“A Honduras le ha ido bien, mejor de lo esperado…
En cuanto a las Reservas Internacionales Netas, el país mantiene 5 meses de importaciones”. (Rodrigo Valdés, Director del Hemisferio Occidental en el Fondo Monetario Internacional (FMI)
Todo apunta a que el Gobierno de Xiomara Castro, por el manejo de la política económica, sea un buen alumno del Fondo Monetario Internacional (FMI), y reciba aplausos y gradúe con honores, tal como ocurrió con el Gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), donde los aplausos fueron dobles (2014-2021). En septiembre de 2023, el Gobierno llegó a un acuerdo de cooperación con dicho organismo, que corresponde a recursos del Servicio Ampliado del FMI (SAF) y al Servicios de Crédito Ampliado (SCA) por tres años, lo que posibilita tener acceso a unos 830 millones de dólares.
Estos aplausos “iniciales”, ya que la turbulencia política puede afectar el cumplimiento de las Metas con el FMI durante 2024-2025, tienen relación con los esfuerzos del Gobierno por mantener bajo control las presiones inflacionarias y dar una evidencia manifiesta de control efectivo del déficit fiscal, aunque el endeudamiento público y drenaje de recursos que genera, caso particular de la crisis financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), conspire contra las acciones poscovid-19 por espacios fiscales de apoyo suficiente a la inversión productiva-social, cambio climático, combate de la pobreza e inseguridad alimentaria. Se suma el crecimiento positivo del PIB en 2022-2023 y los buenos pronósticos para 2024-2025.
La inflación cayó de 9.8% en 2022 a 5.19 % en 2023, y espera se situé entre 4% y 5% como promedio para 2024-2025. Se estima que el déficit fiscal de la Administración Pública Central (APC) será de 1.3%/PIB en 2024, muy inferior a 5%/PIB en 2021 y 7.0%/PIB en 2020. En el caso del Sector Publico No Financiero (SPNF) se habla de un déficit de 3%/PIB en 2024, mayor al de 2022 y 2023, pero con un espacio fiscal para inversión productiva de 1.3%/PIB.
Entre 2022 y 2023, la tasa de crecimiento promedio del PIB fue mayor al 3.7% y en 2024 se estima un crecimiento de3.6%, siendo Honduras uno de los países que más crecerá en la región centroamericana. Este crecimiento, quiérase o no, ha recibido un fuerte impuso por parte del Gobierno, referido especialmente al apoyo a la inversión económica, social y productiva con mejoras en la recaudación de impuestos, pero también es visible el aliciente de una baja Tasa de Política Monetaria (TPM) de 3.00% y mayores flujos de remesas familiares, frente a un repunte de la Inversión Extranjera situada arriba de los 1,000 millones de dólares en 2023.
Los aplausos también refieren al aumento de los ingresos del Gobierno, en más de 10,100 millones de lempiras entre 2022 y 2023, en una coyuntura donde el FMI exige la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria para poder sostener el espacio fiscal. Igual, la importancia del flujo de remesas equivalente a más de 5 meses de importaciones, en una economía que ha mostrado mucha resiliencia frente a los shocks externos.[1]
Hay quizá puntos de agenda que ameritan un tratamiento integral, más allá de los simples objetivos de estabilización económica y reformas sectoriales. La sostenibilidad de endeudamiento y productividad del gasto de inversión es clave. En 2022, el Gobierno tuvo que recurrir a recursos internos, como préstamos de Banco Central para enfrentar los desequilibrios financieras, mientras se ordenaban las finanzas, caso de la caja única y se eliminaba la mayoría de los fideicomisos, una especie de “piñata” financiera en contra del Estado.
El crédito inicial del Banco Central al Gobierno fue de 1,000 millones de dólares, al cual se suman 336 millones de dólares de fondos DEG para apoyo presupuestario y pagos del servicio de la deuda autorizados por el FMI.
Se espera que, las condiciones de crédito externo sigan mejorando, por lo que,a futuro, debería utilizarse recursos que no comprometan la capacidad de pago del país, complementado con acciones de cooperación entre países para cambiar-en lo posible-el perfil de la deuda.[2]
Al cierre de 2023, cifras de la Secretaria de Finanzas (SEFIN) muestran que la deuda total de la APC ascendió a 16,667.8 millones de dólares, a la cual hay que sumar 4,003.2 millones de dólares de la ENEE, unos 784.7 millones de dólares por otra piñata, las Alianzas Publica-Privadas (APP), y deuda de gobiernos locales por 411.5 millones. Un 32.2 % de esa deuda son créditos externos, y 66% créditos internos, dejando el resto (1.8%), como financiamiento bilateral del presupuesto anual.
Honduras, contrario a lo que se pensaba por ser un gobierno de corte progresista, ha sido un buen pagador, que se ha reflejado en un saldo menor de la deuda externa del Sector Público No Financiero según el Banco Central. En 2023 desembolsó 881. 4 millones de dólares, un 28.3%/PIB en pagos del servicio de la deuda (capital más intereses) que sumados a la deuda del Banco Central de977.8 millones de dólares, refleja unpago mayor de 205.2 millones si se compara con 2022. [3]
Ligado a ello, está la reforma pendiente del sector energético, donde la crisis de la ENEE es el principal obstáculo. Al FMI no le ha gustado que el Gobierno asumiera de nuevo el control de la ENEE, al considerarse como un bien y patrimonio público; sin embargo, conviene demostrar que fue la decisión correcta en el cumplimiento de metas (reducción de pérdidas técnicas y no técnicas arriba del 36%), eficiencia y manos limpias en el manejo de los contratos de energía (viejos y nuevos). Es quizá, una de las principales reformas de tipo estructural dentro de los programas de ajuste, que el FMI necesita acompañar para concluir un proceso que data desde hace más de 15 años, eliminado la fuga de fondos públicos.
La resiliencia al cambio climático es unos de los principales desafíos de las políticas económicas y ambientales, sumado a un fortalecimiento de la institucionalidad y gobernanza. Es clave la descentralización del Estado, con el traslado de competencias, recursos, funciones y poder a gobiernos locales, organizaciones y grupos comunitarios y ambientales en la protección de los recursos naturales, gestión del riego ambiental y alimentario en la principales regiones y departamentos del país. Los incendios forestales afectan los cultivos, igual o más que la sequía.
La política cambiaria también es parte del Convenio. Entre los límites de liberalización total de la tasa de cambio o control único del Gobierno, se ha venido apostado a una política de minidevaluaciones, con ajustes pequeños de la tasa de cambio por pérdida de competitividad de las exportaciones al apreciarse la tasa de cambio del lempira frente a las monedas de los principales socios comerciales. Esta política, contrario al pasado, tiene un costo más visible, cual es la pérdida de reservas monetarias para suplir la demanda de divisas y mantener la paridad en márgenes aceptables, dentro de las reglas establecidas por el Banco Central sin asomos de mercado paralelo.
EL FMI apoyará al Gobierno en un estudio del mercado cambiario, para determinar cuál (es) de los regímenes cambiarios le conviene más. Un trabajo muy sensible, ya que en el pasado recomendó la devaluación del lempira en exceso y liberalización del mercado cambiario como lo hizo JOH al final, pero sin devaluaciones abruptas. El Gobierno del Socialismo Democrático es poco probable que seda en estas pretensiones, igual apruebe una legislación que da más autonomía al Banco Central.
Las remesas familiares, más que las exportaciones e ingreso de divisas vía prestamos, ha venido constituyéndose como escudo protector frente a la devaluación y liberalización cambiaria total. “Los flujos de remesas familiares ascendieron USD 8,683.6 millones en 2022, 17.8% más que lo registrado en 2021. La importancia de las remesas familiares en la economía hondureña ha aumentado en los últimos años: (…) Pasaron de representar el 6.1% del PIB en 2000 a 25.3% en 2021. De manera similar, en el 2000, eran equivalentes al 13.2% de las exportaciones de bienes, mientras que, en 2021 dicha ratio ascendió a 70.3%. Respecto a la Importación de Mercancías Generales CIF, este indicador representó un 54.3% y respecto del Gasto de Consumo Final del Sector Privado un 29.8% en 2021”[4]
La mayor flexibilidad del mercado de trabajo es un tema de agenda no cubierto entre actores económicos, gremiales y Gobierno. Se busca retroceder con la Ley de Empleo por Hora, pero el Gobierno no se manifiesta de acuerdo ya que precariza el trabajo. EL FMI abandera la flexibilización laboral, pero la preocupación inmediata es como generar recursos internos para financiar la mayor parte de la inversión productiva. El logro de objetivos de estabilización económica, según la tradición de los programas de ajuste del FMI, debería atraer mayor inversión extranjera, aumentar los flujos de recursos por la cooperación multilateral, mejorar las condiciones de los préstamos privados y generar mayor confianza en el empresariado local.
El Gobierno no debe caer en la trampa del objetivo de estabilización económica “resorte”, o sea aquella donde baja la inflación, aumenta poco el PIB, baja el déficit fiscal y se honra el pago de los servicios de deuda externa con más deuda, pero aumenta el desempleo/subempleo, la pobreza, inseguridad alimentaria, migración y perdida acelerada de bosque, fuentes de agua y biodiversidad, tal como ocurrió en el Gobierno de JOH.
Hay evidencia de problemas cuya solución va más allá de la estabilización del FMI y ajuste estructural del Banco Mundial, como la presencia de cerca de un millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan, entre 17 y 30 años, donde un 72% son mujeres (INE: 2022). La apuesta a empleos precarios no resuelve el problema, se necesita de enfoques más integrales que incluyan acceso a tierra y demás activos productivos para estas mujeres. Se agrega 64.1% de población en situación de pobreza y 1.5 millones de personas que padecen hambre. A lo mejor, parte de los fondos del espacio fiscal que apoya el FMI, se hagan más visibles y destinen a estos propósitos, y los aplausos sean más que bienvenidos y publicitados.
Notas:
[1]La oposición política considera que Honduras ha venido perdiendo Reservas Internacionales Netas rápidamente, ya que JOH las dejó en 8,678 millones de dólares equivalente a una cobertura de 6.8 meses de importaciones, llegando incluso a 7.4 meses en 2019. Los aplausos del FMI demuestran que Honduras tiene todavía suficientes reservas para enfrentar la demanda de importaciones y sus pagos de deuda, por lo que cabría esperar acciones para que las RIN no sigan bajando.
[2]Se habla del interés de CHINA por comprar parte de la deuda externa hondureña, igual de la vigencia de un tratado comercial para aumentar la oferta de productos primarios y exportaciones a ese país. En ello, hay que aprender de la experiencia de Costa Rica y Ecuador, para no salir “trasquilado” después de la firma de los convenios. Para el caso, el reconocimiento de asimetrías y las condiciones para uso de activos reales del país por China en caso de incumplimiento de pagos.
[3]Ver Programa Monetario del Banco Central de Honduras, 2024-2025, Tegucigalpa, Honduras, pág. 45
[4]Ver Elvin Casco “Remesas Familiares en Honduras 2017-2022”. Banco Central de Honduras, Tegucigalpa, DC, Febrero de 2023, pág. 2.
Javier Suazo. Economista hondureño, especializado en políticas económicas y estudios doctorales en economía, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH.
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