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Acusaciones amañadas y colusión entre una compañía minera y el gobierno de Ecuador

El allanamiento policial de mi casa

Fuentes: CounterPunch

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

Cuando recibí, muy temprano por la mañana, a las 6.15 del 17 de octubre, un llamado telefónico informándome que venían «muchísimos policías» a mi casa, no dudé ni un instante. Cerré mi ordenador, me despedí de mi hijo, y me fui. Ni siquiera tuve que despedirme de mi esposa. Ya que había estado conectado a Internet, y por lo tanto mi línea había estado ocupada, no sabía durante cuánto tiempo la persona que me llamó había estado tratando de contactarme. El sitio más cercano al que pueden llegar los coches está a 15 minutos a pie de nuestra casa. Cinco o siete si corres. Resultó que tenía unos minutos a mi disposición antes de que el primer grupo de policías llegara a buscarme. Había comenzado la pesadilla.

Mientras me ocultaba en el bosque más cercano, llegaron más policías, algunos con armas automáticas, otros con pasamontañas y todos con chalecos a prueba de balas. Apuntaron sus armas hacia mi mujer y mi hijo y les ordenaron que no se movieran, les dijeron que me buscaban y que tenían una orden de allanamiento para entrar a nuestra casa. Luego irrumpieron en nuestro hogar sin la orden, buscándome. Mi esposa insistió en ver la orden, y 20 minutos más tarde un fiscal de la ciudad de Cayambe se presentó, supuestamente con la orden. Cuando mi mujer le pidió que le mostrara la orden de registro, se la mostró brevemente, pero no le permitió que la tuviera en sus manos y la leyera, sino que simplemente se la leyó a varios metros de distancia. Recuerda que la orden decía que yo había robado algunos bienes, pero que no especificaba cuáles. En ese momento ya había un total de 17 policías alrededor de nuestra casa, y varios entraron (en total participaron 19 personas en la incursión). Algunos de los policías uniformados no llevaban placas de identidad que los identificaran, y cuando se les solicitó que se identificaran, se negaron. Algunos se portaron de modo muy agresivo y violento, gritando e insultando a mi hijo adolescente y a mi mujer, empujándolos a un lado sin razón alguna.

Aproximadamente en ese momento, se presentaron varios policías con uno de nuestros trabajadores, que había sido sacado violentamente de su cama por uno de los agentes. El policía había irrumpido en su casa, sin una orden de allanamiento y lo lanzó violentamente sobre su cama porque se atrevió a pedirle su identidad, utilizando toda clase de insultos, obligándolo a apurarse y vestirse para acompañarlo a nuestra casa.

Seis policías entraron entonces a nuestra casa y lo revisaron todo, especialmente mi habitación, que fue totalmente destrozada. Tiraron al piso los cientos de libros de mi biblioteca, registraron todos los cajones y el espacio del closet, y rompieron una caja de madera, en la que guardábamos dinero bajo llave. Afuera, la policía había llevado a Roberto a todos los edificios y cabañas de la granja para registrarlos. ¡Cuando mi mujer, Sandy, preguntó qué es lo que buscaban, dijeron que cualquier cosa que pudiera ser dañina para el Estado!

Después de cerca de una hora, y de que Roberto volviera a nuestra casa, la policía dijo algo en el sentido de que «no encontramos nada y que se irían porque tenían otras cosas que hacer». Mi esposa en ese momento se encontraba fuera de la casa tranquilizando a nuestro hijo, que estaba extremadamente inquieto y enfurecido por la acción policial, y especialmente por la manera abusiva en la que habían sido tratados. Entonces uno de los policías llevó a Roberto lejos de la casa fingiendo que quería hablar con él en privado. Desde unos doce metros vio a otro policía que entraba a la casa. Minutos después el mismo policía salió de la casa y habló con uno de los oficiales, que volvió a la casa, y salió con la pistola y una bolsa de plástico con lo que dijeron eran drogas, que habían colocado en nuestra casa. Hay que tener presente que transcurrieron cerca de 10 minutos desde que recibí la advertencia y la llegada de la policía. ¿Qué persona en sus cabales e imparcial, creerá jamás que si hubiese tenido armas y drogas en mi casa no me habría librado de ellas antes de la llegada de la policía? Pero, claro, la imparcialidad no es un tema en este caso (la policía, a propósito, dijo que había encontrado el arma bajo una revista en la biblioteca de mi hijo, así, al descubierto, y que las así llamadas drogas fueron encontradas directamente en la sala de estar, tras unos libros. LOS DOS OBJETOS FUERON «ENCONTRADOS» SÓLO DESPUÉS DE MÁS DE UNA HORA DE INTENSA BÚSQUEDA.

Hasta ahora, he podido certificar que se llevaron vídeos personales, cientos de CD-ROMs con información personal y fotografías, DVDs, varios miles de dólares en efectivo, y una tarjeta de débito de un banco USamericano. Estoy seguro que si pudiera volver y revisar cuidadosamente toda la casa descubriría que faltan otras cosas. Lo que es tan inquietante no es lo que falta, sino la violación violenta de nuestra privacidad y de nuestros derechos más fundamentales, así como la facilidad con la que una compañía minera transnacional puede comprar quebrantamientos tan brutales.

También vale la pena señalar que según varios testigos presenciales, la policía fue transportada en varios coches sin identificación, sin placas. Aparentemente, dicen, por lo menos un coche pertenece a la compañía minera. Además, testigos presenciales me dijeron que vieron a una persona que es conocida por trabajar para la compañía minera dando vueltas por Santa Rosa, la aldea más cercana a mi casa, la noche antes de la incursión. La misma persona, acompañada por otras conocidas por su apoyo a la compañía minera y tal vez también empleadas por ella, también estaba esperando a la policía el día de la incursión. Sin duda esperaban ver a la policía llevándome esposado.

Algunos de ustedes se preguntan sin duda por qué dejé a mi esposa y a mi hijo para que enfrentaran solos una situación parecida. Nosotros, en realidad, habíamos discutido una posibilidad semejante con anterioridad, concluyendo que si jamás llegaba a ocurrir, yo me iría porque era evidente que el perseguido por la compañía era yo, no ellos.

Durante unos tres años yo, junto con otros dirigentes de la resistencia al proyecto minero de Ascendant Copper Corporation, nos hemos visto sometidos a innumerables casos de intimidación, incluyendo amenazas de muerte, juicios penales, e inmundas campañas de difamación contra DECOIN (Defensa y Conservación Ecológica de Intag) y personalmente en mi contra. Sabía que era uno de los principales dirigentes que tenían en su mira, y que querían intensamente ponerme fuera de acción. Desde el principio, el presidente de la compañía fue llevado a creer erróneamente que la oposición se basa en el liderazgo de unos pocos. No podían estar más equivocados. La resistencia a su proyecto minero está profundamente arraigada en la población de Intag.

La acusación amañada

Pero, para comprender lo que un puñado de policías y un fiscal deshonesto hacían en mi casa a las 6.15 de la mañana con 17 matones fuertemente armados y con una orden de allanamiento y de arresto en mi contra, tenemos que volver a los eventos del 13 de julio de 2006 frente a las puertas del Ministerio de Energía y Minas en Quito.

Ese día, aproximadamente unas 400 personas de Intag habían bajado por la Avenida Amazonas para exigir que el Ministro de Energía y Minas se reuniera con funcionarios de Intag y obligara a Ascendant Copper a abandonar el área de Intag. Fui sobre todo para fotografiar el evento (produje posteriormente un fotovídeo de 15 minutos con mi hijo mayor). De repente me llamaron a un grupo más pequeño que se había separado de la multitud principal, y me pidieron que tradujera, porque había algunas mujeres repartiendo información contra Decoin. Cuando llegué, había aproximadamente unas 50 personas rodeando a dos mujeres de aspecto extranjero, exigiendo una explicación de lo que estaban haciendo allí. Mi hijo más joven, Martin, ya estaba presente, traduciendo, y apenas tuve tiempo para preguntar a la mujer mayor, Leslie Chaplin y a su acompañante, quién las había contratado para hacerlo. Todo lo que dijeron fue que una amiga las había contratado. Entonces me di cuenta de que la multitud había comenzado a bloquear el tráfico en la calle, y me preocupó su seguridad. Mientras me iba para tratar de sacar a la multitud de la calzada, recuerdo claramente que dije a la gente: «no les hagan nada». Estaba preocupado de que si había violencia por parte de la multitud, sería utilizada para calumniar aún más a la oposición. Fue lo último que vi de la señora Chaplin y de su compañera. Pero unos pocos días después, dicha señora presentó acusaciones de robo y asalto en mi contra, diciendo que le había robado una cámara de vídeo de 1.200 dólares y 500 dólares en efectivo. Vale la pena subrayar que todo el intercambio con la señora Chaplin no sólo fue presenciado por varias docenas de testigos, sino que también fue fotografiado por varios fotógrafos, y filmado por lo menos por una persona.

Sobre la base de estas acusaciones amañadas, probablemente orquestadas por la compañía, el sistema legal ecuatoriano inició un juicio penal en mi contra, pero sin notificarme. El tribunal nombró a un defensor público, que tampoco me notificó que había sido acusado para permitirme que presentara evidencia durante el período de 90 días para probar mi inocencia. Cuando expiró el período de 90 días, el fiscal del distrito le pidió al juez que expidiera los mandatos, y fue entonces cuando, misteriosamente, pudieron encontrarme.

Tal como están las cosas, si me arrestan, tendré que permanecer encarcelado por lo menos hasta comienzos de enero, que es el período asignado para el juicio. El abogado que me defiende tratará de lograr que se revoque la orden de arresto, pero admite que será muy difícil. Tanto más por la «nueva evidencia» en mi contra colocada por la policía en mi casa, que indudablemente llevará a nuevas demandas penales.

La presión pública jugará un papel muy importante en el resultado de este vergonzoso abuso de la justicia. Esto significa que es necesario que se escriban cartas denunciando todo esto, que se contacte a la prensa, y que se envíen cartas de apoyo. Muchos de ustedes ya lo han hecho, y me emociona profundamente todo el apoyo que he recibido. Por favor no cedan en sus esfuerzos. Ayuden a que sea el último error de Ascendant en Ecuador.

Carlos Zorrilla es un activista ecológico en Ecuador.

Cómo podéis ayudar

Por favor escribid al Ministro de Gobierno y Policía, Antonio Andretta A., enviando copias a las otras personas mencionadas a continuación, expresando vuestra preocupación de que se utilicen acusaciones dudosas y no verificadas para intimidar y difamar a un reputado y destacado dirigente comunitario, y urgiendo que se investiguen completa y rápidamente las circunstancias relacionadas con la acusación y la incursión policial.

Direcciones de contacto:

Abogado Antonio Andretta Arizaga

Ministro de Gobierno y Policía

Calle Benalcazar y Espejo

Quito – Ecuador

[email protected]

fax +593 258-0067

Dr. Claudio Muecay Arcos

Defensor del Pueblo

Av. de la Prensa N54-97 y Jorge Piedra

Quito – Ecuador

fax +593 2 330-1841

[email protected]

Ingeniero Iván Rodríguez

Ministro de Energía y Minas

Juan León Mera y Av. Orellana, Ed. MOP

Quito – Ecuador

e-mail via www.menergia.gov.ec/secciones/extras/contacto.aspx

Fax: +593 2 290-6350

Su Excelencia Fernando Ribadeneira

Embajador en Canadá

Embajada de la República de Ecuador

50 O’Connor Street, Suite 316,

Ottawa, Ontario K1P 6L2

Canadá

Teléfono (613) 563-8206, 4286/1-866-204-1735 (24h)

Fax (613) 235-5776

e-mail: [email protected]

Hna. Elsie Monge

Directora Ejecutiva

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos CEDHU

Carlos Ibarra 176 y 10 de Agosto

Quito – Ecuador

fax +593 2 258-9272

e-mail: [email protected]

Christian Lapointe

Canadian Ambassador to Ecuador

Embajada de Canadá

Av. 6 de Diciembre 2816 y Paul Rivet

Quito, Ecuador

P.O. Box 17-11-6512

Tel: (011 593 2) 2232-114/2506-162

Fax: (011 593 2) 2503-108

e-mail: [email protected]

Gary E. Davis

President and CEO

Ascendant Copper Corporation

10920 West Alameda Avenue, Suite 201

Lakewood, CO 80226

USA

Tel: (303) 824-0271

Fax: (303) 297-0538

www.ascendantcopper.com

e-mail: [email protected]

Sasha Angus

Director, Enforcement Division

British Columbia Securities Commission

701 West Georgia Street

P.O. Box 10142, Pacific Centre

Vancouver, B.C. V7Y 1L2

Canada

Telephone: 604-899-6500

Fax: 604-899-6506

www.bcsc.bc.ca

e-mail: [email protected]

Mary Ellen Fieweger

Editor

Periódico Intag/Intag Newspaper

Casilla 211

Otavalo, Imbabura

Ecuador

www.intagnewspaper.org

Silvia Quilumbango

President

DECOIN (Defensa y Conservación Ecológica de Intag)

P.O. Box 144

Otavalo, Imbabura

Ecuador

Phone/Fax: (5936 648 593)

e-mail: [email protected] e [email protected]

www.decoin.org

http://www.counterpunch.org/zorrilla10262006.html

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