La destitución de 57 de los 100 legisladores de Ecuador por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) es un episodio más de la endémica crisis institucional que vive este país desde 1996. La actual fase de la crisis se precipitó esta semana, cuando se instaló una puja entre la mayoría parlamentaria y la mayoría de […]
La destitución de 57 de los 100 legisladores de Ecuador por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) es un episodio más de la endémica crisis institucional que vive este país desde 1996.
La actual fase de la crisis se precipitó esta semana, cuando se instaló una puja entre la mayoría parlamentaria y la mayoría de los miembros del TSE, que cuentan con el apoyo del presidente Rafael Correa.
Con el voto de sus 57 miembros hoy destituidos, el Congreso legislativo relevó este martes al presidente del TSE, Jorge Acosta, por haber convocado a plebiscito para que la ciudadanía decida si está de acuerdo con la creación de una Asamblea Constituyente sin aval parlamentario
Además, presentaron al Tribunal Constitucional un recurso contra la convocatoria, que permitiría a la Asamblea clausurar el Congreso y destituir a los legisladores una vez instalada.
El Congreso había aprobado un estatuto que, en cambio, no permitiría la destitución.
Según la Constitución, los siete integrantes del TSE son designados por el Congreso en representación de los siete partidos más votados.
Pero para destituir a uno o varios de esos miembros el Poder Legislativo primero debe someterlos a juicio político, lo que no se cumplió en el caso de Acosta, representante en el tribunal del populista Partido Sociedad Patriótica (PSP) del ex presidente Lucio Gutiérrez.
El PSP decidió apoyar la destitución de Acosta porque no cumplió con el estatuto surgido del Congreso, como le instruyó ese sector político. Pero no todo sus legisladores fueron destituidos, pues algunos no estuvieron presentes cuando se tomó la resolución contra el tribunal.
El TSE, con el voto de cuatro de los siete integrantes, decidió el miércoles destituir a los legisladores que votaron en favor de la resolución, con el argumento de que la Ley Orgánica de Elecciones ordena la destitución de todo funcionario público que «interfiera» con «los organismos electorales» en medio de un periodo electoral, así como la suspensión por un año de sus derechos políticos.
Además de Acosta, integran el tribunal representantes de los derechistas Partido Social Cristiano (PSC), Unión Demócrata Cristiana (UDC), PRIAN y Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), el socialdemócrata Izquierda Democrática (ID) y el centroizquierdista Alianza País (AP) del presidente Rafael Correa.
El PRE, la ID y AP apoyan al actual gobierno, y la resolución del TSE fue tomada por una mayoría integrada por Acosta y los representantes del PRE, ID y AP.
El 13 de febrero pasado, en la convocatoria a la consulta sobre la Asamblea, el TSE declaró como periodo electoral «el lapso comprendido desde el 15 de febrero hasta el 15 de mayo de 2007, inclusive».
Por lo tanto, la mayoría del tribunal adujo en su resolución que Ecuador está «en lo que podríamos denominar estado de emergencia electoral, por lo que ningún organismo ni persona natural o jurídica puede realizar acto alguno que impida u obstaculice» el proceso.
En la resolución también se decidió notificar al «Comandante General de la Policía para que haga cumplir de modo inmediato las sanciones antes impuestas, utilizando para ello todos los medios que legalmente sean necesarios».
El presidente Correa apoyó la medida del tribunal y se comprometió mediante un comunicado a hacer cumplir la resolución del cuerpo para hacer «respetar y cumplir la ley».
El edificio del Congreso Nacional amaneció este jueves acordonado por 350 policías que impedían el ingreso de los diputados, invocando «órdenes superiores».
El diputados del PRE, Homero López Saud, no pudo ingresar al recinto, a pesar de que ni él ni su bloque fueron destituidos por el TSE. López Saud dijo, visiblemente molesto, que «se trata o de un golpe de Estado o de una mala disposición dada por el Ministerio de Gobierno».
Después, los policías, con una lista en la mano, solo permitieron el ingreso de los diputados que no habían sido destituidos de los suplentes de los destituidos.
El presidente del Congreso, Jorge Cevallos, constató luego que no había quórum para iniciar la sesión. La resolución del TSE no será acatada, porque «no tiene asidero legal y busca solamente enfrentamiento entre instituciones y generar el caos», según Cevallos.
El legislador expresó que a ley sobre la que el TSE basó la destitución se refiere a funcionarios públicos «que no son de elección popular».
Menos de 15 por ciento de los entrevistados por diversas firmas de opinión pública apoyan la gestión del Congreso, al que la mayoría de los encuestados atribuyen la principal responsabilidad por la crisis institucional que vive el país.
Representantes de diversas organizaciones sociales, en especial de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), se movilizaron hacia el Parlamento para festejar la destitución de los parlamentarios.
El activista y ex sacerdote Eduardo Delgado, del Frente Somos Poder Constituyente, convocó a todos los sectores políticos y sociales de izquierda a una «gran alianza social y política» con miras a las elecciones para una Asamblea Constituyente.
El Frente Somos Poder Constituyente está integrado por decenas de movimientos y organizaciones de todo el país, cuya fuerza principal es la Conaie.
«Vamos unidos contra las viejas estructuras neoliberales de explotación social. La Constituyente debe ser una instancia de cambio radical. No podemos permitir que quieran transformarla en un simple laboratorio de fabricación de cualquier constitución», dijo Delgado a IPS.
Por su parte, el presidente de la CONAIE y líder histórico del poderoso movimiento indígena, Luis Macas, declaró: «Vamos a gobernar desde la Constituyente. Vamos a barrer con el viejo Estado y acabar con los privilegios de un puñado de ricos.»
También anunció que el 15 de marzo el Frente Somos Poder Constituyente realizará la primera «preconstituyente popular», en la que participaran cientos de representantes de todo el país.
Diversas encuestadoras calculan que la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente es respaldada por más de 80 por ciento de los consultados.
Ecuador sufre desde 1996 una crisis institucional que derivó en la caída de varios presidentes en la última década
El conservador Sixto Durán Ballén (1992-1996) fue el último presidente que terminó su período constitucional, aunque su vicepresidente Alberto Dahik fue destituido por el Congreso en 1995, acusado de mal uso de fondos reservados.
El populista de derecha Abdalá Bucaram, líder histórico del PRE, ganó las elecciones en 1996, pero no duró ni seis meses en el gobierno. El Congreso lo destituyó por »incapacidad mental para gobernar», decretada sin examen médico ni derecho a la defensa.
Su vicepresidenta, Rosalía Arteaga, reclamó para sí la presidencia, pero permaneció pocas horas en el cargo.
A Arteaga le sucedió el entonces presidente del Parlamento, Fabián Alarcón, presidente interino (11 de febrero 1997-10 de agosto de 1998), quien entregó el cargo a Jamil Mahuad, quien venció en la segunda vuelta de las elecciones al multimillonario Alvaro Noboa.
Aunque fue elegido para un periodo de cuatro años, Mahuad gobernó Ecuador apenas entre el 10 de agosto de 1998 y el 22 de enero del 2000. Cayó en medio de una revuelta indígena apoyada por coroneles rebeldes, entre ellos Lucio Gutiérrez, que formaron un triunvirato que duro pocas horas
A Mahuad le sucedió en el cargo su vicepresidente, Gustavo Noboa, que gobernó Ecuador entre el 22 de enero del 2000 y el 15 de enero del 2003.
Noboa dejó la Presidencia a Lucio Gutiérrez, ganador en las elecciones del 2002, en las que Noboa volvió a perder en segunda vuelta.
Pero Gutiérrez fue destituido por el Congreso el 20 de abril de 2005, luego de una semana de movilizaciones realizadas por los habitantes de Quito en contra de su gobierno. La crisis sigue.