El Ministro del Interior, en su afán de construir una amplia base de apoyo derechista que le permita acceder al cargo supremo en la presidencial de 2007, encabeza actualmente con la reforma del CESEDA (Código de Entrada y Estancia de los Extranjeros y del Derecho de Asilo) una maniobra electoralista, explícitamente destinada a atraer el […]
El Ministro del Interior, en su afán de construir una amplia base de apoyo derechista que le permita acceder al cargo supremo en la presidencial de 2007, encabeza actualmente con la reforma del CESEDA (Código de Entrada y Estancia de los Extranjeros y del Derecho de Asilo) una maniobra electoralista, explícitamente destinada a atraer el voto de los seguidores del Frente Nacional que permitieron a Le Pen acceder a la segunda ronda electoral en 2002.
El nuevo proyecto de reforma, debatido estos días «en urgencia» por los diputados de la asamblea nacional, supone un endurecimiento más represivo aún de la anterior reforma llevada a cabo por el mismo Sarkozy durante su primer paso por Interior en 2003 y confirma el peso ideológico del Frente Nacional y de los partidos soberanistas de extrema derecha en la vida política francesa.
La nueva ley pretende no sólo limitar drásticamente desde el punto de vista cuantitativo, la inmigración en Francia sino que aboga también cínicamente por una selección cualitativa de los candidatos a la inmigración mediante el concepto de «inmigración escogida», o sea una selección en sus países de origen entre los candidatos a la inmigración más interesantes para el desarrollo de la economía francesa. Con este debate, Sarkozy impone la cuestión de la inmigración como uno de los temas más relevantes de la futura campaña presidencial para 2007 y aprovecha la ocasión para restablecer su imagen de adalid de la derecha liberal dura y sin complejos -que la batalla del CPE había mermado considerablemente-, frente a un Villepin más intransigente con el movimiento social que el Ministro del Interior.
El proyecto de ley propuesto por Sarkozy supone una visión utilitarista de la inmigración que niega de modo escandaloso los derechos fundamentales del hombre a vivir en familia o con su pareja de elección, a la vez que merma un poco más si cabe, la imagen de una República en la que el lema publicitario «Libertad, Igualdad, Fraternidad» parece estar cada día más, en fase de convertirse en el mero simulacro espectacular y vacuo de un sistema político ya bastante alejado de los principios que motivaron su aparición.
La Ley, en efecto, instaura una especie de «eugenismo» migratorio que aspira sin complejos a seleccionar a los inmigrantes, apartando de la economía francesa a los trabajadores extracomunitarios que ésta considere como inútiles o de escasa rentabilidad. Para ello, los servicios del Ministerio del Interior han elaborado una valla invisible de retención, hecha de un laberinto jurídico-burocrático de trabas y condiciones, destinadas a dificultar al máximo las posibilidades de conseguir papeles, sobre todo cuando los emigrantes suponen una carga social para el estado.
El desmantelamiento del reagrupamiento familiar
El artículo de la futura Ley acerca de las nuevas modalidades del reagrupamiento familiar es, desde este punto de vista, especialmente significativo y su desmantelamiento constituye uno de los objetivos declarados de la derecha en el poder. La intención no es sólo de limitar la entrada de inmigrantes terceros (cónyuges, hijos), sino de incitar al trabajador emigrante a quedarse poco tiempo en el territorio francés al no poder traer a su familia y estar alejado de los suyos. Los hijos o los cónyuges del/la emigrante lo tendrán de ahora en adelante muy difícil para poder instalarse en Francia. Además de ser implícitamente considerados como una carga suplementaria que origina todo tipo de gastos, el poder los presenta como un peligro potencial. En efecto, en sus declaraciones de noviembre durante las revueltas de los suburbios, el gobierno, lejos de querer interrogarse sobre sus verdaderos orígenes, llegó a considerar la política de integración llevada a cabo durante los últimos años en Francia como un fracaso, especialmente por culpa del reagrupamiento familiar, visto como uno de los factores de desarrollo de la poligamia, de la crisis de autoridad parental y de los problemas de integración, que según el gobierno habían motivado estas revueltas. Una vez más, el poder, lejos de aprovechar esta crisis para tratar mediante la autocrítica, de aportar soluciones urgentes a la marginalización socio-económica y cultural que padecen las poblaciones -principalmente emigrantes- instaladas en las periferias de las ciudades desde hace décadas, ha preferido agravar el ya de por sí importante contencioso existente entre la República y la población periférica, enviándoles un nuevo mensaje de desconfianza y de recelo.
La nueva Ley detalla así toda una serie de nuevas condiciones que van a obstaculizar el reagrupamiento: el período mínimo de estancia legal del/la emigrante que quiera pedir el reagrupamiento pasa de doce a dieciocho meses; el/la postulante deberá no sólo tener un nivel de ingresos suficiente para acoger a su familia (se estipula en este apartado que la evaluación del nivel económico no tomará en cuenta las ayudas sociales), sino disponer también de un alojamiento que reúna características de habitabilidad suficientes (superficie, estado, localización); los miembros de la familia candidatos a la instalación en Francia deberán demostrar que dominan el francés (¡!); si los esposos se separan antes de los tres años después de haberse beneficiado del reagrupamiento, el cónyuge recientemente instalado se verá retirar su tarjeta de estancia o no se le renovará.
Por si fuera poco, la Ley exige también del postulante que respete «los principios que rigen la República Francesa», una condición lo suficientemente ambigua como para permitir todo tipo de abusos de parte de los funcionarios de las prefecturas que serán los encargados de evaluar ese nivel de «moralidad» republicana. Esta última condición hace temer lo peor de cara a la libertad política y de expresión de los emigrantes en el caso de que éstos participen en la vida pública del país. Los casos de delincuencia podrán ser también motivo suficiente para no otorgar la garantía moral republicana necesaria a la reagrupación familiar. Ni que decir tiene que las libertades sexuales o religiosas pueden también verse gravemente vulneradas por un principio cuya evaluación se confía al funcionario de turno y que instaura ni más ni menos que un racismo de estado, donde se le exige al emigrante una actitud más ejemplar que a cualquier francés. Esta exigencia de «moralidad» sin embargo no es una novedad de cara a la obtención de papeles, ya que aparecía en las anteriores reformas del CESEDA, en particular en la que redactó otro Ministro del interior de Chirac, Charles Pasqua, que en 1993 introdujo la posibilidad de expulsar a cualquier extranjero con papeles en regla que hubiera protagonizado incidentes violentos o participado en actos de delincuencia (el mismo Sarkozy se sirvió de este artículo de la Ley durante los motines arrabaleros de noviembre). De ahí también que el actual Ministro del Interior no haya vacilado, a la hora de atraer la simpatía de la extrema derecha, en retomar uno de los lemas del Frente nacional en los años ochenta (una versión gala del lema que la extrema derecha estadounidenses utilizaba contra los oponentes a la guerra del Vietnam): ¡A Francia, o la amas, o te vas!, un buen resumen de la filosofía racista de la ley.
Sin papeles de por vida.
La nueva Ley refuerza también el control sobre los matrimonios entre parejas franco-extracomunitarias, en especial sobre todos aquellos contraídos en el extranjero, con la firme intención de luchar contra estas uniones que la Ley no vacila en presentar como dudosas, al generalizar sobre ellas la sospecha de ser enlaces de pura conveniencia. Para empezar, se alarga de dos años el período de vida común postmatrimonial necesario para la obtención de la nacionalidad francesa, con lo cual éste pasa de dos a cuatro años. Si el alcalde o el funcionario del estado civil responsable de celebrar el enlace sospecha de una unión de conveniencia, éste podrá interrumpir o anular la boda. Pero aún cuando las parejas consigan disipar las dudas de la administración y puedan casarse sin problemas, luego para poder pretender a la regularización, el/la extranjer@ tendrá que presentar un visado de larga duración expedido por el consulado francés de su país de origen que le obligará a regresar allí durante un período indefinido, una medida que no contempla las dificultades de distinta índole que supondría un viaje de este tipo: dificultades económicas (viaje, y estancia larga dada la lentitud y la parsimonia con que los consulados franceses en ciertos países con fuerte emigración otorgan esos visados) o de seguridad, en especial para los refugiados políticos amenazados en su país de origen. La Ley exige también de estos matrimonios una mayor fidelidad al estipular que en caso de que la pareja se separe antes de los cuatros años exigidos para la obtención de la nacionalidad, la tarjeta temporal de estancia le sería retirada al cónyuge extranjero.
La medida más emblemática de todo el proyecto es sin duda la supresión del acceso automático a la regularización para todos aquellos clandestinos que pueden justificar una estancia de 10 años en el territorio francés (quince para los estudiantes). Esta posibilidad obtenida tras la lucha de los «sin papeles» en 1983, es presentada por Sarkozy como un factor de atracción de la inmigración ilegal. En realidad, sólo concernía a unas treinta mil personas cada año (una cifra muy baja por la dificultad que supone para un clandestino la exigencia de presentar justificantes oficiales que atestigüen de su presencia continua en Francia). No obstante, tenía un valor simbólico fuerte al mantener viva, para los clandestinos de larga estancia en el país, la posibilidad de ver su situación regularizada. Su desaparición, con la nueva Ley, condena de por vida al clandestino a quedarse sin papeles.
Selección de la mano de obra extranjera por el capital
En el ámbito laboral, la Ley instaura también un estatuto de trabajador precario, similar al que encontramos en el difunto CPE o en el CNE, con la creación de una nueva tarjeta de residencia temporal de un año máximo y no renovable. La tarjeta de residencia «asalariado» se atribuirá de ahora en adelante, únicamente a los trabajadores que hayan sido contratados de modo indefinido. En caso de disponer sólo de una tarjeta temporal, el trabajador perderá estatuto y papeles si se rompe por un motivo u otro el contrato y se verá expulsado del territorio (¡¡¡incluso en caso de enfermedad grave, si ésta puede ser curada en el país de origen!!!). La Ley prevé la posibilidad también de prohibir toda actividad profesional durante tres años al extranjero que se haya visto en este caso. Para más INRI, el asalariado expulsado no podrá pretender a ningún tipo de indemnización de despido, ni al paro para el que sin embargo habrá cotizado, ni tampoco -faltaría más- presentar un recurso jurídico ante un despido ilegítimo. Como lo vemos, la intención es clara: fragilizar al máximo al trabajador extranjero, dejarle sin derechos ni protección frente al patrón, para que éste disponga de una mano de obra dócil, sumisa y barata. ¿Qué emigrante, en efecto, se atreverá, dadas las condiciones para obtener el título de residencia, a contestar el nivel insuficiente de los salarios, a afiliarse a un sindicato o participar a una huelga? ¿Qué patrón se dignará proponer contratos de larga duración, cuando la nueva legislación le permite disponer de un vivero de trabajadores desechables extra-comunitarios?
La Ley en cambio demuestra un interés marcado por la inmigración culta que presenta un alto nivel profesional o de calificaciones. Sin temer despojar a los países de emigración de sus élites, la nueva legislación instaura una nueva tarjeta de residencia llamada » competencias y talentos » de una duración de tres años renovables, reservada a los científicos, ejecutivos, empresarios o también deportistas de alto nivel y artistas que puedan participar de modo útil, no sólo ya al desarrollo económico y científico de Francia, sino también a reforzar su proyección internacional y su imagen en el mundo.
En cuanto a los estudiantes, éstos serán también objeto de una selección que se organizará desde el país de salida del emigrante, a través de la generalización de «Los centros para los estudios en Francia» que ya existen en los consulados de algunos países. Estos centros tendrán la misión de seleccionar a los mejores estudiantes de los sectores universitarios más punteros del país de origen. A la hora de conceder algún tipo de autorización provisional, se podrá tomar en cuenta el nivel de final de estudios adquirido. En caso de que éste sea equivalente al master, el estudiante podrá conseguir una tarjeta provisional de estancia con la que podrá tener una actividad provisional. En cambio, para el resto de los estudiantes que deseen instalarse y trabajar, el cambio de estatuto será imposible. Una vez más, la lógica de la selección se impone evidenciando la hipocresía del discurso oficial que se niega a autorizar la instalación duradera de los estudiantes extranjeros supuestamente para favorecer el desarrollo de sus países, pero que por otro lado organiza la fuga de los cerebros cuando eso le conviene.
Cuotas
El gobierno rechaza oficialmente la noción de cuotas que regulen el flujo anual de la emigración, por ser éste un principio inconstitucional. Sin embargo, el préambulo de la ley los instaura de modo encubierto, al estipular que cada año, el gobierno tendrá que presentar al parlamento «objetivos cuantitativos plurianuales» en torno a la inmigración. El proyecto Sarkozy demuestra por tanto una total conformidad con el utilitarismo migratorio propugnado por la Europa liberal y resumido por la fórmula utilizada por Romano Prodi en sus tiempos de presidente de la Comisión Europea:» Schelti, controllati, collocati», o sea «seleccionados, controlados y colocados» en el lugar adecuado.
El debate de la asamblea nacional estos días se ve ocultado por el escándalo en el que se ve envuelta toda la cúpula del estado francés. El propio Sarkozy, parece estar muy decepcionado por la ausencia de eco mediático de su proyecto, relegado a segundo o tercer plano frente a las revelaciones que cada día arroja el caso Clearstream. La movilización en contra de la ley padece el mismo problema, ya que gran parte de la población está poco o mal informada al respecto. Con todo, este sábado trece de mayo se desarrollará una gran manifestación nacional en París contra la Ley Sarkozy que, esperemos, le devolverá algo de lustre a la gastada divisa de la República francesa.