Recientemente, se ha dado a conocer en El Salvador el Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2011, elaborado por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP), una organización regional sin fines de lucro que, desde 1986, se aboca a apoyar procesos de cambio institucional, transformación productiva y fortalecimiento de las capacidades de actores y […]
Recientemente, se ha dado a conocer en El Salvador el Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2011, elaborado por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP), una organización regional sin fines de lucro que, desde 1986, se aboca a apoyar procesos de cambio institucional, transformación productiva y fortalecimiento de las capacidades de actores y grupos sociales en las sociedades rurales latinoamericanas. El Informe recuerda que América Latina exhibe el título de ser la región más desigual del mundo, incluso por sobre zonas que presentan niveles de pobreza más dramáticos como África. Según cifras del Banco Mundial, en promedio el 10% más rico de la población latinoamericana recibe el 48% del ingreso total, mientras que el 10% más pobre recibe sólo un 1,6%. Encabezan la lista de la desigualdad países como Brasil, Guatemala, Colombia y Chile. La brecha puede incrementarse en el futuro por dos razones directamente relacionadas: porque los pobres sean cada vez más pobres o porque los ricos sean cada vez más ricos.
El documento enfoca la pobreza y la desigualdad desde una perspectiva que impacta con especial fuerza a los sectores rurales de la región, esto es, la desigualdad territorial. En tal sentido, se habla de que en América Latina no da lo mismo nacer o vivir en cualquier lugar. Es decir, el lugar de residencia determina la condición socioéconómica y las posibilidades de acceso a bienes que garanticen cierta calidad de vida. Este criterio aplica tanto entre países como al interior de los mismos, porque dentro de la región hay países que han logrado mayores niveles de crecimiento, pero en cuyo interior, el crecimiento se concentra solo en algunos territorios. La consecuencia de este hecho es una sociedad desigual que genera territorios significativamente rezagados, es decir, con menos oportunidades de educación, capacitación, empleo y acceso a salud, mermando así la calidad de la fuerza de trabajo y, por ende, la productividad. Sin olvidar, claro está, que la pobreza y la inequidad crean un entorno favorable para la violencia y el conflicto social extremo. Los sectores más dañados por la desigualdad, muchas veces no tienen otro recurso que la movilización social y el conflicto para hacer oír su voz y hacer valer sus derechos.
El Informe afirma que se puede romper con la historia de la desigualdad en la región, si se pone el foco de atención en los lugares en vez de los sectores y en las inversiones en vez de los subsidios, y si se toman acciones decisivas para enfrentar los mecanismos que la causan. Esto implica, para los autores de este diagnóstico, por un lado, la aplicación de políticas públicas a territorios pequeños, homogéneos y socialmente unidos (reducir el desigual acceso a la tierra e igualar la calidad de la educación); y por otra parte, hacer que las instituciones del mercado funcionen mejor, con mayor protección para los trabajadores, con políticas monetarias y fiscales más rigurosas, estrictas y eficientes; así como fortalecer la capacidad del Estado para redistribuir la riqueza, lo que significa incrementar los esfuerzos tributarios y hacer que los impuestos sean más progresivos en el largo plazo, mejorando a su vez la efectividad y transparencia en el uso de los mismos.
En el documento se recoge información sobre diez países y uno de ellos es El Salvador. De él se dice que vivir en sus territorios fronterizos – calificados como sub-nacionales rezagados – es sinónimo de menos acceso a la salud y educación. Algunos de esos municipios pobres y fronterizos son Torola, en Morazán; Guaymango, en Ahuachapán; Candelaria de la Frontera, en Santa Ana y Santo Domingo de Guzmán, en Sonsonate, los cuales figuran en el mapa de extrema pobreza.
En términos de analfabetismo, el informe señala que en nuestro país, en 2007, el promedio simple municipal de población analfabeta de 15 y más años era de 24.8%, observándose diferencias importantes entre municipios. Mientras en Lislique (San Miguel), la tasa de analfabetismo es de 55.9%, en Antiguo Cuscatlán (La Libertad) es de solo 4.3%. Sobre salud infantil, el estudio da cuenta que en El Salvador, 20 de cada mil niños menores de un año nacidos vivos, mueren, según las estadísticas de 2007. De los 262 municipios existentes, once registran un índice de mortalidad infantil menor a 20, llegando a un mínimo de 18 en Cuscatancingo (San Salvador), y 15 en Antiguo Cuscatlán (La Libertad). En el otro extremo, municipios fronterizos como San Fernando en Chalatenango y Cinquera, en Cabañas, registran las mayores tasas del país, entre 40 y 46 fallecidos por cada mil nacidos vivos, respectivamente. En lo que toca al problema de la malnutrición infantil, se señala que en 2008, un 20% de niños menores de cinco años presentaba una talla por debajo del rango de normalidad para su edad y sexo. Y de nuevo las desigualdades territoriales: mientras el departamento de la Unión registra un porcentaje cercano al 11%; en Sonsonate, Chalatenango y Morazán (departamentos fronterizos), los índices están por sobre el 25%.
Pero el informe no solo constata graves inequidades, también confirma la necesidad de enfocarse en los territorios de menor desarrollo para invertir en lo social y en las capacidades humanas, y así conseguir un crecimiento rural incluyente, favorable a los pobres. Es lo que se ha dado en llamar la dimensión territorial del desarrollo, que supone hacer visibles a los ignorados e invertir en los vulnerables. Hay aquí un concepto de territorio que no es solo un espacio pasivo donde se localizan potencialidades humanas, naturales e institucionales, es también un espacio en el que convergen los intereses, la identidad y cultura de una comunidad.
La persistencia, pues, de la pobreza y la inequidad en la región latinoamericana, exige la necesidad de un enfoque incluyente del desarrollo. La perspectiva del desarrollo territorial tiene potencial para superar las limitaciones de la visión sectorial, para institucionalizar los mecanismos de participación civil y para contrarrestar la tendencia a la dispersión que tienen algunas políticas públicas en lo que se refiere a inversión en desarrollo social. Una vez más debemos recodar el principio de que si queremos resultados diferentes, no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Ante las graves desigualdades que caracterizan a las sociedades latinoamericanas, hay que volver la vista a esas multitudes que están extenuadas y desamparadas. La opción por un desarrollo territorial incluyente, puede ser una forma de reivindicar los derechos sociales de esas poblaciones.
Carlos Ayala Ramírez es director de radio YSUCA, El Salvador.
Fuente: http://alainet.org/active/56380