El atentado sufrido por el líder comunitario Vidal Leiva el pasado 27 de noviembre en Trujillo, no es más que el resultado de la estrategia estatal para la entrega del territorio Garífuna a inversionistas extranjeros, como parte del experimento neoliberal de las ciudades modelo (ZEDE) en Honduras. Vidal recibió tres impactos de bala, y aunque […]
El atentado sufrido por el líder comunitario Vidal Leiva el pasado 27 de noviembre en Trujillo, no es más que el resultado de la estrategia estatal para la entrega del territorio Garífuna a inversionistas extranjeros, como parte del experimento neoliberal de las ciudades modelo (ZEDE) en Honduras.
Vidal recibió tres impactos de bala, y aunque se encuentra en condición estable, tememos por su vida, ya que las amenazas en su contra se generaron desde hace meses, cuando el Comité de Defensa de Tierras de las comunidades de Cristales y Río Negro iniciaron una investigación sobre las ventas de tierras ilegales que se han efectuado a espaldas de la comunidad, con la complicidad de las autoridades municipales y el Registro de la Propiedad.
A partir del año 2008, la comunidad de Guadalupe presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Etnias, por las ventas de tierras ilegales que se estaban efectuando, sin que hubiera intervención estatal alguna para frenar las transacciones, ante la terminante prohibición que existe en los títulos comunitarios de vender a foráneos.
Esta cláusula es determinante para poder preservar la propiedad comunitaria que ampara a las comunidades indígenas.
El empresario canadiense Randy Jorgensen, conocido como el «rey del Porno» en su país de origen, protegido por el clan de los Lobo, específicamente por el controvertido Ramón Lobo, y asociado con figuras relevantes del partido de gobierno, se apoderó de los hábitat funcionales de las comunidades de Guadalupe, Santa Fe, San Antonio y Trujillo. Posterior al golpe de estado del año 2009, durante la dictadura de Roberto Micheletti, presionó a los habitantes de la comunidad de Río Negro con la aplicación de la Ley de Expropiación Forzosa (1913), obligando a los habitantes a vender sus casas de habitación a precios irrisorios, para posteriormente construir la terminal del muelle de cruceros conocida como Banana Coast.
A partir del año 2010, las administraciones «nacionalistas» de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, han cifrado el éxito de sus gestiones en la imposición de las ciudades modelo, conocidas también en su primera versión como Regiones Especiales para el Desarrollo (RED), las que fueron declaradas inconstitucionales, y posteriormente reinventadas como las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Las dos versiones de las ciudades modelo han convertido al territorio Garífuna en un objetivo de subasta al capital extranjero.
Jorgensen y un grupo de inversionistas canadienses acudieron a la sesion especial del Congreso Nacional en Gracias, Lempira, donde se dio luz verde al reglamento de la Ley RED. Incluso, Paul Romer, supuesto autor intelectual de las ciudades modelo, efectuó una gira en Canadá acompañado de Octavio Sanchez, redactor de la Ley RED, con el propósito de asegurar las inversiones de ese país. Los dos firman un artículo publicado por el Global and Mail, donde hablan de una presunta participación de Canadá en la gobernanza de la ciudad modelo.
Las condiciones semifeudales que imperan en Honduras y el colapso del aparato judicial han permitido que el crimen organizado se apodere de la costa norte de Honduras, dando lugar a múltiples conflictos sociales que son solapados por la campaña permanente del poder ejecutivo para intentar revertir la imagen de estado fallido que arrastra la actual administración. Jorgensen se limita descalificar cualquier reclamo aduciendo que estos provienen de «facciones extremistas» dedicadas a crear problemas.
Los miembros del Comité de Defensa territorial de Cristales y Río Negro acusan al encargado de la seguridad del «rey del porno» de haber iniciado un seguimiento permanente a los miembros del Comité, los cuales se incrementaron a raíz del juicio efectuado el pasado 13 de noviembre en contra de Jorgensen, acusado de usurpación de tierras comunitarias.
Conociendo la inclinación a la violencia con que actúa la élite de poder nacional, la implementación de las ZEDE en la bahía de Trujillo, en especial en Puerto Castilla se efectuará a sangre y fuego. Los cuatro mil habitantes de Castilla han sido notificados de forma no oficial que serán relocalizados en Plan Grande, comunidad localizada al oeste de Betulia, fuera de la Bahía de Trujillo.
Las presiones territoriales que enfrenta el pueblo Garífuna cada día se agudizan más. Desde los desalojos en Barra Vieja, Puerto Castilla y Armenia a la persecución sistemática de los defensores del territorio, los que se ven amenazados de muerte al mismo tiempo que presentarse periódicamente a los juzgados ya que muchos de ellos son acusados de ser invasores de sus territorios, demuestran las violaciones a los derechos humanos del pueblo Garifuna, señaladas por la Relatora de Naciones Unidas sobre Pueblos indígenas, la Sra Victoria Tauli-Corpuz y posteriormente por el Relator de Naciones Unidas sobre Desplazados internos el Sr Chaloca Beyani.
La OFRANEH exige una pronta investigación y castigo a los culpables de este atentado contra nuestros compañero Vidal Leiva, así mismo denunciamos la persecución, criminalización, hostigamiento y represión contra los líderes y dirigentes comunitarios de toda la Bahía de Trujillo, quienes vienen desarrollando un trabajo de reivindicación de su territorio ancestral, el cual es necesario para garantizar la sobrevivencia de las futuras generaciones del pueblo Garifuna.
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