La leyenda parecía eterna pero, sin embargo, se disolvió en la nada, en apenas poco más de una semana. A mediados del pasado siglo Estados Unidos había anunciado a bombo y platillo que Puerto Rico dejaba de ser una colonia y se transformaba en un socio con el que habría suscrito un Pacto, supuestamente entre […]
La leyenda parecía eterna pero, sin embargo, se disolvió en la nada, en apenas poco más de una semana.
A mediados del pasado siglo Estados Unidos había anunciado a bombo y platillo que Puerto Rico dejaba de ser una colonia y se transformaba en un socio con el que habría suscrito un Pacto, supuestamente entre iguales, bautizado como «estado libre asociado».
Como mago que saca un conejo del sombrero, Washington mostró orgulloso la nueva criatura ante la Asamblea General de la ONU y advirtió que en lo adelante no le rendiría cuentas sobre la situación de un territorio que ya no estaría bajo su dominio. La Asamblea, que en 1953 era ampliamente controlada por Estados Unidos, endosó esa posición en una votación de 26 a favor, 16 en contra y 18 abstenciones. En otras palabras a pesar de la Guerra Fría y del poderío entonces indiscutido que ejercía sobre un Foro en el que aun no participaban la mayoría de sus doscientos miembros actuales, el mago no pudo convencer siquiera a la mitad de la Asamblea.
Al interior de la isla los nacionalistas e independentistas sufrieron la más brutal represión. Muchos cayeron combatiendo o asesinados, no pocos perdieron sus trabajos y sufrieron persecución y discriminación. Otros fueron condenados a largas sentencias en prisiones federales, entre ellos, Pedro Albizu Campos, quien sólo fue liberado cuando estaba al borde de la muerte.
Año tras año los patriotas denunciaron la farsa y reclamaron la solidaridad internacional pero su reclamo parecía encarar la sordera universal.
Entretanto la ONU fue cambiando. A ella entraron decenas de países, de África, Asia, el Caribe y Oceanía, provenientes de un proceso que desmanteló a los viejos imperios coloniales. A casi todos. Washington se las arregló para seguir practicando el colonialismo como si nada hubiese ocurrido en el mundo.
La ONU adoptó en 1960 la Declaración 1514 (XV) proclamando el derecho inalienable a la independencia de todos los pueblos aun sometidos al dominio foráneo y estableciendo la obligación de las potencias coloniales a transferirles el poder para que pudiesen disfrutar de «una independencia y libertad absoluta».
Desde la creación del Comité Especial de la ONU encargado de aplicar esa Declaración los boricuas trataron de ser escuchados. No lo lograron hasta 1973. A partir de ahí cada año el Comité aprobó resoluciones que, siempre adoptadas también por la Asamblea, le reconocieron a Puerto Rico ese derecho y exhortaron a Estados Unidos a actuar en consecuencia. Washington tercamente insistió en que el asunto había sido resuelto con la creación del «estado libre asociado». Este año, en la discusión del Comité, participaron los representantes de todos los sectores puertorriqueños absolutamente, sin excepción, incluyendo al actual Gobernador de la isla y a quienes abogan por su anexión a los Estados Unidos y todos, sin excluir a alguno, admitieron que es una situación colonial que debe ser resuelta con urgencia y de acuerdo con el mandato de la ONU.
Una cuestión gravitaba sobre este debate. La crisis económica de la isla, consecuencia del fracaso del modelo económico que se le impuso, había conducido a una deuda colosal y la insolvencia. Las autoridades locales quisieron encontrar remedios por sí mismas imaginando que tenían capacidad para hacerlo pues así lo sugería el viejo mito. Ensayaron también, inútilmente, que se les permitiese acogerse a los procedimientos de bancarrota como hizo, por ejemplo, Detroit. Pero en pocos días fueron obligadas a despertar. La Corte Suprema, el Congreso y la Administración norteamericana solemnemente y en términos inequívocos dijeron lo que los patriotas nunca se cansaron de denunciar: Puerto Rico carece de soberanía propia y está sujeta completamente a los poderes de Washington, o sea, es una posesión norteamericana, un territorio colonial. Para colmo el Presidente Obama sancionó una ley que crea una Junta de Control Fiscal que se ocupará de cobrar la deuda y dirigirá las finanzas y la economía puertorriqueñas. Los siete miembros de la Junta serán designados por Washington. Sin contar para nada con el imaginario «socio» le despojaron de sus escasos atributos.
Como era de suponer la situación ha generado un rechazo unánime.
El telón finalmente ha caído sobre la farsa del «estado libre asociado».
Dando muestras de altura y generosidad las fuerzas independentistas han propuesto una salida posible. Por su iniciativa, además de la Resolución anual, el Comité aprobó por unanimidad un Acuerdo especial encargando a su Presidente emprender sus buenos oficios para promover un diálogo entre Washington y quienes buscan la descolonización con el fin de resolver este caso conforme a lo que la ONU ha demandado por muchos años ya. Obama tiene la palabra.
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