El Tribunal Supremo Electoral (TSE) destituyó a 57 diputados -de un total de 100- por haber presuntamente interferido en el proceso de convocar a un referendo para rescribir la Constitución. El máximo organismo electoral ecuatoriano justificó la decisión en base a una facultad que le otorgaría la ley para destituir y retirar los derechos políticos […]
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) destituyó a 57 diputados -de un total de 100- por haber presuntamente interferido en el proceso de convocar a un referendo para rescribir la Constitución.
El máximo organismo electoral ecuatoriano justificó la decisión en base a una facultad que le otorgaría la ley para destituir y retirar los derechos políticos a cualquier funcionario que bloquee un proceso electoral.
La medida se produce en medio de un creciente descontento político que en los últimos días ha enfrentado al Congreso, de mayoría opositora al presidente Rafael Correa, y el TSE.
Al centro de la disputa está el referendo para la conformación de una Asamblea Constituyente, que tiene previsto realizarse el próximo 15 de abril, y que tendría la potestad de disolver el Congreso.
El presidente Correa apoyó la decisión del TSE.
Un comunicado oficial señala que el gobierno «hará respetar y cumplir la Ley y, por lo tanto, la resolución adoptada por el Pleno del TSE, en la que se establece la destitución de sus cargos y la suspensión de los derechos políticos durante un año para 57 diputados y diputadas del Congreso».
Destituciones
Si bien el legislativo del país andino aprobó en votación, el pasado 13 de febrero, la convocatoria al referendo, ellos cuestionan el procedimiento bajo el cual se avanzó con este plan.
Según la mayoría parlamentaria, el presidente del TSE, Jorge Acosta, hizo el llamado a plebiscito sin antes remitir el estatuto del mismo para su aprobación.
El estatuto había sido modificado por el gobierno dejando abierta la posibilidad de una revocatoria de mandato del Congreso, que está compuesto mayormente por políticos opositores a Correa.
Esto llevó el martes a que los parlamentarios opositores, en mayoría, destituyeran a Acosta por, según señalaron, haber incumplido la Constitución.
«El congreso nacional tomó una figura jurídica a pedido de un partido político llamada según ellos sustitución, figura política que no existe en el ordenamiento legal ecuatoriano ni tampoco en el constitucional de nuestra misma republica, en tal virtud esa disposición es inaplicable», dijo Acosta a BBC Mundo.
Por su parte, Carlos Larreátegui, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso y jefe del grupo de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), acusó al gobierno de estar fraguando «un proyecto totalitario parecido al de Chávez».
«Sabemos perfectamente que hay asesores venezolanos, los dos asesores españoles que asesoraron a Chávez, también están asesorando al presidente Correa. Hay también asesores cubanos, es decir, aquí se esta tratando de llevar al Ecuador por esa senda», dijo Larreátegui vía telefónica a BBC Mundo Hoy.
Reacción
Los vocales del TSE y su presidente desconocieron esta decisión ya que la figura de sustitución no está contemplada en la ley.
Más aún, en las primeras horas del miércoles, la mayoría parlamentaría había decidio iniciar un juicio político contra los vocales del tribunal electoral.
Este impasse llevó en las últimas horas del miércoles a que el TSE cesara de sus funciones y suspendiera por un año los derechos políticos de los diputados que votaron por la destitución argumentando que «intentan desarticular al TSE e impedir la realización de la consulta popular».
Según el tribunal electoral no hay nada que pueda impedir la realización del referendo popular en abril.
La Asamblea Constituyente fue una de las principales promesas electorales del presidente Correa y uno de sus objetivos es justamente limitar el poder de los partidos tradicionales.
Simpatizantes de Correa rodearon el congreso y fueron reprimidos por la policía.
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Los incidentes que se produjeron este martes en el congreso ecuatoriano -y obligaron la evacuación de los legisladores- representan la primera prueba de fuego para el recientemente asumido gobierno de Rafael Correa, que busca reformar la constitución.
Aquí, las claves de la disputa en Ecuador.
¿Qué busca el gobierno de Rafael Correa?
Rafael Correa, quien asumió la presidencia de Ecuador a mediados de enero, prometió desde la campaña «refundar el país» llamando a una Asamblea Constituyente de poderes plenos para redactar una nueva constitución.
La agenda que desea instaurar Correa va desde reformas políticas y económicas hasta temas de política exterior, acercándose a la órbita de países como Venezuela, Bolivia o Cuba.
Para llevar a cabo la reforma política, Correa desea llamar a una consulta popular para que los ecuatorianos voten si apoyan o no una Asamblea Constituyente.
«Para poder sacar al país del bloqueo económico, político y social en el que nos ha hundido la ‘partidocracia’, se requiere esa Asamblea Nacional Constituyente que también está bloqueando la ‘partidocracia'», ha dicho Correa.
¿Cuál es la raíz del conflicto entre el gobierno y el congreso?
Correa ganó la elección presidencial sin presentar candidatos propios para el congreso, y sólo cuenta con el apoyo de algunos congresistas de otros partidos.
Apenas asumió, Correa envió al Tribunal Supremo Electoral del país un decreto para pedir la organización de la convocatoria a la consulta popular, y al mismo tiempo envió una copia al congreso para mantenerlo informado.
El Tribunal, sin embargo, remitió el decreto al congreso, para que decida si la consulta puede llevarse a cabo. El gobierno de Correa afirma que este paso no es necesario, ya que tendría poder para llamar directamente a la consulta.
Esto ha generado una polémica legal ya que, según los expertos, la constitución no especifica claramente el procedimiento para estos casos.
Según algunos, sólo el congreso tiene la facultad de reformar la constitución, mientras que otros creen que los temas de interés nacional deben pasar por una consulta popular.
¿Por qué se produjeron incidentes en el congreso?
Manifestantes que simpatizan con el gobierno de Rafael Correa se reunieron en las cercanías del palacio legislativo y, mientras intentaban entrar al edificio con piedras y palos, los congresistas fueron evacuados por una puerta trasera.
Al mismo tiempo, la policía enfrentó a los manifestantes lanzando gas lacrimógeno.
Líderes de oposición acusan al gobierno de Correa de haber orquestado la manifestación y de haber puesto en peligro las vidas de los legisladores.
Sin embargo, el gobierno negó haber organizado las manifestaciones, arguyendo que la marcha había sido espontánea y que sólo un grupo de manifestantes habían ingresado al edificio del congreso.
Algunos de los manifestantes afirmaron que las marchas que piden que se le permita a Correa reformar la constitución seguirán durante el resto de la semana.
¿Cómo puede impactar esto en la economía ecuatoriana?
La economía ecuatoriana también se encuentra en un momento delicado.
Correa ha dicho que está dispuesto a renegociar la deuda externa del país, lo que ha generado preocupación entre los acreedores e inversores extranjeros.
Este martes, la agencia económica Moody’s bajó la calificación de la deuda externa ecuatoriana por temor a un cese de pagos.
Según una fuente del Banco Central citada por la agencia Reuters esta martes, Ecuador redujo su meta de crecimiento para el año 2007 un 0,01%.