquierda y a las resistencias y reacciones sociales contra el avance del poder de los capitalistas criollos y del imperialismo.
También puede advertirse a las derechas económicas y políticas, apropiadas de la “democracia” y la “libertad” durante las décadas finales del siglo XX, cuando se consolidaron los regímenes de inspiración neoliberal. Es bien conocido que en el mundo de aquellos momentos la globalización transnacional y la democracia representativa occidental parecían triunfar indefinidamente, por lo que un autor como Francis Fukuyama incluso pensó en el “fin de la historia”, marcado por la economía abierta y esa democracia (una tesis que abandonaría en años posteriores).
La misma época se caracterizó por la hegemonía empresarial más rigurosa en la historia latinoamericana que, al propio tiempo, trajo los más acentuados procesos de enriquecimiento elitista y empresarial, sobre la base de marginar y hasta deteriorar las condiciones de vida y de trabajo de las mayorías nacionales.
Esos sectores que dominaron el poder estatal en América Latina sufrieron profundos reveses durante el ciclo de los gobiernos progresistas de la región. Por eso solo podían juzgarlos como interrupciones de la “democracia” y atentatorios contra las “libertades” y los “derechos”. Los vieron como enemigos de la “libertad empresarial” e incapaces de favorecer la “competitividad”, los “mercados”, la “eficiencia productiva” o la “modernidad” globalizada.
Su revancha histórica contra esos gobiernos ha sido entendida, en la actualidad, como restauración de la democracia, de las libertades y de la economía “real”, que solo puede ser la privada-empresarial, con mercado desregulado. Las derechas económicas y políticas renuevan su “lucha de clases” frente a los trabajadores, clases medias y sectores populares, al restaurar su poder tras el desplazamiento de los gobiernos progresistas, como ha ocurrido en Ecuador, Bolivia o Brasil. Entienden defender la democracia, las libertades y el Estado de derecho siempre que tales conceptos respondan a sus intereses y a su visión de las realidades contemporáneas.
En consecuencia, no han tenido límites para afirmar su “democracia” en la persecución, el lawfare, la criminalización de los movimientos sociales, la represión y la nueva instrumentalización de las fuerzas armadas y policías para que respondan a su poder. Han incorporado políticas fascistas para acallar las voces críticas, el pensamiento autónomo y las movilizaciones populares.
Pero frente a estos sectores, el movimiento de la historia del siglo XXI en América Latina está definido por el ascenso y avance de las capas sociales que cuestionan la dominación de las elites neoliberales, los empresarios oligárquicos y el imperialismo. Una muestra de ello son las movilizaciones ciudadanas que se han desarrollado en Chile, que era, hasta hace poco, el país considerado como modelo económico para toda Latinoamérica y en el que se veían reflejadas las burguesías regionales.
La lucha por la libertad, la democracia, la soberanía, la independencia nacional y social, los derechos más amplios, así como por una economía social, al servicio de los seres humanos, y finalmente por un sistema nuevo, que supere al propio régimen capitalista, avanza incluso en las condiciones más adversas y es la que brinda esperanzas transformadoras, bajo la seguridad de ser la que camina del lado correcto de la historia.