Una encuesta realizada en cinco países de América Latina revela que un cuarto de las mujeres que trabajan la tierra tienen derechos sobre esas parcelas. Las mujeres son responsables del 50 por ciento de la fuerza laboral formal de producción de alimentos en el mundo, pero son quienes menos derechos tienen sobre los territorios donde producen.
Siete de cada diez mujeres productoras de alimentos tienen acceso a la tierra para producir alimentos, pero solo tres tienen títulos de propiedad sobre los campos y la tierra donde trabajan. Los datos fueron revelados en el informe «Ellas alimentan al mundo», realizado por el medio feminista LatFem y la organización internacional WeEffect. El trabajo evidencia las desigualdades en cuanto al derecho a la tierra de mujeres campesinas en América Latina.
La encuesta aborda los impactos de la desigualdad en las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes de América Latina en temas como el acceso a la tierra, el impacto de la pandemia del Covid19, el derecho a la alimentación y la defensa de la tierra en las regiones más peligrosas en el mundo para activistas ambientales, según Global Witness. Los países analizados en la encuesta fueron Bolivia, Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras.
Las mujeres son responsables del 50 por ciento de la fuerza laboral formal de producción de alimentos en el mundo, según la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Sin embargo, son quienes menos derechos tienen sobre los territorios donde producen. A pesar de garantizar alimentos para sus familias y comunidades, la gran mayoría no tiene derechos sobre los territorios que cultiva.
Acceder a las parcelas por herencia
«La mujer que se convierte en dueña de su tierra simplemente tiene que ser viuda, divorciada o separada», dice una de las entrevistadas en el marco del informe, Ana Rosalía, del Comité de Unidad Campesina (CUC) de Guatemala. En efecto, la mayoría adquiere el derecho sobre las parcelas a través de la herencia, al quedar viudas o huérfanas. Este es el caso del 38 por ciento de las encuestadas en Bolivia, del 24 por ciento de las consultadas en Guatemala, del 23 por ciento de las entrevistadas en El Salvador, del 16 por ciento de las participantes en Colombia y del 14 por ciento de las informantes en Honduras.
Entre las afrodescendientes, los registros son prácticamente inexistentes. Solo ocho mujeres de este grupo en la encuesta aparecen como propietarias, y de menos de un cuarto de hectárea.
La investigación refuerza la noción de que la estructura patriarcal que disminuye el rol de la mujer también se reproduce en bosques y campos, más allá de las cuatro paredes de la realidad doméstica urbana. «Su trabajo y actividades diarias, como réplica de lo que ocurre en el mundo de los sistemas de cuidado, históricamente han sido invisibles o naturalizados como parte de un must be [deber ser]».
No es de extrañar que las mujeres y las niñas sean más vulnerables frente al trabajo esclavo, como lo revelaron recientemente reconocidos relatores independientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El derecho a la tierra de mujeres campesinas en la pandemia
Según el informe Ellas alimentan al mundo, el 57 por ciento de las mujeres enfrentan dificultades para acceder a los alimentos como resultado de la crisis de salud. Es un hecho que se cruza con el aumento de la pobreza con tasas que no se ven desde hace 20 años en la región. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) afirma que, en 2020, la pobreza extrema afectó al 12,5 por ciento de la población de América Latina y el Caribe y que la pobreza alcanzó al 34 por ciento. Esto representa un total de 209 millones de personas, 22 millones más que en 2019.
Ante la dificultad de comer, la mayoría de las entrevistadas en la encuesta dijeron haber resuelto el problema en comunidad, intercambiando alimentos y con el apoyo mutuo en redes de cooperación. Solo el siete por ciento afirmó haber recibido ayuda del gobierno y el 17 por ciento contó que aún no podía resolver el problema de la falta de alimentos. Bolivia fue el país donde este problema se expresó en mayor porcentaje entre las mujeres rurales (22 por ciento), seguido de El Salvador (21 por ciento), Colombia (20 por ciento), Guatemala (19 por ciento) y Honduras (18 por ciento).
El trabajo concluye que la pandemia refuerza la deficiencia del sistema alimentario predominante, que produce alimentos suficientes para toda la población mundial, mientras mantiene a más de 800 millones de personas en situación de hambre en el mundo.
Guardianas de las semillas
Muchas productoras deben buscar formas de producir en tierras no aptas para el cultivo de alimentos o en tierras de mala calidad, ya sea para alimentar a sus familias (57 por ciento) o para la venta (36 por ciento). El 73 por ciento de las entrevistadas tiene acceso a menos de una hectárea para producir y el 26 por ciento produce en menos de un cuarto de hectárea, mucho menos que una pequeña finca que, según el Banco Mundial, representa dos hectáreas. Solo el 20 por ciento accede a terrenos de entre una y cinco hectáreas y el dos por ciento accede a más de 20 hectáreas.
Otro factor importante considerado en la investigación fue el rol que jugaron las mujeres de comunidades indígenas y quilombolas como guardianas de las semillas criollas. Además de servir para la subsistencia, la cultura alimentaria y la conservación y transmisión del conocimiento a lo largo de generaciones, ha sido la única práctica capaz de proteger las variedades de semillas nativas en sociedades dominadas por la agroindustria y las semillas transgénicas y de garantizar la soberanía alimentaria de estas comunidades.
Yasmín López, coordinadora general del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (Codimca) en Honduras afirma que «para que tengamos soberanía alimentaria, necesitamos una reforma agraria». En ese sentido, contó que hace seis años las organizaciones campesinas de su zona presentaron un anteproyecto de Ley de Reforma Agraria con equidad de género para la soberanía alimentaria y el desarrollo rural. «Esta ley propone cómo generar medios de vida para el campesinado, cómo crear mercados locales y mercados artesanales y también cómo podemos plantear el papel que históricamente hemos desempeñado las mujeres en la producción de alimentos», explicitó López.
El derecho a la tierra de mujeres campesinas: una pelea de alto riesgo
Además de la desigualdad de género que enfrentan las mujeres, defender la tierra y los bienes comunes es especialmente peligroso en América Latina y el Caribe. El 30 por ciento de las encuestadas afirmó haber sufrido violencia o amenazas por el rol que desempeñan en sus comunidades. Un 58 por ciento de las entrevistadas no presentó denuncias y sufrió persecución. El 83 por ciento de quienes sí lo hicieron informó no haber recibido respuesta de sus gobiernos. Entre quienes sufrieron actos de violencia o amenazas, el 50 por ciento percibió «diferencias» en el tipo de violencia «por ser mujer».
Colombia, el país que mató a más activistas ambientales en el mundo en 2020 según Global Witness, encabeza la lista de mujeres que afirmaron haber sido amenazadas por el papel que desempeñan en sus comunidades, representando el 60 por ciento de las entrevistadas. Lo mismo se reportó en Guatemala (29 por ciento), Honduras (27 por ciento), Bolivia (26 por ciento) y El Salvador (8 por ciento).
Según las autoras del relevamiento, la investigación revela que el acceso y control de la tierra es uno de los problemas centrales de las mujeres, sumado a la falta de políticas públicas y la priorización de este tema por parte de los Estados.
“Que las mujeres campesinas, rurales, indígenas y afrodescendientes tengan acceso y control de la tierra es una condición fundamental para su empoderamiento económico, autonomía y derecho a una alimentación justa, y contribuye a reducir las desigualdades entre mujeres y hombres”, afirman.