Los Sin Techo plantean que “la vivienda es un derecho”, que se modifique la Ley 31313, que el Congreso declare que la Vivienda es un derecho fundamental, que la Ciudad del Bicentenario sea también para los pobres, y que se apruebe un impuesto a las tierras ociosas, así como a las sobreganancias inmobiliarias y mineras.
Si hay algo que siempre defiende la derecha es la “libertad de empresa” para resolver los problemas de la sociedad. Y para esto han desenvuelto una narrativa señalando que “el Estado capitalista es incapaz”. Pues bien, en los últimos 30 años, en el asunto de la construcción de vivienda de interés social, el poder privado inmobiliario se ha mostrado escandalosamente incompetente.
“Si nosotros quisiéramos llegar a las 120 mil viviendas que debemos tener para ir reduciendo de manera significativa el déficit habitacional, tendríamos que generar una oferta que supere esta cantidad. Todavía estamos muy lejos”, señaló impotente, Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), (LR, 09 de Enero 2020).
El Estado, a través de programas como Mi Techo, invierte ocho veces más en la clase media que en la más necesitada
Para el Ministerio de Vivienda (2019), “hay un déficit de 1 800,000 viviendas, entre familias que no cuentan con una o habitan una vivienda precaria”. Y “según el especialista, Julio Calderón, el Estado (2006-2012), invirtió ocho veces más en la adquisición de una vivienda nueva para la clase media que para los sectores de menos ingresos ($ 1.060.559.876 contra $ 133.998.968)”, redactó Milagros Requena (Unidad LR Data).
Esta crítica situación ha producido invasiones de miles de familias en las regiones de Lima (Lomo de Corvina, Ancón, etc.), San Martin, Piura, etc. reclamando solución a una precariedad que se ha visto detonada por la pandemia donde miles de familias de trabajadores (as), han perdido un familiar, el empleo o visto disminuido su salario por la inflación, generando a la vez una involución social impresionante al retornar casi medio millón de familias a la casa de sus padres ubicadas en las provincias del Perú profundo.
El boom inmobiliario se basa en el acaparamiento sistemático de tierras y del suelo del Estado
Esta cuestión responde a la contradicción entre un gran boom del desarrollo del poder privado inmobiliario (vinculados al poder agroindustrial, financiero o minero, base de sustento de todos los gobiernos neoliberales hasta el de Sagasti), que se basa en el acaparamiento sistemático de tierras y del suelo urbano (comprándolos a precio ganga gracias a algunos funcionarios corruptos), haciendo más ricos a unas cuantas empresas como G y M, Odebrecht, OAS, y por otro, el déficit de vivienda para cerca de 2 millones de familias que viven hacinadas, en la intemperie o en alquileres.
“Solo queremos un techo donde vivir”, declara la Sra. Liz, que tiene a su menor hija a su lado. Varios de los afectados por la pandemia son trabajadores ambulantes que lo perdieron casi todo, menos la fe en el nuevo gobierno del profesor Castillo que se reclama “popular” y por el que votaron pensando que los iba a atender rápidamente.
El Estado capitalista es el mayor terrateniente del país
Según el especialista Álvaro Espinoza (GRADE), “el Estado es el mayor terrateniente del país. Deja que la gente invada y ocupe informalmente para luego poner agua y esta no es la solución. Para resolver este problema se necesita un suelo con zonificación correcta, matriz de agua, etc.”, (Canal N, 20/04/21), además de créditos baratos. Esto es lo que explica también que hasta el día de hoy no exista una Ley de Ordenamiento Territorial ya que el caso es funcional a los negocios de los grupos de poder económico.
La Ley 31313 no resuelve el problema de la vivienda popular
El Congreso saliente, bajo la presidencia del “progresista” Frente Amplio (FA), aprobó la Ley 31313 de “Desarrollo Urbano Sostenible” que, si bien es verdad, plantea algunos factores “progres” como el Operador Público del Suelo, etc. pues, el rol del Estado habría sido puesto a un lado, produciendo así un escenario de callejón sin salida para las familias obreras que son utilizadas por las mafias de tráfico de tierras (el segundo delito de mayor importancia y funcionales a otros grupos de poder), como habría sucedido con las familias que están viviendo a la intemperie en VES junto a sus hijos sin servicios básicos y sin que las autoridades públicas cumplan con su función de velar por sus ciudadanos contribuyentes y que ahora son parte de las poblaciones más vulnerables afectadas por la pandemia.
Las propuestas de solución de los Sin Techo
Por estas razones, los Sin Techo, a la par que están planteando la modificatoria de la Ley 31313 así como que se agende el dictamen que plantea que la Vivienda sea declarada un Derecho fundamental, también proponen que la Ciudad del Bicentenario sea dirigido para las familias vulnerables (previo empadronamiento), una Empresa Estatal de Construcción de viviendas populares que podría coadyuvar a la reactivación de la economía mermada por la pandemia y que podría generar decenas de miles de puestos de trabajo.
A la misma vez, plantean que se reglamente el Operador Público del Suelo, que se reubique y atienda a las familias Sin Techo, no a los desalojos para los que viven en precariedad. Para enfrentar esta precaria situación plantean que parte del financiamiento de créditos para un nuevo programa de vivienda para los sectores D y E provenga de impuestos a las tierras y predios ociosos, así como a las sobreganancias del poder minero-inmobiliario (previamente habría que realizar un nuevo empadronamiento de las familias Sin Techo).
César Zelada. Director de la revista La Abeja obrera y dirigente del MST.
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