El periodista y miembro de la Resistencia hondureña, Bartolo Antonio Fuentes, denuncia en el Estado Español el continuismo del ejecutivo de «reconciliación nacional» y la persistencia de la represión
La biografía de Isy Obed Murillo, un joven de 19 años residente en Tegucigalpa, se truncó de manera parecida a la de otros militantes del Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras. Durante la manifestación en el entorno del Aeropuerto Tocontín, en julio de 2009, murió de un tiro en la cabeza, disparado por un soldado que reprimía la protesta.
La revista «Vida Laboral», alineada con el movimiento de resistencia a los golpistas que desalojaron del poder a Mel Zelaya y al actual gobierno de Porfirio Lobo, hace una labor sistemática de denuncia de agresiones y crímenes como el de Isy Obed Murillo. Bartolo Antonio Fuentes, periodista de esta publicación comunitaria, ha realizado una gira por España para denunciar el continuismo entre el ejecutivo de Lobo Sosa y el golpista de Roberto Micheletti, así como la represión a la que se somete a los movimientos opositores.
Fuentes ha participado en diferentes conferencias por Madrid, Cataluña, Asturias, Zaragoza y Valencia. En tanto periodista y Coordinador Departamental del Frente Nacional de Resistencia Popular en Yoro, deja claro desde el principio el objetivo de su visita: «luchar contra la invisibilización de lo que ocurre en Honduras, de la que son responsables los grandes medios de comunicación».
Y lanza, a continuación, un mensaje de optimismo, esencial para mantener vivo el fuego de la lucha: «Participamos en la Resistencia el doble de la gente con la que arrancó el movimiento; esto nos hace albergar mucha esperanza; Es como un árbol al que le hubieran cortado las ramas y que ahora rebrota».
Manuel Zelaya alcanzó la presidencia de Honduras en diciembre de 2005 con casi el 50% de los sufragios. Algunas de las medidas adoptadas durante su gobierno, como el incremento del salario mínimo en un 60%, la matrícula gratuita en las escuelas primarias o la aproximación al ALBA, le malquistaron con las clases dominantes. Por ello fue víctima de un golpe de estado en junio de 2009. Sometido asimismo a arresto domiciliario, tuvo que ceder el poder a Roberto Micheletti. Unas nuevas elecciones, celebradas sin las mínimas garantías democráticas, elevaron a la presidencia a Lobo Sosa y consagraron de facto la asonada golpista.
Tras salir a la calle y poner los muertos, la resistencia llamó al boicot de los comicios frente a la propaganda oficial, que machaconamente hablaba de «reconciliación» y «elecciones democráticas». A pesar del discurso triunfalista de los nuevos gobernantes, el Frente de Resistencia no duda en denunciar el «amaño electoral».
«¿Cómo pueden hablar de «gobierno de reconciliación» si han colocado a los jefes de las fuerzas armadas golpistas al frente de los nuevos ministerios?», se pregunta Bartolo Antonio Fuentes. La política continuista puede apreciarse también en instituciones tan señeras como la Corte Suprema o el Ministerio Público. «Lo que realmente han hecho es conservar el andamiaje golpista», concluye el periodista.
Romeo Vázquez representa uno de los ejemplos más evidentes del continuismo en las personas y las políticas. Ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, acusado de ser uno de los autores intelectuales y materiales del golpe contra Zelaya, así como de numerosas detenciones ilegales y asesinatos, Romeo Vázquez ha sido premiado por el nuevo ejecutivo con la gerencia de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
Y es que, tras la farsa electoral y «una vez hecho el asalto, es la hora de repartirse el botín», asegura el periodista de «Vida Laboral». Lobo ha impulsado una batería de medidas inspiradas en el credo neoliberal: reducciones salariales; concesiones de represas y minería a cielo abierto a multinacionales; legislación que favorece la precariedad laboral e incremento del precio de la energía eléctrica, entre otras.
Frente a esta ofensiva de las clases sociales propulsoras del golpe de estado y sobre las que reposa el nuevo ejecutivo, el Frente Nacional de Resistencia ha mantenido todo el tiempo su actividad en un periodo de álgida lucha de clases. Y ello a pesar de la criminalización de los medios oficiales, que los convierte en «delincuentes comunes» para justificar la represión.
Diez periodistas muertos (en varios casos después de hacer su programa de radio o televisión); mujeres de 15 años violadas por la policía, asesinatos de líderes campesinos, maestros y sindicalistas componen un trágico cuadro represivo del que se libran pocos sectores de la resistencia. «la impunidad es absoluta», asegura Bartolo Antonio Fuentes.
Para mayor ignominia, el sedicente gabinete de «reconciliación nacional» ha creado una pomposa Secretaría de los Derechos Humanos y una Comisión de la Verdad, de la que forman parte personajes implicados en el levantamiento contra Zelaya, y que no ofrecerá los resultados de las investigaciones hasta dentro de una década. El Frente Nacional de Resistencia ha impulsado, en respuesta a los organismos oficiales «y a su normalidad plagada de mentiras», una paralela Comisión «de verdad».
Fuentes se define como «periodista de la resistencia y luchador social, especializado en derechos laborales y, más en concreto, en los trabajadores de las maquilas». Desarrolla lo fundamental de su actividad en El Progreso (municipio del Departamento de Yoro) de donde, ironías del destino, es natural Micheletti. El comunicador popular tiene a gala que en El Progreso «nunca ha habido una manifestación de camisas blancas» (partidarios de los golpistas).
Integrado en las luchas y actor directo de las mismas, Fuentes señala la «heterogeneidad» y la «ausencia de un pensamiento único» como dos de los grandes valores de la resistencia. «El movimiento lo compone la ciudadanía organizada, que recorre todos los departamentos del país con marchas totalmente pacíficas; de hecho, la mitad de la resistencia no estuvo antes en organizaciones populares; a pesar de esto, el poder nos tilda de delincuentes comunes», explica el periodista.
Los medios oficiales también los acusan de «zelayistas», pero «la mayoría no lo somos», aclara Fuentes, y añade: «Lo que no podemos admitir es que los grandes grupos económicos acaben mediante un golpe militar con un presidente elegido democráticamente». En esto coinciden sindicalistas, mujeres, jóvenes, campesinos, la izquierda social, estudiantes, ateos, católicos, evangélicos y opositores de todas las generaciones (desde abuelos hasta menores) que conforman la resistencia hondureña.
También coinciden en continuar las marchas para «hacer visible» una oposición en la calle que sigue viva «a pesar de que se nos intente invisibilizar». ¿El objetivo? Refundar Honduras a partir de criterios de justicia social. Sin volver al pasado ni exigir la restitución de Zelaya, se pide un proceso constituyente que dé lugar a una nueva constitución, nuevas instituciones y otras reglas del juego.
Desde el mes de febrero se trabaja en reforzar la organización interna de la Resistencia, desde el máximo respeto a diversidad ideológica. La idea es edificar una organización central con estructuras paralelas en los departamentos y en los municipios. «Una labor urgente -explica Bartolo Antonio Fuentes- en un país donde diez familias capitalistas con patrimonios insultantes conviven con tasas de pobreza del 87%».
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