Tanto desde el punto de vista doméstico como internacional el gobierno de la derechista Coalición Multicolor liderado por Luis Lacalle Pou viene siguiendo a pie juntillas los designios de los poderes fácticos. Y para muestra basta un botón: En la última encuesta de la consultora Cifra, el 85% del empresariado respalda la gestión de Lacalle.
Estamos asistiendo al sueño trunco de los 90, que su propio padre –el entonces presidente Luis Lacalle Herrera- no pudo cumplir, que ha dado fruto maduro cayendo muy cerca del árbol, pero que se pretende vestir con otros ropajes. Si asistimos a discursos y declaraciones de padre e hijo, casi que no se notan diferencias. Es más, son discursos (y sobre todo una ideología) calcados.
Hablar del Uruguay de hoy es hablar de los 90. No es un atajo y tampoco la idea es solapar una época con otra buscando similitudes. Son las medidas que se repiten, el mismo partido gobernando, con la misma política y todo eso ha salido de una misma casa con un mismo apellido: Lacalle.
Lo que ha variado es la coyuntura, en el medio la peor crisis socioeconómica de la historia y tras quince años de gobiernos del centroizquierdista Frente Amplio. Pero hay tendencias llamativas que vuelven a repetir la historia como decía Marx: la primera vez como tragedia, la segunda como farsa.
La desmonopolización de las empresas públicas es uno de estos dejavus noventosos que se repiten en el 2021. Ya se inició la desmonopolización de combustibles por parte de Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland (ANCAP) en puertos y aeropuertos.
El gobierno, a raíz de propuestas de las gremiales arroceras y otras del campo, apuesta que de aquí a un año desmonopolizar el sector de combustibles hasta habilitar la libre competencia. Es decir, que ANCAP compita palmo a palmo con empresas transnacionales.
Lo mismo está sucediendo en la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE). Antes de la pandemia el gobierno lanzó un decreto que no renueva las vacantes en los entes públicos y la plantilla quedó reducida a un tercio. El propio presidente del sindicato de los trabajadores de UTE, Gabriel Molina, planteó en el programa Legítima Defensa que el ente estatal trabaja con la misma capacidad que en la década de 1940 y que de seguir así se prevén cortes de luz en todo el país.
En materia de telecomunicaciones se vienen sucediendo cortes intermitentes en la conexión de internet también, donde la estatal ANTEL es la responsable. Es vieja la estrategia de brindar un mal servicio para que los clientes migren a otras firmas. Dicho ente, que no es monopólico, compite con Claro y Movistar. Este último puede pasar a manos de los grupos argentinos Clarín o Crónica TV mientras un gigante estadounidense tercia en la puja.
Otro de los rasgos similares con la década de los 90 es la infantilización de la pobreza. En el último año 35.300 niños, niñas y adolescentes pasaron a vivir bajo la línea de la pobreza, donde el mayor pico se da en el interior del país.
La realidad social
Tras 14 meses de emergencia sanitaria, y la covid-19 está fuera de control, con el 77 por cinto de las camas de CTI ocupadas. Han sido, además, 14 meses de pérdida de empleos y de ingresos para muchísimas personas, por la pandemia sí, pero también por la política económica del gobierno.
El año pasado perdieron poder de compra los salarios en el sector público, y lo mismo sucedió en gran parte del sector privado. Unos 76 mil trabajadores están en seguro de paro, y de cada diez trabajadores que dejaron de percibir ese subsidio el mes pasado, cuatro no fueron reincorporados sino despedidos. De un universo de 3,3 millones de habitantes, hay 100.000 personas en la pobreza.
La central obrera PIT-CNT, que desde el año pasado demanda medidas para paliar los efectos de la crisis, convocó a un paro general de 24 horas el 17 de junio ante la falta de políticas sociales que cubran a la totalidad de los damnificados por la pandemia.
El gobierno derechista insiste que a los empresarios no hay que imponerles contribuciones adicionales para financiar políticas sanitarias y sociales, porque su lucro contribuye de por sí a que el país salga adelante. Pero las inversiones no indican nada parecido, y el destino de las ganancias puede tener que ver con que los depósitos bancarios de uruguayos en el exterior hayan aumentado unos 4.000 millones de dólares, en pandemia.
Los Holmes Sherlock
Se suele decir que existen los Hood Robin: los que le roban a los pobres para darles a los ricos. El caso del gobierno uruguayo es como un Sherlock Holmes opuesto. Prometió investigar y realizar auditorìas en cada rincón del Estado para acabar con el supuesto despilfarro y corrupciòn de las anteriores administraciones del centro izquierdista Frente Amplio.
Hasta el momento solo se han encontrado lotes de café vencido en un ministerio y nada más. Lo que sì se ha encontrado, en este collage conservador que gobierna Uruguay, son acomodos de familiares en las dependencias del Estado, vínculos poco claros con ONGs, legisladores conduciendo ebrios, violaciones a la laicidad, persecución a sindicalistas, ataque a militantes frenteamplistas, financiación de campañas de partidos del oficialismo que violan la norma vigente.
Es decir unos Holmes Sherlock, que busca delitos en la administración anterior y solo encuntra día a día más y más casos de corrupción u otras ilegalidades de su propio gobirno.
El último de esta semana fue la de un diputado del Partido Colorado del departamento de Salto que envió gente a trabajar a su establecimiento privado del rubro citrícola a sabiendas que tenía ocho contagiados de covid. El audio se filtró, el diputado fue cuestionado y él mismo presentó su renuncia., a lo que el Partido Colorado se la negó.
Cambios en el gabinete
El primero de mayo, a minutos de la conferencia de prensa que la central única de trabajadores PIT-CNT brindó, el presidente Lacalle Pou decidió comunicar por twitter la remoción de uno de sus ministros: Pablo Bartol, responsable del Ministerio de Desarrollo Social (MiDes)
Este ministerio fue creado en marzo de 2005 por el Frente Amplio apenas asumió su primer gobierno, ante la urgencia en la que estaba sumido el país debido a las consecuencias de la peor crisis socioeconómica de la historia, en el 2002.
El Mides fue criticado desde el inicio por los gobernantes actuales. Siempre se habló de despilfarro, de que se le daba dinero a los pobres sin contraprestaciones, que se mantiene vagos, etc. El gobierno como tal tiene la potestad de poder eliminar el Mides, pero sería demasiado brusco y dejaría en evidencia sus verdaderos intereses inconfesables.
La tarea es más sutil y se basa en el desmantelamiento de programas que son cuasi vitales para muchos uruguayos en tema de contención, apoyo, oportunidades. Además trabajan en red con otros ministerios para articular dichas políticas. Un ejemplo del perfil de este gobierno es que el presupuesto del ministerio de Defensa es ampliamente superior al presupuesto de Educación y Salud.
En materia internacional el alineamiento con la Casa Blanca es más que claro. Lacalle expresó su apoyo a Israel en medio de un brutal ataque sionista al pueblo palestino. Ha hecho oídos sordos a lo que sucede en Colombia, pero ha pedido democracia en Venezuela. Por si faltaba algo, el diario El País, oficialista por excelencia, publicó una editorial al otro día de las elecciones españolas titulada “Ayuso es nuestro espejo”, en referencia a la candidata de derechas del Partido Popular.
El guión imperial el gobierno lo ha seguido al pie de la letra. Lo único que falta para ser calco de los 90 es la llegada del Fondo Monetario Internacional. ¿Volverá?
Nicolás Centurión. Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)