Por 17 votos sobre 31, el Senado uruguayo transformó en Ley el proyecto de despenalización del aborto que había votado hace tres semanas la Cámara de Diputados, con lo que el texto pasará ahora al Poder Ejecutivo para ser aprobado. Tras más de cinco horas de debate, todos los senadores del Frente Amplio y el […]
Por 17 votos sobre 31, el Senado uruguayo transformó en Ley el proyecto de despenalización del aborto que había votado hace tres semanas la Cámara de Diputados, con lo que el texto pasará ahora al Poder Ejecutivo para ser aprobado. Tras más de cinco horas de debate, todos los senadores del Frente Amplio y el legislador Jorge Saravia del partido Nacional aprobaron el texto.
En diálogo con Marcha Romina Napiloti de la organización Proderechos y de la Coordinadora por el Aborto Legal del país oriental profundizó sobre las implicancias y la historia de esta ley.
-¿Qué significa para Uruguay y los países de América Latina que se haya aprobado la primera ley de despenalización del aborto en la región? ¿Consideras que es un avance?
-Absolutamente. La aprobación de esta ley es un paso gigante en la lucha contra el Uruguay conservador y contra la hipocresía, pero es un paso muy moderado en la lucha por los derechos de las mujeres. Respecto de los impactos locales, creo que este proyecto reconoce que el marco legal vigente, que criminaliza la práctica del aborto, no solo no ha funcionado en absoluto como mecanismo de «prevención» o reducción de la práctica sino que además ha dejado expuestas a las mujeres a la vulnerabilidad propia de un procedimiento y una vivencia clandestina y ha reproducido y reforzado las desigualdades sociales. Las mujeres ricas abortan en ciertas condiciones y las pobres en otras. Este proyecto obliga a que el sistema nacional de salud ofrezca a las mujeres que cumplen con los requisitos que la ley establece la posibilidad de atender y contener la interrupción de un embarazo en las mismas condiciones para todas.
En cuanto al impacto a nivel regional, creo que este no es un tema emergente sino que está presente en el escenario político de todos los países latinoamericanos y sobre todo de la agenda de nuestros países limítrofes. La aprobación de este proyecto acá en Uruguay es un síntoma, como es un síntoma el fallo de la suprema corte en Colombia o puede serlo también el intenso funcionamiento de las líneas de asesoramiento a mujeres que pasan por una situación de aborto en países como Chile, Argentina, Perú. Es un síntoma de que el tema se ha logrado instalar en la agenda social latinoamericana y es una reivindicación que se mantendrá a nivel regional y también aquí, en tanto no se llegue al marco legal esperado, que es la consagración del derecho a abortar de las mujeres. Creo que es un tema que por entrar en el orden de los derechos de las mujeres se posterga sistemáticamente y no se asumen los riesgos políticos necesarios para comprometerse con nosotras y nuestros derechos. Esto creo que es así tanto acá como en el resto de América Latina, con los matices propios de la laicidad de los distintos Estados y de la fortaleza de las clases conservadoras de cada país, claramente.
Obviamente los ojos van a estar puestos acá, ojala que sea para caminar hacia la ampliación de derechos de todas las mujeres latinoamericanas.
-¿Cómo se llegó a esta ley?
– Básicamente se llega a este proyecto porque el movimiento feminista logra colocar el tema en la agenda a través de las legisladoras que comienzan a incidir más en el parlamento y también a través de la masificación del debate en torno a este tema. Se logra colocar el asunto en la opinión pública y forzar una discusión que se ha mantenido en forma permanente desde el 2002, pero que ya venía apareciendo a través de la presentación de proyectos de ley en cada una de las legislaturas post dictadura (todos presentados por el Frente Amplio).
El año 2008 fue un hito porque logramos esta aprobación en las dos cámaras pero se interpuso el veto de Vázquez, lo cual impactó radicalmente en los discursos en torno a este tema, desdibujó el escenario.
Hoy llegamos a este proyecto, porque la bancada frenteamplista tuvo dos disidencias en la segunda cámara (la de diputados) en la que se debía dar por aprobado el proyecto original del FA que ya tenía media sanción desde diciembre de 2011, que si consagraba el derecho al aborto; razón por la cual tuvo que negociar con un diputado externo del Partido independiente (a quien ni siquiera lo respaldaban sus propios compañeros de partido por falta de consenso sobre el tema) este proyecto alternativo, que pierde conceptualmente respecto al proyecto del frente amplio, pero que responde a la necesidad histórica de cambiar la legislación.
-¿Cuales son las críticas a la ley planteadas por el movimiento de mujeres y a favor de la despenalización?
-El movimiento feminista, hace un planteo desde el feminismo y desde los consensos que ha promovido desde hace más de 30 años: que es una ley insuficiente que mantiene procedimientos de tutela de las decisiones de las mujeres, en detrimento del reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres, que no consagra el derecho a abortar sino que, por una parte mantiene el delito de aborto como figura de delito sin eliminarla del código penal y por otra «burocratiza» por decirlo de alguna manera, el acceso seguro.
-¿Cuál es la situación actual de las mujeres en Uruguay respecto de esta problemática? ¿Consideras que la ley ayuda a resolver algunos de estos problemas?
-En la medida en que es una práctica clandestina no existen registros estadísticos formales, pero la cifra de 33 mil abortos por año tiene gran nivel de validación por parte de quienes se encuentran trabajando directamente en este tema en los servicios asistenciales.
Hoy las mujeres uruguayas, usuarias del sistema nacional de salud, tienen el derecho por ley (2008) de recibir un asesoramiento pre y post aborto, en el cual son asesoradas sobre mecanismos seguros para llevar adelante la interrupción de un embarazo, pero en el cual no se les facilita ni el misoprostol, ni la receta para adquirirlo. Se le dice cómo hacerlo, se la atiende cuando vuelve, pero no se acompaña en el procedimiento en sí ni se brinda el método. Este servicio de asesoramiento funciona desde el 2004 y desde entonces no habían sucedido muertes hasta este año, que murieron dos mujeres en menos de un mes por pasar por una práctica en malas condiciones y sin haber recibido asesoramiento.
La ley va a venir a ayudar a que el sistema nacional de salud acompañe el «durante» por parte de los mismos equipos técnicos que vienen trabajando en el asesoramiento y a los que se refuerza con un/a técnico/a del área social.
En definitiva esta ley es una ley no del derecho a abortar, no de la eliminación del delito de aborto, sino de acceso seguro al aborto. Y esta es la principal razón por la cual Proderechos apoya este proyecto. Esta ley finalmente hace responsable al Estado por la salud de las mujeres que pasan por esa situación.
Fuente original: http://www.marcha.org.ar/1/