El Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco -MSICG- condena la violación sistemática a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de Guatemala, recrudecida durante el actual gobierno bajo la pretensión de imponer a los pueblos de nuestros país el despojo de sus derechos, la destrucción de sus autoridades ancestrales y la imposición de un modelo […]
El Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco -MSICG- condena la violación sistemática a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de Guatemala, recrudecida durante el actual gobierno bajo la pretensión de imponer a los pueblos de nuestros país el despojo de sus derechos, la destrucción de sus autoridades ancestrales y la imposición de un modelo de desarrollo excluyente y destructivo de sus territorios, su medio ambiente y sus recursos naturales.
El MSICG condena que al proceso de remilitarización del país se sume el uso cada vez más agresivo del ejército legitimado a través del abuso de los mecanismos extraordinarios que regula la Ley de orden público así como el uso de la criminalización como herramienta para acallar la protesta social surgida de la falta de voluntad del gobierno de respetar los derechos de los pueblos indígenas y de la población del país.
El MSICG lamenta la complicidad del Ministerio Público en tales estrategias, garantizando la impunidad de la línea de mando (como en el caso de Totonicapán), omitiendo actuar con agilidad y eficiencia respecto a los abusos cometidos durante un estado similar implementado en Santa Cruz Barillas y omitiendo cualquier persecución penal efectiva en contra de Minera San Rafael S.A. y las empresas de seguridad privada involucradas en los actos de violencia contra la población y dirigentes comunitarios, entre otros casos similares.
El MSICG recuerda a la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público que el deber de la institución que dirige es garantizar el Estado de derecho (que incluye los derechos de los pueblos indígenas, la resistencia pacífica y la protesta social) y el cumplimiento de la ley sin discriminación alguna y no el convertir el Estado de derecho en un mecanismo de legitimación de la represión contra dirigentes comunitarios, campesinos, sindicalistas, estudiantiles y demás defensores de derechos humanos.
El MSICG rechaza el estado de sitio impuesto mediante el Acuerdo Gubernativo 06-2013 que afecta a pobladoras y pobladores del municipio de Jalapa; la Comunidad Indígena Santa María Xalapán, y Mataquescuintla, y en el departamento de Santa Rosa a los municipios de Casillas y San Rafael Las Flores y recuerda que la Ley de Orden Público (promulgada el 9 de diciembre de 1975) es un cuerpo normativo incompatible con nuestra Constitución y cuyo contenido, que garantiza la posibilidad de militarizar la sociedad y suspender las garantías fundamentales de la población asumiendo funciones constituyentes, por lo cual demandamos al Congreso de la República de Guatemala su inmediata derogatoria.
El MSICG hace un llamado a la comunidad nacional e internacional a condenar el rumbo que ha tomado el actual gobierno de agravar el desconocimiento de los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado de Guatemala, particularmente en lo referente a los derechos de los pueblos indígenas, a través del uso de la violencia, la suspensión arbitraria de garantías básicas, la violencia contra la población, la persecución, criminalización y encarcelamiento de sus dirigentes proscribiendo la protesta social como elemento fundamental de la democracia.
El MSICG demanda al Ministerio de Gobernación el inmediato retiro de las licencias de operación a las empresas de seguridad privada involucradas en actos de violencia contra la población y al Presidente de la República de Guatemala el cese de la represión y criminalización de la protesta social y le recuerda que el pleno respeto del Estado de derecho, la adecuada atención de las demandas sociales y la inclusión de la población en las políticas gubernamentales son las características que distinguen una buena gobernanza de una dictadura.
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