Después de un año del asesinato del ambientalista, la red criminal que controla el Bajo Aguán continúa moviendo impunemente los hilos del poder en la región. Entre los presuntos responsables de dicho crimen se encuentran Adán Fúnez, Alcalde de Tocoa, y el empresario Lenir Pérez, prófugo de la justicia y que dirigía el proyecto minero […]
Después de un año del asesinato del ambientalista, la red criminal que controla el Bajo Aguán continúa moviendo impunemente los hilos del poder en la región. Entre los presuntos responsables de dicho crimen se encuentran Adán Fúnez, Alcalde de Tocoa, y el empresario Lenir Pérez, prófugo de la justicia y que dirigía el proyecto minero los Pinares Ecotek al que se oponía López. Aunque las investigaciones han avanzado lentamente contra los autores materiales, las comunidades del Bajo Aguán exigen justicia y que se determinen los responsables de una trama mafiosa en la que aparecen involucrados empresarios, militares y políticos del actual Gobierno del Partido Libre. Mientras tanto la violencia asociada a este conflicto se sostiene y 11 campesinos han sido asesinados en 2025.Servicio Especial (LM) 23 septiembre, 2025, 10:30
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El Obispo de Trujillo, Jenry Orlando Ruiz Mora, reclama justicia para Juan López | Foto: Barracón Digital/Cesar Escobar
Juan López desarrolló una tenaz lucha para proteger los ríos Guapinol y San Pedro en el Bajo Aguán. Global Witness, lo incluyó en su reciente informe Raíces de resistencia de 2024, donde documentó cinco asesinatos de personas defensoras en Honduras, cuatro en Colón, en el norte del país: “una región afectada por el conflicto en curso sobre la reforma agraria y los recursos hídricos. La zona está fuertemente militarizada y marcada por la violencia y el desalojo forzoso de comunidades. Tres de las personas asesinadas o desaparecidas en 2024 eran agricultores a pequeña escala e integrantes de cooperativas campesinas de Bajo Aguán»,
La noche del 14 de septiembre de 2024 fue asesinado de siete balazos en el interior de su coche al salir de misa en la Iglesia de su barrio en Tocoa junto a su familia, que fue testigo directo del crimen. López sacrificó su vida por la defensa ambiental del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, frente a los proyectos mineros de la empresa Pinares Ecotek que no contaban con los permisos ambientales necesarios, y por su lucha contra la corrupción en la Alcaldía de Tocoa.
Para el reconocido defensor de derechos humanos padre Melo, que lo conocía desde 1990, cuando Juan era un joven que vivía en La Coroza, este se convirtió en “modelo de un nuevo liderazgo que ha sabido unir ejemplarmente la fe con la justicia, la lucha social con la lucha política, la defensa de los derechos humanos con la lucha por cuidar los derechos de la casa común”. El propio Melo le advirtió en una reunión en 2019 que su intención de lanzarse a la candidatura a la Alcaldía de Tocoa, en donde quedó elegido como regidor, le enfrentaría a poderes tan grandes en la zona que su vida iría “como cordero al matadero”, así lo cuenta el sacerdote jesuita en el libro “Juan Antonio López, un discípulo amado del pueblo” que se publicó con ocasión del primer aniversario de su muerte y en la que se incluyen escritos originales de Juan.
El crimen se cometió el día previo al aniversario de dos acontecimientos históricos y que son celebrados con desfiles a lo largo y ancho del país: la de la muerte del general Francisco Morazán (1842), prócer centroamericano que logró unir a los países de Centroamérica y la declaración de independencia (1821) de América Central. Ese día por la mañana, a pesar de ser regidor municipal a Juan le fue impedida tomar la palabra y participar en los actos que organizaba la Alcaldía en la concha acústica del parque central por el enfrentamiento que mantenía con el Alcalde Adán Fúnez.
Juan López que era un infatigable escritor respondió con un comunicado: “Esta patria no es libre. Nos explotó España, la explota Estados Unidos con sus bananeras, piñeras, con su respaldo financiero a las cañeras, palmeras, mineras, petroleras, madereras, camaroneras, ZEDEs, y sus carteles de la droga. Debemos explicarle al pueblo que somos una patria en pañales, «patio trasero» nos han llamado los halcones de Estados Unidos”. En el escrito decía no al narcotráfico y corrupción en la Municipalidad y calificaba la independencia como “sueño inconcluso que venimos predicando durante 203 años. No perdamos la esperanza, ni la alegría y menos el amor para sembrar conciencia de dignidad en la niñez, si eso hacemos, un día habrá independencia, soberanía y libertad en esta patria ahora mancillada”.
Esa fue la última escena de una larga secuencia en la que Juan se enfrentó a una poderosa red de enemigos que mueven los hilos e imponen su dominio territorial en el Bajo Aguán. Antes había sido perseguido y criminalizado por su destacado papel contra la corrupción y narcotráfico; incluso fue judicializado y encarcelado, junto a sus compañeros del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, por su participación en campañas de denuncia y protesta por los daños de las actividades mineras a los ríos Guapinol y San Pedro. Además de su defensa ambiental frente a los proyectos extractivistas, exigió a Adán Fúnez que dimitiera por sus nexos con el narcotráfico y planteó su voluntad para presentarse a la Alcaldía en el proceso electoral que tendrá lugar el próximo mes de noviembre, todo ello estaría entre las razones que llevaron a que una trama criminal organizara su asesinato.
Ahora el Ministerio Público, cuestionado por criminalizar a Juan en el pasado, es el responsable principal de esclarecer su muerte. Entre los investigados se encuentran el actual Alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, quien desde hace 20 años ejerce el cargo, y que aparece protagonizando un narco-video reunido con el hermano del anterior presidente Mel Zelaya, Carlos Zelaya -cuñado de la actual presidenta del país Xiomara Castro-, y narcotraficantes del grupo los Cachiros.
El pasado 2 de septiembre, un Juzgado de San Pedro Sula dictó auto de apertura de juicio oral contra Óscar Alexis Guardado, Daniel Antonio Juárez y Lenín Adonis Cruz, acusados por los delitos de asesinato y asociación para delinquir; sin embargo, la trama que se encuentra detrás de los presuntos autores materiales y que ordenó, organizó y pagó el asesinato sigue impune y continua moviendo los hilos de lo que ocurre en Tocoa.
Desde el movimiento social se exige que se enjuicie a los autores intelectuales del crimen y especialmente a Adán Fúnez. Para ello, la semana del 8 al 15 de septiembre, en que se cumplía un año de su asesinato, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP) y la Fundación San Alonso Rodríguez organizaron el Campamento Justicia para Juan López. El lugar elegido fue el parque central en que la Alcaldía, un año antes, vetó su intervención en los desfiles «patrios» que protagonizan los estudiantes de primaria. Como parte de las actividades realizaron foros, peregrinaciones y actividades culturales para honrar su memoria y exigir el castigo de los autores intelectuales del asesinato y recibió el apoyo de cientos de personas que querían apoyar este homenaje. El campamento recibió ataques e intimidaciones: personas desconocidas que hostigaron y grabaron a los asistentes, impidieron el descanso por la noche con vehículos circulando ruidosamente y fue estigmatizado en prensa local acusando a los organizadores de impedir el normal desarrollo de los desfiles programados.
Johny Rivas, en nombre de la Plataforma Agraria, recordó que aunque Honduras celebra 204 años de independencia el país aun no tiene una verdadera independencia, y que los grupos fácticos y de poder continúan asesinando a los campesinos y liderazgos: “No existe tal independencia por parte del pueblo hondureño, es una independencia a favor de los grupos económicos de poder que cada vez que queremos exigir justicia ocurre lo que ocurrió con nuestro compañero Juan López y con más de doscientos compañeros y compañeras campesinas durante catorce años”.
Rivas enfatizó en la necesidad de seguir resistiendo: “exigiendo justicia, respeto a nuestro territorio en la búsqueda de una verdadera independencia, hace más de doscientos años fue asesinado el 15 de septiembre Francisco Morazán pero, hace un año, fue asesinado el 14 de septiembre nuestro compañero Juan López, que entregó su vida en la búsqueda de acceso a justicia y el respeto a un ambiente sano”.
Respecto a los responsables de la muerte de Juan López afirmó: “lo dije el 15 de septiembre de 2024, el señor Adán Fúnez, involucrado directamente en defender intereses oscuros de Pinares Ecotek, y lo llevó a involucrarse en acciones que el Ministerio Público deberá investigar para que cuando esté saliendo de esa municipalidad tenga que responder,.., debe empezar a pagar con cárcel la vinculación no solo en el asesinato de Juan López”.
Además Rivas vinculó el caso de los Pinares Ecotek con los desplazamientos forzados de campesinos de la cooperativa agropecuaria Camarones por parte de la estructura criminal de los Cachos, que actuaría al servicio de Corporación Dinant. El 28 de enero de 2025, cuando la policía realizó un operativo en la comunidad de Quebradas de Arenas las personas armadas de este grupo se refugiaron al interior de las instalaciones de Inversiones Los Pinares.“Son esas agroindustrias y estas mineras las que están desplazando a los compañeros y compañeras. Las que están asesinando, con un saldo de 11 compañeros asesinados —en 2025—”, dijo el dirigente de la Plataforma Agraria.
El abogado del Bufete Justicia para los Pueblos Edy Tábora, quien ejerce la acusación particular en el caso por el asesinato de Juan, participó en uno de los foros del campamento. En su intervención, se refirió a la impunidad política aludiendo a los funcionarios que han aparecido posando con el Alcalde de Tocoa: Lucky Medina, Ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Carlos Zelaya y Luis Redondo, presidente del Congreso. Para Tábora, existe una asociación ilícita para delinquir, a la cabeza de Lenir Pérez, fugado y con orden de captura por otro proceso judicial. Según el abogado, el enfoque de la investigación de la fiscalía, en la que se dispersan los casos en diferentes procedimientos ocasiona un problema intencionadamente, teniendo que acudir a audiencias en diferentes partes del país: “el Ministerio Público debería haber hecho un solo caso con los daños ambientales y fraude y falsificación de documentos públicos y lo otro es el asesinato de Juan”.
Según el abogado, en el expediente hay suficientes pruebas para que los acusados de ser los autores materiales del asesinato sean condenados, sin embargo estos no conocían a Juan López y la información para perpetrar su asesinato fue proporcionada por quienes durante años montaban vigilancias a Juan: “los jefes de seguridad de la empresa los Pinares”. Tábora insistió en que la confianza en las instituciones se logra en la investigación y recordó que la gente, como decía Juan López, tiene miedo a que su declaración implique su carta de muerte, aunque eso no ha impedido que haya muchas personas que se han presentado ante el Ministerio Público para declarar; respecto a esta institución afirmó que durante un año no ha hecho lo suficiente y pidió que asigne el personal necesario y recursos para avanzar con la investigación.
La noche del domingo 14, el Obispo de Trujillo Jenry Orlando Ruiz Mora ofició una misa en Tocoa recordando el asesinato de Juan López, quien además era delegado de la Palabra de Dios, y las circunstancias que rodean el caso. La iglesia quedó pequeña para recibir a todas las personas que acudieron a la ceremonia, entre ellas la viuda y las dos hijas de Juan. La familia ofreció al prelado la camiseta con la que Juan protegía el asiento del conductor, esta quedó teñida de sangre tras el asesinato, y el premio Juan López al “Compromiso Cristiano por la Justicia y la Paz” que el viernes anterior acababan de recibir en Tegucigalpa, un reconocimiento creado y otorgado por la Conferencia Episcopal de Honduras este año 2025.
El obispo en su discurso comparó el sacrificio de Jesús, clavado en la cruz, con la muerte de Juan, quien también fue clavado en la cruz: “no con tres clavos sino con siete disparos con los que quisieron callar su voz, su palabra, su dignidad”. El prelado recordó las traiciones que sufrió por parte de sus compañeros en la corporación municipal y del partido al que pertenecía, la injusticia del sistema judicial y la fiscalía hondureña en la persona de Juan, señalando que una semana después de su muerte se dictó una condena en su contra; afirmó que muchos poderosos quieren lavarse las manos y no quieren reconocer que el mismo Estado de Honduras mató a Juan López y que sigue dejando en la indefensión a los defensores y defensoras cuando no son capaces de dar seguridad al pueblo: “cuando a través de una red de crimen organizado que vincula a funcionarios locales y nacionales y que impiden y no dejan que se haga justicia y se llegue a los asesinos intelectuales”.
Las investigaciones periodísticas han desvelado que el propio Instituto de Previsión Militar (IPM), encargado de proveer seguridad social a sus afiliados y pensionados, entre los que se encuentran miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, aparece vinculado al caso.
En febrero de 2023, el IPM compró más de 6 millones de dólares en acciones de la compañía Alutech, empresa que es un referente en la producción, distribución y comercialización de los productos derivados del acero en Centroamérica. En la operación participó la abogada Pamela Blanco, esposa del ministro de Gobernación, Tomás Vaquero, formalizando la creación de una sociedad mercantil entre militares y Alutech, empresa del conglomerado EMCO. Por aquel entonces, en la junta directiva de IPM figuraba Elías Melgar Urbina, coronel del ejército señalado por vínculos con el narcotráfico y con mercenarios acusados de asesinar a campesinos y cooperativistas en el Aguán. Urbina, en ese momento, era viceministro de Defensa.
Alutech, EMCO, Inversiones Los Pinares y Ecotek son empresas propiedad del empresario Lenir Pérez y su esposa, Ana Facussé, hija del fallecido Miguel Facussé. Además, Lenir Pérez se encuentra prófugo de la justicia hondureña en otro juicio por daños ambientales y explotación ilegal por parte de Inversiones Los Pinares y Ecotek en el Parque Nacional de Montaña Carlos Escaleras-Botaderos.
A dos meses de las elecciones que se celebrarán en el país el 30 de noviembre, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) hizo un llamamiento de paz para el país, con ocasión del Día Internacional de la Paz, incluyendo las zonas como el Bajo Aguán, donde la conflictividad históricamente ha marcado a las comunidades.
En este escenario de corrupción y crimen organizado resulta difícil confiar en que el Estado de Honduras avance de manera imparcial e independiente ni en la investigación de crímenes como el de Juan López, que arrojan más de 200 campesinos muertos en los últimos años, ni tampoco en la solución del conflicto social y ambiental del Bajo Aguán.
Es un reto que corresponde a las comunidades y pueblo organizado. El propio Juan López dejó escrito “Hacer camino en este país que está atrapado en los colmillos del imperio capitalista, es una aventura fuerte, profunda y delicada… Esta transición hacia la democracia, hacia la participación de la comunidad, hacia la autodeterminación, requiere mucha fe, esperanza y un amor radical por la tierra, el agua y la vida. Honduras está entrando en una batalla de sobrevivencia, pero hay signos importantes que reflejan la Honduras que nos espera después de todo lo dramático”.
Fuente: https://arainfo.org/el-legado-de-juan-lopez/
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