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En
las últimas semanas, faltando menos de cinco meses a las elecciones
generales, en Honduras se registra una aceleración, hasta cierto punto
inesperada, del cuestionado proyecto de las Zonas de Empleo y Desarrollo
Económico (ZEDE) que promete empleo, desarrollo y bienestar para miles de familias que siguen hundidas en la miseria.
Hace
exactamente una década, el Congreso reformó varios artículos de la
Constitución y aprobó un reglamento para la creación de las Regiones
Especiales de Desarrollo (RED), popularmente conocidas como ‘ciudades modelo’ o ‘charter cities’.
Ideadas y promovidas por el economista estadounidense Paul Romer,
las RED proyectaban el sueño de grandes zonas de territorio nacional
con un altísimo grado de autonomía, ofrecidas por tiempo indefinido al
capital transnacional para, supuestamente, generar empleo.Contra
el proyecto, que trataba burdamente de paliar la grave crisis política,
económica y social post golpe (2009), se activaron y movilizaron
organizaciones sociales, populares, de juristas, con el apoyo decidido
de amplios sectores de la sociedad hondureña.
Se recolectaron firmas en todo el territorio nacional y se presentaron más de 50 recursos de inconstitucionalidad. Además, la Asociación de Juristas por el Estado de Derecho acusó formalmente por el delito de traición a la patria al entonces mandatario Porfirio Lobo, al presidente del Congreso Juan Orlando Hernández y a 126 diputados.
En octubre de 2012, el pleno de magistrados de la Corte suprema de justicia resolvió declarar inconstitucional el decreto legislativo 283-2010, con el que los poderes ejecutivo y legislativo pretendían crear las RED.
La decisión se tomó después de que cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional hicieran lo mismo, resolviendo la avalancha de recursos de inconstitucionalidad presentados por los sectores antagonistas al proyecto.
Según ellos, el decreto atentaba contra preceptos pétreos establecidos en la Constitución, como la forma de gobierno y la soberanía nacional.
ZEDE, más de lo mismo
Como era de esperar, los principales impulsores del proyecto (oligarquía hondureña y pedazos de Estado coludidos con la política tradicional) no se dieron por vencidos.
En diciembre del mismo año, el Congreso, siempre presidido por Hernández, abrió un juicio político y asestó un verdadero golpe de estado técnico, destituyendo a los cuatro magistrados “rebeldes”.
En enero del nuevo año, una amplia mayoría parlamentaria volvió a aprobar reformas constitucionales para dar vida a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y a los regímenes especiales (decreto 236-2012). Ocho meses después se aprobó su ley orgánica (decreto 120-2013).
ZEDE, un peligro
Se trata en práctica de una reformulación de las RED que mantiene intacta la estructura de espacios territoriales con condiciones especiales otorgadas a inversionistas extranjeros, para implementar actividades económicas en total autonomía en cuanto a política fiscal, aduanera, laboral, judicial y de seguridad.
Sin embargo, no fue hasta casi 7 años después que Honduras dio los primeros pasos para la instalación de una ZEDE (Roatán Próspera), otorgando los permisos al consorcio de inversionistas internacionales Honduras Próspera, para que se instalarán en la isla caribeña de Roatán (Islas de la Bahía) y la aldea Satuyé, en las afueras de la ciudad de La Ceiba (Atlántida).
Y fue hasta finales de mayo del 2021 que el Congreso aprobó una cuestionada reforma a la ley orgánica de las ZEDE – según los partidos de oposición en la votación virtual no se alcanzó la mayoría calificada de dos tercios y hubo presencia de personas ajenas al parlamento – que amplían aún más las exoneraciones de impuestos y los beneficios fiscales para quienes invertirán en estos proyectos.
A aprobar y reglamentar las nuevas ZEDE será el Comité de Adopción de Mejores Prácticas (CAMP), cuyos miembros son electos por el Ejecutivo y que actualmente está integrado por personas de absoluta confianza de Juan Orlando Hernández.
Finalmente, a mediados de junio, el pleno de la Corte Suprema de Justicia aprobó el establecimiento de la Jurisdicción Especial de las ZEDE, que operará bajo la figura del derecho anglosajón que, de acuerdo a varios expertos, muy poco tiene que ver con la cultura jurídica hondureña.
Además de la ZEDE en Roatán y La Ceiba, donde Honduras Próspera LLC espera invertir 500 millones de dólares y generar unos 10 mil empleos en diferentes ámbitos, ya se aprobó otra (Ciudad Morazán) en Choloma (Cortés), donde se concentra la actividad maquiladora que ya goza de amplios beneficios y exoneraciones fiscales. Se desarrolla sobre un área de 24 hectáreas y espera albergar a unas 10 mil personas.
Otra ZEDE más (Orquídea) se está instalando, bajo la más estricta confidencialidad, en San Marcos de Colón (Choluteca), en el sur del país, enfocándose en el sector agroindustrial y rigiéndose por el derecho privado del estado de Delaware. Más proyectos se estarían aprobando en los próximos meses en al menos trece zonas del país, un escenario que ha despertado nuevamente la reacción de amplios sectores de la población hondureña, en especial los que se ven y se verán directamente afectados por dichos proyectos.
Arrecia la protesta
El año pasado, la comunidad de Crawfish Rock se levantó contra la instalación de la ZEDE ‘Roatán Próspera’, aduciendo falta absoluta de consulta previa, libre e informada y la violación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
A raíz de las protestas se conformó la Alianza en Defensa de las Islas de la Bahía que, junto al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y otras instancias, lanzaron la campaña ‘Honduras is not for sale/Honduras no está a la venta’, que tiene el objetivo de recolectar firmas para exigir la abrogación de la Ley de ZEDE.
En este contexto de creciente movilización anti-ZEDE, el CNA presentó el informe ‘Los pecados capitales de las ZEDE’. Además de considerarlas inconstitucionales, el organismo pide que se investigue a quienes las promovieron e impulsaron para que sean juzgados por el delito de traición a la patria.
El CNA basa su planteamiento en varios elementos, entre otros, el hecho de que establecerán su propia normativa y política interna, gozarán de autonomía funcional y administrativa, establecerán un sistema judicial autónomo e independiente, podrán recaudar y administrar sus proprio tributos y establecer su propia política monetaria, implementar sus propios sistemas de salud, educación, seguridad social, protección laboral y de derechos humanos.
Asimismo, se les permitirá realizar expropiaciones sin control, tener su propio régimen y registro de la propiedad, firmar tratados internacionales, controlar puertos y aeropuertos, tener sus propias fuerzas públicas, servicio de inteligencia y sistema penitenciario. Hasta permitirán a extranjeros tener propiedad de tierra exclusivas para hondureños.
Para el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) existirían al menos 8 puntos de las ZEDE que son ilegales e inconstitucionales. El Colegio introduce también el concepto de alegalidades, es decir “casos en los que se cumplen las formalidades de las normas, pero se aprovechan sus vacíos o limitaciones para lograr beneficios que tienen consecuencias en contra del sentido de esa norma”. En el caso de las ZEDE, se estarían usando alegalidades para “legitimar concesionamientos y despojos territoriales”.
El Colegio Médico de Honduras (CMH) considera que las ZEDE “violentan el goce del derecho a la salud y a la colegiación profesional obligatoria consagrada en la Constitución”. Además, considera que el Estado estaría perdiendo “la posición de garante de derechos fundamentales” como son el derecho a la salud, educación y seguridad social, trasladándolos de forma arbitraria al CAMP «en detrimento del goce y ejercicio de derechos que le corresponde a la población”.
Contras
las ZEDE se han expresado también universidades, sindicatos,
organizaciones de derechos humanos y un amplísimo abanico de
organizaciones sociales y populares. Fuertes movilizaciones se registran
en varios puntos del país, en especial en territorios indígenas y
campesinos.
La misma Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) ha informado que procederá a interponer acciones judiciales para que las ZEDE sean declaradas inconstitucionales.
Hasta el Sistema de Naciones Unidas expresó preocupación
respecto al marco constitucional y legal de las ZEDE, cuya
implementación “podría implicar serios riesgos al cumplimiento de la
obligación general del Estado de Honduras de respetar y garantizar el
libre y pleno ejercicio de los derechos de todas y todos los habitantes,
sin discriminación”.
Falso desarrollo
A
la base de todo está la falsa promesa de desarrollo y generación de
miles de puestos de trabajo para Honduras, en un país donde el 70% de la
población vive en pobreza, más de 45% en pobreza extrema y cada día hay
cientos de hondureños que huyen del país por la violencia, la pobreza y
la falta de oportunidades.
Un espejismo que el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh)
bien señala en su más reciente informe, donde advierte que la situación
permanente de crisis sistémica desde la implementación neoliberal “ha
tenido el propósito de invitar al gran capital, facilitando su ingreso
de forma agresiva, permitiendo el despojo de territorios y recursos que
podrían haber sido utilizados para proyectos de desarrollo nacional”.
De
la misma manera recuerda que en Honduras siempre ha existido ese tipo
de economía de enclaves, sin embargo la propuesta de las ZEDE implementa
una expansión y profundización del modelo, priorizando sectores como
minería, turismo a gran escala, agroindustria, producción energética
renovable e infraestructuras y entrando en conflicto con pueblos y
comunidades que “perciben estos proyectos como una amenaza debido a la
poca protección normativa que el Estado les provee”.
Un tercer
grave problema que señala Fosdeh es que las ZEDE implican una dinámica
de cierre social en el territorio donde se instalan “con la conformación
de estructuras de poder que pesarán en las decisiones del Estado a
futuro”.
El informe considera la promesa de generación de empleo
un ‘ilusionismo’ y advierte acerca del mito de la cacareada y engañosa
responsabilidad social empresarial.
“Tanto el gobierno como estos
sectores privados transnacionales ofertan una serie de propuestas
demagógicas, encaminadas a construir una percepción colectiva de
carácter positivo de estas iniciativas, para posteriormente generar un
‘linchamiento mediático’ y estigmatizar a quienes se resisten al despojo
o plantean propuestas alternativas a las extractivistas.
No hay
que olvidar – continúa el informe – que el objetivo final del
capitalismo transnacional y los gobiernos es el de desconflictivizar los
territorios para volver más fácil su intervención y despojo de
recursos”.
Guarida para capitales ilícitos
A Ismael Zepeda,
economista del Fosdeh, preocupa que el país siga perdiendo cada vez más
en términos tributarios, lo cual amplia y profundiza las desigualdades.
“Nos preocupa también el tema de territorialidad, el
aprovechamiento descarado de territorios y bienes comunes para generar
más riqueza para los pudientes. Esto va a generar más conflictividad y
polarización social.
Nos preocupa que las ZEDE se conviertan en
paraísos fiscales y guaridas para capitales ilícitos. No es un caso que
el sector financiero no se haya pronunciado sobre las ZEDE. Las están
viendo como puertos seguros para trasladar y proteger sus riquezas.
Nos
preocupa – insistió Zepeda – el tema de derechos laborales y la falsa
imagen que se está proyectando en términos de generación de desarrollo y
nuevos empleos. Ya lo hemos dicho y lo reafirmamos: es una burda
ilusión, un espejismo”.
El economista recordó que ya hay varios
inversores que consideran como agotado el modelo de las zonas francas
(maquilas) y las leyes que las regulan, y ven las ZEDE como una
extremización de este mismo modelo. Estamos hablando de empresas que
están haciendo inversiones millonarias, cerrando contratos a nivel
internacional y que tienen proyecciones decenales.
“Esto va a generar graves problemas de constitucionalidad, soberanía, territorialidad, fiscales y laborales”, advirtió.
Para
Zepeda, la actual coyuntura electoral está siendo aprovechada por el
oficialismo para hacer campaña, acelerar la aprobación de ZEDE, hacer
reformas a la legislación que las regula y hacer que sea muy difícil
poder revertirlas en el futuro.
“El partido de gobierno y sus
aliados saben que deben aprovechar de la correlación de fuerzas que hay
actualmente en el Congreso, algo que difícilmente tendrán después de las
elecciones de noviembre, cuando habrá una mayor fragmentación
parlamentaria.
De la misma manera, para los sectores que se
oponen a las ZEDE va a ser mucho más complicado alcanzar los dos tercios
de votos para reformar o abrogar la ley. El control casi absoluto de
las instituciones por parte del oficialismo va a complicar aún más ese
propósito, que surge de amplios sectores de la población y la sociedad
civil”, concluyó Zepeda.
Pese a los juegos de la política, la protesta avanza y se expande en todo el país. Así nos lo asegura Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh)