Hablo de «herencia maldita» retomando una expresión de Herrera en 1959, cuando el P. Nacional triunfó por primera vez en el siglo XX sobre el P. Colorado. Verdaderamente el país que dejaba Luis Batlle Berres era «el Dorado», la Arcadia, una ínsula radiante y feliz, al lado del país en ruinas que han legado al […]
Hablo de «herencia maldita» retomando una expresión de Herrera en 1959, cuando el P. Nacional triunfó por primera vez en el siglo XX sobre el P. Colorado. Verdaderamente el país que dejaba Luis Batlle Berres era «el Dorado», la Arcadia, una ínsula radiante y feliz, al lado del país en ruinas que han legado al Frente Amplio los gobiernos anteriores al 1º de marzo.
El capítulo militar de esa herencia es la subsistencia en los mandos superiores de las Fuerzas Armadas de una serie de cuadros de conducción principal que no están consustanciados con los postulados del orden constitucional.
Tienen un pensamiento que está reñido con la vigencia de una ley superior, una carta magna, de un sistema institucional que da iguales garantías a todas las personas para ejercer sus derechos civiles y políticos.
La igualdad ante la Ley
La idea de «república» les es ajena. Creen en un sistema en el cual un estamento, una corporación, las Fuerzas Armadas, por su misión o su historia, está por encima de las normas que rigen al conjunto de los habitantes del territorio nacional.
El anuncio del General Córdoba de su discrepancia con la política de Derechos Humanos del gobierno es una novedad impactante. Al oírla o leerla habría que hacer un rato de silencio para pensar. Para hacer memoria.
Para pensar cuántas cosas distintas a eso se nos ha venido diciendo desde hace veinte años. Cuánto verso, cuánto ocultamiento, cuánta hipocresía. Hagamos un ratito de silencio. Tratemos de recordar a todos los ocultadores y a todos verseros. Sus diversas procedencias y estilos, sus acompañamientos. ¡Más de veinte años cantando loas al restablecimiento de la normalidad institucional de las Fuerzas Armadas! Con Sanguinetti y Chiarino, con Lacalle y Mariano Brito, con Sanguinetti e Iturria, con Batlle y Yamandú Fau.
Estado deliberativo
En una institucionalidad democrática íntegra, Juan Córdoba, jefe de la Región Militar Nº 1, no está habilitado para discrepar. Si discrepa se lo guarda para sí y obedece. O pasa a retiro. No puede tener mando de tropa y a la vez discrepar. No lo podría hacer acerca de ningún tema que constituya un acto de gobierno. Pero él discrepa y lo hace público. Otros oficiales superiores con mando de tropa podrán hacer lo mismo. De hecho se instala imprudentemente un estado deliberativo en una institución que no está ni preparada ni legalmente autorizada para debatir.
Pero ¿sobre qué temas este hombre tiene divergencias con el gobierno nacional?
Nada menos que sobre la actitud que asumirán, ante las citaciones formuladas por los jueces, aquellos oficiales acusados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Veamos. Cuando el Presidente Vázquez decide que determinados crímenes cometidos no están comprendidos en la Ley de Caducidad ¿se está excediendo en sus funciones? O, ¿por el contrario está actuando de conformidad con la Constitución y la Ley?
Es claro que el Dr. Tabaré Vázquez está actuando con los mismos asideros normativos y la misma legitimidad constitucional que los hicieron los anteriores presidentes, sólo que estos lo hicieron para decretar que todo estaba amparado en aquella ley, incluso los delitos económicos como las estafas cometidas por los militares y civiles que ocuparon el directorio del Banco Hipotecario, o los crímenes cometidos por civiles como Juan Carlos Blanco, o los perpetrados antes de la vigencia de la Ley.
Animado de otra concepción de los derechos humanos, la que ha sido tradicional de su fuerza política, el presidente Vázquez da curso a determinadas demandas pasando los obrados a la Justicia Ordinaria, como lo establecen las normas.
En ese contexto, alguno de los oficiales acusados anuncia su decisión de no concurrir a la sede judicial y de resistir con las armas en caso que se lo cite mediante la fuerza pública. Una doble violación al Estado de derecho: desconocimiento del Mando Superior, ejercido por el Presidente y su Ministro de Defensa y desconocimiento del Poder Judicial.
Es entonces que, este acto de rebeldía en nombre de la impunidad, este acto de desprecio por las instituciones, típico de la mentalidad sobre la que se construyó el terrorismo de Estado, recibe la intención de apoyo del Jefe del principal agrupamiento militar del país. ¡Vaya «minucia» de discrepancia!
La solidaridad corporativa es inadmisible en las FFAA
La actitud asumida por el Comandante en Jefe del Ejército, Gral. Bertolotti ha sido un paso en la dirección que impulsa el Presidente de la República.
A la vez, creo que vale la pena reafirmar que no es admisible que se reclame para los oficiales acusados alguna forma de «protección corporativa». Tampoco se puede compartir cuando Bertolotti sostiene que «en lo corporativo debemos defender -cualesquiera que fuera sus causas- a los oficiales, personal (que cumplieron órdenes, mal, bien, regular, deficiente, pero tenemos la obligación como soldado de defender a nuestra gente». Ni la Constitución ni la Ley Orgánica definen al Ejército como una corporación.
De ninguna manera se puede confundir el «espíritu de cuerpo» necesario para un ejército en operaciones de guerra con «el espíritu de corporación» para solidarizarse con oficiales acusados de delitos contra la humanidad que no aceptan la autoridad del Presidente y no quiere comparecer en un juzgado.
La depuración de las FFAA
Por otra parte, la subsistencia de pensamientos como los del Gral. Córdoba entre los altos mandos militares es un indicio que el país está lejos de haber procesado cabalmente la imprescindible tarea de depuración de las Fuerzas Armadas.
En esto me sitúo en la más arraigada tradición del pensamiento frenteamplista, reafirmado en uno y otro congreso desde 1985 hasta hoy.
Una cosa es la Ley de Caducidad. Ampara ante la justicia penal. Evita el proceso judicial y la sentencia.
La depuración es un proceso interno de las Fuerzas Armadas. Un proceso que debieron impulsar los distintos gobiernos blancos y colorados que desfilaron por la presidencia desde 1985 al 2005.
La depuración no tiene como objeto castigar sino deslastrar a la institución militar de aquellos oficiales que tuvieron responsabilidades políticas durante la dictadura o sobre los que pesan denuncias por su participación en crímenes contra la humanidad.
Depurar es no ascender a esos oficiales. Es impedirles que sigan su carrera hacia las cimas de la jerarquía militar. Que dejen de tener mando de tropa.
La no-depuración implica una proyección actual y futura de la impunidad. No solo no se los castiga, sino que se acrece su gravitación en una institución vertical, donde todo se decide en las cúpulas. No depurar es sentarse a esperar suerte en la cima de un volcán.
Toda transición de una dictadura a una democracia entraña una depuración que en nuestro país Sanguinetti y Lacalle omitieron deliberadamente. Hasta siguieron en carrera los acusados por el crimen de Berríos, perpetrado y descubierto en pleno gobierno lacallista.
A la depuración tendió la bancada de senadores del Frente Amplio cuando, a lo largo de los años, una y otra vez, con informaciones internas de los partidos y de las ONGs, votaron negativamente las venias para los ascensos de oficiales que tenían radicadas denuncias en sede judicial. Pero las venias se votaron porque blancos y colorados tenían los votos para lograr esos ascensos.
* El programa democrático hacia las FFAA
En el capítulo militar de la «herencia» queda mucho por hacer: leyes orgánicas que modificar, establecimiento en clave democrática de la «misión de las FFAA», contenido de los cursos en los institutos de formación, etc. Sobre todo eso ha trabajado con seriedad el FA. Habrá que legislar, porque ahora la responsabilidad del gobierno es del FA y sus aliados.