El Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco -MSICG- ha visto con preocupación como la falta de voluntad para responder a las necesidades básicas de la población y para cumplir con los deberes que imponen al Estado de Guatemala las leyes y los compromisos internacionales ha sido complementado con un rumbo de acción encaminado a acallar […]
El Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco -MSICG- ha visto con preocupación como la falta de voluntad para responder a las necesidades básicas de la población y para cumplir con los deberes que imponen al Estado de Guatemala las leyes y los compromisos internacionales ha sido complementado con un rumbo de acción encaminado a acallar la protesta social a través de la estigmatización, descrdéito, persecución, criminalización e incluso el encarcelamiento de la población.
Esta situación ha derivado en que hoy día, las luchas por la tierra, los derechos laborales, el acceso a la educación, la protección del medio ambiente, los recursos naturales y el derecho de los pueblos indígenas a definir su propio modelo de desarrollo convierta de un día para otro a dirigentes sociales en los peores delincuentes del país, en supuestos integrantes del crimen organizado y que la población sea escarmentada a través de su sometimiento a vejámenes, a la restricción de sus garantías constitucionales y a su sumisión como población civil al ejército.
El actual gobierno ha endurecido estas circunstancias mediante el ejercicio del poder público como herramienta de imposición de la voluntad e intereses de sectores minoritarios de la población y el uso del ejército en funciones que no corresponden a este en una sociedad democrática y civilizada, legitimando tal accionar a través de la imposición de estados excepciones de restricción de las garantías constitucionales de la población.
Esta imposición se ha realizado argumentando la aplicación del Decreto Número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, norma que fue derogada por el artículo 139 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 22 de sus disposiciones transitorias y finales, siendo además que tal norma es incompatible con la actual Constitución al admitir la restricción de garantías y la implementación de medidas que exceden las permisiones excepcionales a que se refiere el artículo 138 de la Constitución.
El carácter progresivo de las medidas del gobierno para privar a la población de su derecho a disentir, a resistir, a oponerse, a proponer y a pedir, se ha manifestado hoy día en el Decreto Gubernativo Número 6-2013 del Presidente de la República de Guatemala en Consejo de Ministros mediante un estado de sitio a cuatro municipios de los departamentos de Jalapa y Santa Rosa en los que no solo se restringen los derechos de la población sino que además se somete el poder civil al ejército y se otorga a este facultades judiciales y ejecutivas que violan nuestra Constitución.
Por tales motivos, el día de hoy 5 de mayo del año 2013, el MSICG, a las 10:39 horas, el MSICG ha presentado ante la Corte de Constitucionalidad dos acciones de inconstitucionalidad general total en contra del Decreto Número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente y el Decreto Gubernativo Número 6-2013 del Presidente de la República de Guatemala en Consejo de Ministros a la espera de que el órgano garante de la Constitución y de las garantías que esta reconoce a la población cumpla con su deber de proteger nuestro Estado de derecho y el sistema democrático, esperando a la vez que este alto organismo asuma tal responsabilidad con la celeridad que amerita el posible sometimiento de nuestra población a vejámenes irreparables provocados por la aplicación de tales disposiciones.