El Ejército de El Salvador impidió este martes, por tercera ocasión, la inspección judicial de sus archivos militares relacionados con la masacre de 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y que son requeridos en el proceso penal, a pesar de que la Sala de lo Constitucional avaló la diligencia.
El juez instructor de la causa, Jorge Guzmán, y las partes involucradas en el proceso llegaron a la sede de la Segunda Brigada Aérea en la central localidad de San Luis Talpa, donde un oficial impidió el ingreso.
El juzgador explicó que la «diligencia judicial en firme», de la que «queda únicamente su cumplimiento», es para localizar documentos de la época de la guerra civil (1980-1992) que sirvan como prueba en el proceso penal, que se encuentra en etapa de instrucción.
«Esta unidad no cuenta con ninguna documentación que esté relacionada con la que usted busca» y «yo no puedo autorizarle el acceso a los archivos», indicó al juez el capitán Carlos Escobar.
Argumentó que dicha unidad militar fue fundada en 1986, cinco años después de la masacre, y que en su archivo guardan documentos secretos.
El argumento de que en las instalaciones militares se guardan este tipo de planes y que los mismo documentos de la época de la masacre son secretos se utilizó en las dos ocasiones anteriores en las que se bloqueó la diligencia.
El 21 de septiembre pasado se bloqueó el ingreso del juez al Estado Mayor de la Fuerza Armada en San Salvador y el lunes en la Primera Brigada Aérea en la central localidad de Ilopango.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó un amparo presentado por el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, que buscaba frenar por la vía legal las inspecciones, con lo que dio respaldo constitucional a la orden del juez que lleva la causa.
«No se advierte la supuesta vulneración a los derechos constitucionales que se ha alegado, sino una mera disconformidad con la orden de inspección con intervención de ciertos archivos militares de la Fuerza Armada», señalaron los magistrados en su fallo emitido el 9 de octubre y dado a conocer el lunes.
Entre el 10 y 13 de diciembre de 1981, unidades de elite del Ejército ejecutaron al menos a 988 personas, la mayoría niños, en una operación militar de tierra arrasada.
Más de una docena de mandos militares retirados son procesados por crímenes de lesa humanidad y en el proceso, en etapa de instrucción, han declarado unos 40 testigos.