«No podemos dejar que los estudiantes aglutinen a esto sectores y fuercen a la opinión pública a que piense que ellos tienen la razón.» «Necesitamos francotiradores en la opinión pública comprometidos con la UPR.» (NCM crisistres) Bajo fuerte presión política y social, la jefatura de la universidad estatal aceptó dar por recibidas las propuestas […]
(NCM crisistres)
Bajo fuerte presión política y social, la jefatura de la universidad estatal aceptó dar por recibidas las propuestas presentadas en noviembre por el liderato estudiantil y dialogar sobre el documento, no sin antes hacer en secreto un desesperado pedido de ayuda al partido oficialista para que active «francotiradores» que desacrediten a los estudiantes en huelga.
Además, surgen aspectos preocupantes en las transacciones en la Universidad de Puerto Rico con el Banco Gubernamental de Fomento, así como informes y documentos polémicos sobre la Policía nacional, en particular relativos a los motivos para desbandar a palos y gases una manifestación pacífica y actos de vandalismo en una biblioteca científica.
Estos sucesos abren un nuevo capítulo en el prolongado enfrentamiento entre el Gobierno y el alzamiento estudiantil, que ya trascendió los límites de la universidad para comenzar a recibir el respaldo abierto de la oposición política, grupos comunales y cívicos, así como de la Iglesia. Esos apoyos se tradujeron en las escenas de miles de personas en una protesta y concierto frente a los portones principales de la UPR y la ceremonia de Nochebuena en la que el arzobispo metropolitano, Roberto González Nieves, pidió a Dios el «milagro» de una paz negociada para la universidad.
La presión contra el Gobierno por su política de reducir sistemáticamente los fondos para la educación universitaria ya ha marcado fisuras aún en el oficialista Partido Nuevo Progresista.
Alcaldes oficialistas importantes, como los de Toa Baja, Bayamón y Yauco, no han dudado en hacer llamados para que se atiendan los reclamos estudiantiles y se dejen de lado los intentos de sofocar el movimiento a base de más fuerza policial y restricciones a la libertad de expresión. Legisladores y otros funcionarios han intervenido también y la jefatura universitaria aceptó finalmente revisar el documento de cerca de 300 páginas sometido por los estudiantes un mes antes de que comenzara la huelga y en el que se detallan las alternativas que presenta el movimiento para que no se imponga un aumento en los costos de matrícula, tema que será discutido el cuatro de enero, mientras la huelga sigue imparable.
La posición de la jefatura ha sido que la «cuota de estabilización» es ineludible por el compromiso con el Banco Gubernamental de Fomento para obtener una línea de crédito de 100 millones de dólares, pero una copia del contrato -obtenida por NCM Noticias– indica claramente el procedimiento para enmendar el plan sometido. El documento revela también aspectos inesperados, como el acuerdo firmado para que el Banco pueda vender en pública subasta propiedades de la UPR ante cualquier incumplimiento, a pesar de que la ley prohíbe la venta de la totalidad o de las unidades de la universidad.
La jefatura universitaria alega que lo que se venderían son fincas y edificaciones donadas a la UPR, pero no pudo dar un estimado del valor de esas propiedades «misceláneas» como para garantizar un pago de 100 millones de dólares.
Otro aspecto preocupante del documento es que en el plan financiero que se le propuso al Banco para obtener el empréstito, se anuncia que luego de llevar a la UPR a tener sobrante, se proyecta una nueva situación de insuficiencia para tan pronto como el año fiscal 2013.
«La UPR necesita apoyo masivo de nuestro partido en cuanto a movilización y establecer opinión pública», dice un memo enviado en secreto por un alto funcionario de la presidencia universitaria, que añade que «en mi opinión muy personal, no podemos dejar que los estudiantes aglutinen a esto sectores y fuercen a la opinión pública a que piense que ellos tienen la razón. Nosotros podemos invertir en pauta publicitaria y no pagada informando sobre la crisis fiscal y ayudas económicas disponibles, pero necesitamos francotiradores en la opinión pública comprometidos con la UPR. No podemos quedarnos solos en este asunto».
El funcionario no sabía que NCM Noticias tenía copia del memo y cuando se le preguntó cómo iba el apoyo del partido, prefirió contestar «yo no entro en esos temas, no me compete» para agregar que «los asuntos partidistas no los discuto yo porque no me competen».
El memo, con fecha del 22 de los corrientes, fue circulado a decenas de contactos y se generó un intercambio que incluyó una carta el día 23 de una profesora que denunciaba que tres días antes, durante los disturbios universitarios, «individuos se adentraron en la Biblioteca de Ciencias Naturales» e iniciaron un fuego pequeño que activó los rociadores y dejó daños que la directora de la instalación calculó en medio millón de dólares. En cuestión de horas, la UPR difundió a los medios noticiosos que los daños estimados sobrepasaban los dos millones de dólares y que los perpetradores habían sido huelguistas.
El caso es investigado por la División de Incendios y Explosivos de la Policía nacional, pero mientras tanto, testigos del claustro y la administración indicaron que una hora antes de los hechos ya en los alrededores de la biblioteca habían tomado posiciones agentes con chalecos contra balas, lo que complica más la posibilidad de que los incendiarios hayan entrado y salido sin ser detectados. Lo que sí es claro es que los policías enfrentaron a cientos de huelguistas en la facultad de ciencias naturales y luego los persiguieron hasta la de ciencias sociales, por donde los jóvenes escaparon a la calle y se unieron a un piquete.
«Posteriormente, escuadras de la Unidad de Operaciones Tácticas, dispersaron una multitud reunida en protesta en la avenida Ponce de León, para que Efectivos realizaran el arresto de varios sospechosos, provocando que la situación se mantuviera en tensión por espacio de una hora», dice el informe oficial rendido por el Centro de Mando de la región de San Juan, que añade que «los detenidos podrían enfrentar cargos por incitación a motín, agresión y destrucción de la propiedad».
En realidad, de 17 detenidos, ocho fueron acusados y todos en relación directa a resistir el avance de la Policía.