«[…] Se hace necesario trasladar al hipotético espacio de la sociedad civil-popular la sensación de que el actual contrato constitucional no es «nuestro»; qué fue elaborado por la oligarquía civil-golpista, qué este «contrato constitucional ajeno» nos mantiene en una estructura de miseria y que, por lo tanto, necesitamos un nuevo pacto para un renovado modelo de Estado y sociedad».
Francisco Palacios Romeo es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Zaragoza y miembro del Comité de Solidaridad Internacionalista de Aragón. Entre sus últimas publicaciones relacionadas con las transformaciones del Estado en Latinoamérica cabe destacar: «La ruptura constitucional del Estado precario: los derechos sociales en el nuevo constitucionalismo iberoamericano. La especificidad del modelo venezolano» en Venezuela en transición. La experiencia bolivariana de gobierno, Ágora. Revista de Ciencias Sociales, nº 14, 2006, y «Constitucionalización de un sistema integral de derechos sociales. De la Daseinsvorsorge al Sumak Kawsay» en Desafíos Constitucionales. La Constitución ecuatoriana del 2008 en perspectiva, ed.: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Tribunal Constitucional, Quito, 2008. En el año 2009 coordinó el libro Estudios sobre la Constitución Bolivariana de Venezuela (X Aniversario), ed.: Procuraduría General de la República, Caracas, 2009.
Una inicial aproximación del profesor Palacios Romeo al golpe y la resistencia antigolpista hondureña puede verse en: «Entrevista a Francisco Palacios Romeo: «La única manera de que una mesa de negociaciones avance sería con amenazas internacionales serias como el bloqueo económico y diplomático integral, con un cierre de fronteras incluido». http://www.rebelion.org/noticia.php?id=88758
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Tras el golpe de Estado, los meses de resistencia ciudadana y popular y las, digamos, recientes elecciones, ¿cuál es la actual situación política en Honduras?
La actual situación es la de consolidación primaria del golpe de Estado. La consolidación golpista de lo que es, de facto, una dictadura constitucional, donde se han roto todos los elementos de legitimidad y donde la excepcionalidad, la suspensión de los derechos y la persecución de la disidencia son la norma. Las preguntas son muy fáciles ¿Unas elecciones libres convocadas y presididas por un gobierno golpista? ¿Unas elecciones libres con meses de estados de excepción intermitentes sin posibilidad de hacer despliegues de oposición medianamente serios? ¿Unas elecciones libres con centenares de opositores detenidos, torturados o asesinados? ¿Unas elecciones libres, en dichas condiciones, sin el más mínimo monitoreo de ninguna agencia internacional solvente?
Las llamadas «elecciones libres» son un grosero argumento de muchos actores políticos del Sistema que, sin embargo, por otro lado, impugnan procesos electorales como los de Venezuela o Bolivia convalidados hasta por organizaciones nada empáticas con dichos procesos.
Sin embargo ya vemos como una buena parte de la sociedad internacional viene convalidando la situación por omisión e incluso con aval de normalización.
¿No cree entonces que tengan alguna legitimación democrática los nuevos mandatarios que han resultado elegidos? ¿Cree que Micheletti dejará el poder?
El presidente Lobo sólo tiene una legitimidad: ha ganado las elecciones primarias del bloque dominante de poder. Unas elecciones en las que el único espacio político concurrente ha sido el del bipartidismo que ha oligarquizado la vida política hondureña desde la independencia. El tradicional modelo político-social hondureño ha sido una troika compuesta por el bipartidismo esclerotizado (partido liberal y partido nacional-conservador), el recambio excepcional de las juntas militares y la hegemonía de las multinacionales a partir de su núcleo matriz bananero ( United Fruit-United Brands). El episodio actual significa la continuación de dicho sistema cerrado de poder. La legitimidad democrática debería ser una calificación muy exigente y el actual gobierno apenas es capaz de mantener en pie una institucionalidad semántica que reproduce dicho sistema cerrado bisecular.
En cuanto a Micheletti y el poder.
Micheletti no dejará el poder. Me explico. Sí que lo dejará formalmente pero no materialmente porque Micheletti pertenece al mismo sistema esencial de poder que el nuevo Presidente. Micheletti y Lobo forman parte del bipartidismo oclusivo que ha caracterizado las dictaduras constitucionales en América Latina como primer mecanismo de control político. El segundo mecanismo de control eran las dictaduras militares. Aquí estamos asistiendo a un episodio que ha combinado estas dos formas diferentes de control sistémico -civil y militar- en un plazo muy breve de tiempo.
Honduras es un modelo ejemplar dentro del paradigma de control sistémico del poder establecido para América Latina, ya que ha recorrido, de forma linealmente estratégica, todas las modalidades de control político: 1) Estado liberal-conservador oligárquico en el siglo XIX; 2) Estado liberal abierto hegemonizado desde la segunda mitad del siglo XX; 3) Estado militar-autoritario en la década de los setenta; 4) Estado neoliberal globalizado para finales de los ochenta.
Es bueno recordar lo que decíamos allá por junio en estas mismas páginas…
De acuerdo, hágalo si le parece
Honduras ha sido buen ejemplo de cómo todas las sociedades latinoamericanas han tenido sometidos sus Estados a la estrategia estadounidense. Recordar como las Juntas militares inician un proceso dictatorial en los años setenta en abierta complicidad con los dos partidos institucionales que habían protagonizado todas las décadas de autoritarismo constitucional más o menos continuo. Y como son las mismas juntas militares, en consenso abierto con los partidos y clanes oligárquicos, los que retoman las formulaciones constitucionales en la siguiente década de los ochenta. Y este cambio de estrategia se desarrolla -curiosamente- de forma simultánea en múltiples Estados latinoamericanos: Bolivia en 1982, El Salvador en 1982, Argentina en 1983, Guatemala en 1984, Brasil en 1985, Uruguay en 1985, Chile en 1988, Paraguay en 1989. Como se ve es la práctica totalidad del continente la que inicia procesos constituyentes y primerizos procesos electorales. Es una orden lanzada desde Washington a todas las juntas golpistas y a todos los bi-partidos hegemónicos. Es la década de transición política que tiene la misión de adaptar las super-estructuras políticas a las necesidades del modo de producción imperialista. Es decir, se pasa del Plan Cóndor (década de los setenta) a la nueva época que prepara la década del Consenso de Washington (década de los noventa) en donde se iba a introducir el nuevo modelo hegemónico económico-social de globalización neoliberal. Ahí donde las corporaciones multinacionales pudieran reconquistar el espacio que algunos Estados habían ganado en las décadas de los cincuenta y sesenta. La década de los ochenta debería ser la etapa de normalización institucional, de democracias formales controladas, de la continuación del control político y social por otros medios, una vez eliminados los núcleos fuertes de disidencia y oposición.
Y ahí es donde entra la Constituyente de Honduras de 1982 y el nuevo papel institucional del general Policarpo Paz instalado en el centro de la estrategia servil del imperio estadounidense.
En Latinoamérica -como en otros tanto espacios geopolíticos del Estado periférico- no hay un enfrentamiento esencial entre actores de poder civiles y militares, y ni siquiera entre los sectores político-civiles tradicionales, sino que todos ellos forman parte de una misma lógica y de un mismo paradigma de control político-económico.
Lo mismo ha sucedido ahora en Honduras con un episodio que nos alerta sobre la utilización de un nuevo recurso estratégico-institucional, una nueva versión de la colaboración civil-militar dentro del bloque de poder.
¿Ha obrado la oposición democrática cómo debería haberse obrado a lo largo de todos estos meses de resistencia y de lucha? ¿Se ha cometido algún error de bulto en tu opinión?
Más que tratarse de si se ha obrado como se ha debido, habría que decir que se ha obrado como se ha podido. Hay que partir del hecho de cómo los movimientos alternativos en Honduras no tenían una organización aún muy solvente. Eran organizaciones con poca militancia, pocos medios y que no se habían recuperado suficientemente de las purgas represivas de la dictadura del general Paz (Policarpo). Por otro lado esa ha sido la constante en todo el subcontinente americano. Las dictaduras militares (o las pseudo-dictaduras excepcionalistas civiles) de los años setenta descabezaron todos los nacientes movimientos populares que había adquirido alguna mínima estructura durante las décadas de los cincuenta y sesenta. Y salvo en países excepcionales -como Bolivia o Brasil- no había quedado una estructura de oposición-organización mínimamente sólida. Recordemos que ni siquiera en Venezuela o Ecuador existía una estructura civil-popular de masas, aunque sí un gran cúmulo de pequeños grupos e individualidades. Y existían esos pequeños espacios merced a que Venezuela y Ecuador fueron sociedades políticas sólo sometidas al excepcionalismo civil con niveles de represión de intensidad media-baja.
Dicho esto no considero que se haya cometido ningún error grave porque la oposición no contaba con una capacidad de organización y movilización suficiente. Honduras era una sociedad sin cultura de organización opositora o, siquiera, con una mística de confrontación excepcionalmente sobrevenida. No estaba encuadrado ni movilizado un grueso suficiente de población. Sólo existían individualidades o grupúsculos. Y una organización-movilización no se puede improvisar en circunstancias de excepcionalidad militar como las que se han vivido en estos meses con amenazas, torturas, procesamientos, prisiones incondicionales y asesinatos. Hay que recordar que la cifra de más de cien asesinatos u homicidios en militantes resistentes al golpe no es baladí para un país del tamaño de Honduras y, sobre manera, cuando esas muertes afectan a personas emblemáticas de la resistencia como sería el caso reciente del dirigente Walter Tróchez, vinculado a varias asociaciones de resistencia integradas en el Frente (como el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos).
No obstante sí que es cierto que ha faltado estrategia.
¿Ha faltado estrategia? Puede precisar.
El Frente Nacional de Resistencia Popular ha debido improvisar una estrategia reuniendo a múltiples grupos sociales y políticos cada uno con sensibilidades diferentes. Esto no es fácil y realmente han faltado lineamientos claros de actuación. Cuando la dispersión organizativa es tan amplia, y la base civil-popular no tiene una organización radial propia, la estrategia se diluye y puede no llegar a conformarse. Probablemente también haya habido deficiencias tácticas, y de lo que sería buen ejemplo un lenguaje y escenografía un tanto limitados para la captación de sensibilidades, clases y estratos sociales y culturales no especialmente ideologizados. Por otro lado tampoco se dio la favorable y aleatoria circunstancia de una eclosión emocional espontánea y generalizada, que es un factor excepcional, susceptible de producirse en algunas coyunturas críticas.
Respecto a los movimientos de Zelaya discrepar en cuanto a la aceptación de los contenidos del Acuerdo Tegucigalpa/San José por parte de éste. A no ser que el tuviera la convicción que no era sino otro intento dilatorio más y que nunca ese iba a llevar a la práctica… Pero no se podía conceder, a esas alturas de la coyuntura, la renuncia a una Asamblea Constituyente de forma indefinida, teniendo en cuenta que el acuerdo tampoco garantizaba la posibilidad de articular una oposición electoral solvente de cara a un proceso electoral. Era negociar sobre unas bases nada favorables.
En su opinión, en las actuales circunstancias, ¿se debe seguir vindicando la vuelta de Zelaya a la presidencia de Honduras o esta reclamación ya no tiene sentido alguno desde su punto de vista?
La reivindicación principal debe ser ahora la Asamblea Nacional Constituyente. El elemento de Zelaya -a modo de retorno a la Presidencia- debe ahora quedar en un plano más mitológico-formal para que no pueda parecer que se personaliza en exceso. Por el momento se debería trabajar con los dos elementos en simultáneo pero cobrando cada vez más protagonismo la Asamblea Constituyente como un punto esencial de catarsis y de pedagogía popular. Catarsis en cuanto a un referente de ruptura simbólico y práctico. Cualquiera de los muchos problemas que vayan surgiendo en el país habrá que trasladarlos a la opinión pública bajo el prisma de la necesidad de un nuevo pacto social. Ese llamamiento genera ilusión y socializa a la población en la idea material de «cambio» que, en principio, no debe ser usufructuado por persona, grupo o partido alguno. Se hace necesario trasladar al hipotético espacio de la sociedad civil-popular la sensación de que el actual contrato constitucional no es «nuestro»; qué fue elaborado por la oligarquía civil-golpista, qué este «contrato constitucional ajeno» nos mantiene en una estructura de miseria y que, por lo tanto, necesitamos un nuevo pacto para un renovado modelo de Estado y sociedad.
La estrategia en torno a la Asamblea Constituyente debe imbuirse de tres funciones: a) como punto de ruptura con la anterior etapa de sistema oligarquizado; b) como un nuevo contrato social que pone las bases para: un sistema de derechos fundamentales integral, un modelo de democracia participativa y una estructura de seguridad nacional integral; c) como arquitectura de un nuevo modelo de Estado y sociedad de generación popular-colectiva. Estos puntos hay que empezar a utilizarlos de inmediato -cuando estamos actualmente ante una inercia desmovilizadora- porque sólo así se podrá conseguir más movilización con un programa de «mínimos paralelos». Un programa de mínimos paralelos es aquel por el cual la lucha general se focaliza en todas las luchas sociales concretas que vayan originándose, las cuales se deben enmarcar, paralelamente, en los mínimos constituyentes que se exponían anteriormente.
Zelaya debe ser el abanderado en las elecciones para una Asamblea Constituyente, pero siempre habrá que matizar que su retorno va unido a una base material programática constituyente. Finalmente tengo que decir que la hipótesis que lo sitúa aceptando el exilio sería un gravísimo error. Zelaya debería salir de la embajada de Brasil para quedarse en el país. Ahí es donde hace daño a la oligarquía, ya sea libre, encarcelado ilegalmente o procesado. Zelaya debe dirigir desde dentro dónde realizar una función práctica y simbólica. Zelaya pierde toda su operatividad como una especie de ex presidente errante. Los golpistas lo quieren lejos y, por lo tanto, él debería empeñarse en quedarse dentro y no aceptar la cínica oferta del presidente (fáctico) Lobo que desea transformarlo en una especie de alma en pena bolivariana.
Con la perspectiva del tiempo transcurrido, ¿cómo cree que podría resumirse la política seguida por Estados Unidos ante un golpe que nunca han llamado así? ¿Estamos ante un cambio de estrategia para tratar los asuntos latinoamericanos?
El cambio de estrategia es claro y muy a tono con el estilo estratégico del Partido Demócrata. Pero sobre todo hay un cambio táctico, hay una modificación total de modos y maneras. Se acabó el pistolero Bush y ahora llega el «boy scout» Obama, lleno de frescura y modos amables. Este fue bastante contundente en contra del golpe, en un primer momento, y muy en la «new wave Obama» para, posteriormente, diluir su posición de manera casi imperceptible, no sin antes inducir a Mrs. Clinton a ordenar que fueran montadas las Mesas de negociación.
Ahora queda más claro que el Departamento de Estado tenía perfectamente perfilada la estrategia, cuya segunda fase terminaba en las elecciones de noviembre. El plazo era muy corto y perfectamente sostenible. Desde el 29 de junio al 29 de noviembre son apenas 5 meses y sólo 4 meses hasta el inicio de la campaña electoral. De ellos casi un mes se perdería en condenas enérgicas de los diferentes Estados y las distintas organizaciones internacionales; dos meses en la falsa mesa de negociaciones (Acuerdo de San José I) puesto que Micheletti la sabotearía una y otra vez ante la pasividad de Arias; otro mes en el restablecimiento de la legalidad democrática con el proceso electoral. Total 4 meses. Sólo quedaba un mes sin rellenar y ese mes era el mes de Octubre que se ocuparía sacando de la chistera sin fondo de Oscar Arias otra mesa (Pacto Tegucigalpa/San José II), que resultaría otro nuevo lapso dilatorio y al que nunca debió consentir Zelaya, máxime ante la burla continuada de la anterior mesa. Era una estrategia dilatoria para llegar a la convalidación de facto de las elecciones noviembre y con la intención paralela de desactivar a aquellos colectivos, organizaciones, Estados e individuos que creían en las posibilidades, resolución y contundencia de dichas condenas y dichos procesos negociadores. Esa hipótesis mantenía yo mismo en julio, y tú mismo, Salvador, así titulaste la entrevista que me hacías en ese mes. Se me calificó de agorero. Pues bien, ahí están los resultados. Había que haber dicho sí a la Mesa pero mucho menos tiempo y sobre la base de la ilegitimidad de las elecciones de noviembre sin unas condiciones mínimas.
La llamada sociedad internacional no tomó medidas más drásticas cuando el golpista Micheletti saboteaba la primera mesa de negociaciones de forma burda y cuando, sin embargo, el equipo de Zelaya aceptaba todos los presupuestos que Óscar Arias ponía encima de la mesa. Tampoco dicha sociedad internacional rechazó contundentemente cualquier proceso electoral en estas grotescas circunstancias.
No parece que deje en muy buen lugar al premiado Óscar Arias
La mejor demostración de que las mesas eran una simple coartada dilatoria del operativo estratégico es la propia posición de Oscar Arias. En lugar de sentirse burlado y humillado, y en lugar de impugnar el proceso electoral de noviembre, jaleó la normalidad de dicho proceso y se mostró a favor del reconocimiento por la sociedad internacional del presidente elegido. Y lo hizo con unas declaraciones surrealistas que es imposible puedan compatibilizarse con su anterior teórica posición negociadora y antigolpista: «Se hizo todo lo que se pudo para intentar revertir el golpe de Estado, pero no fue posible. Hoy hemos amanecido con una nueva realidad y, si todo transcurrió más o menos dentro de la legalidad, no podemos castigar al pueblo hondureño a que sufra más de lo que ya ha sufrido».
En una segunda escala de cinismo extremo vino a decir que como la sociedad internacional había aceptado el fraude electoral en unos sitios… también podría hacerse en otras situaciones irregulares como la hondureña («Lo peor sería que actuáramos con una doble moral. Se acepta el resultado de las elecciones en Irán o Afganistán, que se sabe que no fueron limpias. No podemos convertir a Honduras en la Albania de Centroamérica»). La serenidad, e incluso euforia, con que Arias acepta la convalidación golpista lo hacen sospechoso número uno como peón principal de toda la operación estratégica.
¿Ve algún punto de unión entre el papel de Estados Unidos en el golpe hondureño y en los acontecimientos posteriores y los decisivos y medio ocultados acuerdos militares con la Colombia de Uribe?
Todo va siempre relacionado porque está incardinado a un fin último: el mantenimiento de la hegemonía estadounidense como centro neurálgico de control geotécnico del sistema dominante. Incluso el golpe de Estado institucional-militar de Honduras puede ser un paradigma probado y experimentado para situaciones semejantes. A nadie se le escapa que la correlación de fuerzas en la próxima Asamblea Nacional de Venezuela va a estar muy igualada y que incluso la oposición puede conseguir una ligera mayoría. En ese caso tendríamos a un poder legislativo confrontado con el poder ejecutivo. Y ahí podría plantearse un escenario con relativos niveles de similitud respecto al escenario hondureño.
Es ahí donde podríamos establecer una relación probable respecto a una pinza militar-institucional en torno a Venezuela. En la idea de que toda estrategia de poder que se precie debe considerar todos los instrumentos. Desde la adquisición de una patente de paz (premio Nóbel) a patentes de guerra (bases militares). Las bases militares en Colombia tienen tres finalidades. La primera y más clásica es la de una mayor eficacia contra la insurgencia y todo el espacio cívico-político alternativo colombiano. Pero la segunda está vinculada directamente con Venezuela. La situación geoestratégica de las nuevas bases tiene la función de adquirir una mayor capacidad operativa sobre todo lo relacionado con Venezuela y, sobre todo, con el control de la frontera como uno de sus objetivos prioritarios. Y no me refiero sólo al control militar sino al control global de la zona de frontera. La frontera es uno de los parámetros estratégicos fundamentales en el acoso y derribo del proyecto bolivariano. De hecho ya han conseguido tomar gran parte de la misma de las perspectivas política y civil-militar. El Zulia y el Táchira son territorios controlados por la oposición y por la inteligencia colombiana en casi todos sus niveles, y ahora van a contar con el apoyo significativamente más masivo de la inteligencia estadounidense. La tercera finalidad es envolvente, ya que tanta infraestructura configura el sistema de bases en Colombia como el núcleo de su operativo militar-hegemonista para Latinoamérica.
Por otro lado la deriva de Obama es ya muy preocupante. Véase si no el anuncio sobre la irrupción de veintidós mil marines en Haití (¡22 mil!) y el desalojo obligado de todos los periodistas de distintas áreas de la capital, incluidas las más seguras para estos mismos periodistas como el aeropuerto, en un ejercicio brutal de autoritarismo imperial que predice las más oscuras intenciones para su estrategia en el país. Recordar que cuando los marines desembarcaron en 1915 se quedaron hasta 1934, no sin antes dejar el país camino del holocausto progresivo de todo el último siglo.
Le pregunto más tarde sobre Haití. ¿Qué papel cree que ha jugado en toda la situación la apuesta del presidente Zelaya por ALBA? ¿Tanto temor tienen las oligarquías y las instituciones imperiales ante la alternativa defendida por los gobiernos de Venezuela y Bolivia? ¿No son sólo un pequeño David ante un omnipotente Goliat?
La apuesta por el ALBA tiene mucha responsabilidad en el reactivo de la oligarquía. Aun a sabiendas que el Presidente Zelaya no había asumido el paradigma del socialismo del siglo XXI, sino que buscaba fórmulas cuasi-asistencialistas para reducir la miseria, la pobreza y la dependencia. Pero la oligarquía y al sistema hegemónico saben que todo elemento que fortalezca políticas alternativas les va a restar poder social, aunque no les reste apenas nada de sus patrimonios adquiridos. Aun con todo estas oligarquías -rentistas y ociosas en su mayoría- han demostrado históricamente que no están dispuestos a ceder un ápice en sus intereses. Si pueden tener una criada por tres lempiras no la van a tener por siete. Y saben que si aumenta la capacidad adquisitiva de la población ya no van a poder tener criadas por tres lempiras ni jardineros por cuatro ni trabajadores por cinco. Saben que cualquier cambio relevantemente cuantitativo va a afectar a su mundo seudo-esclavista: su mundo de compras en Miami, sus puestas de largo quinceañeras, sus varias mansiones, sus exclusivos sitios de encuentro y todos los decorados obscenos de su mundo opulento en medio de una estructura de miseria. Aunque sepan que Zelaya no es sinónimo de «toma del palacio de invierno» saben que si se les van a reducir sus espacios, y no porque los echen sino porque otros reivindiquen y consigan el derecho a ocuparlos. Lo que se les derrumba no sería tanto una estructura de poder económico o político como una buena parte de sus mundo social. En el fondo no hay mucha distancia de la descripción socio-cultural del mundo burgués europeo del XIX que hacía Sombart a principios del siglo XX (recomiendo la lectura de El Burgués [1]). A esta oligarquía todavía puede resultarle más insoportable la posibilidad de un cambio de espacios de poder político-culturales, ahí donde la población se empodera de espacios de organización, deliberación y movilización. La posibilidad del fin de su para-democracia elitista le produce tanto pánico como la devaluación de su estructura y su mundo socio-cultural elitista.
Respecto a Estados Unidos y el ALBA.
El tratado significa una alternativa para su hasta ahora hegemónico sistema orgánico comercial de TLCs. La elite de poder estadounidense no puede tolerar como se debilita su poder orgánico económico basado en la lógica de la ganancia y del valor de cambio (concepto exacerbado que hay que resucitar), a la vez que se comienza a generar un contrapoder basado en la lógica de la solidaridad y del valor de uso (concepto que hay que reivindicar). El ALBA es, en síntesis, la intención de modificar las lógicas especulativas y cambiarlas por lógicas de solidaridad y economía natural. Significa ir generando un espacio desde el que, progresivamente, ir prescindiendo de la agiotista mecánica de las multinacionales, como grupos de presión determinantes de toda la estructura de decisiones económicas y políticas. Para el sistema hegemonista Zelaya era más peligroso que Chávez o Evo Morales en el sentido de que se incorporaba al ALBA desde la asunción simple de posiciones técnicas de economía natural y desde los parámetros radicalmente capitalistas desde los que se estructura actualmente la economía hondureña. Zelaya representaba un ejemplo de manual de cómo el ALBA es posible a partir de cualquier tipo de estructura económica sin necesidad de que haya detrás sólo draconianos Estados intervencionistas. Un modelo cuya finalidad no es construir burocráticos Estados totalitarios sino para generar una estructura nacional e internacional de economía social y natural. El ALBA es una construcción letal para el imperialismo económico ya que es una construcción sumamente abierta.
En contra de lo propagado por la politología orgánica no es el comunismo totalitario lo que al imperialismo le ha empujado a formulaciones autoritarias de violencia y de exclusión. Como tampoco lo es el islamismo fundamentalista. Todo ello no son sino coartadas propagandísticas al servicio de su modelo hegemónico con el objetivo de encubrir toda la defensa de puros intereses económicos y geopolíticos mediante los medios humanamente más letales y jurídicamente más criminales. Haciendo pasar todas sus acciones como relacionadas con la lucha sea contra el comunismo sea contra el terrorismo islamista ¿Soy yo el que afirmo esto? No, son ellos mismos, son sus principales ideólogos desde hace décadas. La creación de demoniacas arquitecturas geotácticas (y geo-dramáticas) que equiparar a grandes paradigmas del Mal son necesidades esenciales del sistema. Así lo afirmaba el propio Samuel Huntington, el que ha sido principal estratega del imperialismo estadounidense en el último medio siglo. Allá por 1981 afirmaba que siempre había que crear la impresión (simulación) de que cualquier movimiento internacional beligerante era para combatir a la Unión Soviética aunque en definitiva los movimientos político-militares fueran para defender los intereses políticos y económicos occidentales; y el mismo afirmaba que «así lo llevaba haciendo Estados Unidos desde la doctrina Truman» (vid., su artículo Vietnam repraissed en Internacional Security, vol 6, nº 1). Es el mismo Huntington el que una vez caída la Unión Soviética -casualmente- elabora «científicamente» el paradigma del Choque de Civilizaciones (1993) para encontrar todo tipo de enemigos con mucha mayor facilidad que la que proporcionaba el espantajo soviético.
Por eso Zelaya ha sido sistemáticamente vinculado a la estrategia chavista, a su vez vinculada al eje del Mal.
La opinión pública internacional, los estados democráticos, ¿han estado, hemos estado, a la altura de las circunstancias?
La opinión pública internacional ha continuado deformada por las grandes agencias de información, los principales grupos mediáticos y los tanques de pensamiento del sistema (think-tank, ¡qué expresivo término anglosajón!). Como en otras ocasiones ha existido una operación de construcción de opinión pública. Y lo ha sido en una doble estrategia: a) la dirigida a la opinión pública-masa; b) la incardinada a los líderes de opinión, tanto líderes medios como elites políticas institucionales.
En principio hubo una condena unánime del golpe y así se rotuló y se trasladó a la opinión pública. Ya en julio calificábamos de «sospechosa unanimidad» la condena del golpe. Era sospechosa porque se hacía desde casi todos los intereses políticos e ideológicos. No obstante lo general de la «condena unánime» del golpe iba casi siempre unida al cuestionamiento de las decisiones y del papel institucional del propio Presidente legítimo Zelaya. Y se hacía con matices y argumentos que progresivamente iban inundando el mercado de las ideas mediático y académico hasta, de facto, legitimar el golpe como un simple conflicto entre poderes institucionales. A esa misión se emplearon a fondo medios de comunicación de amplia orquilla política y tanques de pensamiento varios. En julio citábamos intelectuales orgánicos tales como Vargas Llosa, Villalobos o Moisés Naim. A ellos y a otros se añadió una amplia nómina de centros académicos orgánicos (tanques de pensamiento) que iban no sólo desde los conservadores, como podían ser el Cato Institute o las FAES, sino también centros aparentemente más equilibrados como al Instituto de Iberoamérica (Universidad de Salamanca). La nómina se fue ampliando también en cuanto a individualidades orgánicas tales como el ubicuo, versátil y transamericano profesor venezolano Brewer-Carias o nuestro también nacional versátil Antonio Elorza. A los que podíamos sumar a Manuel Alcántara, el muy representativo director del citado Instituto de Iberoamérica. Es bueno fijarse en como la ofensiva ha procedido desde diversas especialidades (Derecho, Ciencia Política, Historia).
Todos ellos utilizaban el argumento del conflicto entre poderes. Todos ellos apelaban a una hipotética violación del texto constitucional. Y lo hacían con una descarnada eliminación de elementos e incluso con falsedades radicalmente obvias. Estos escribanos nunca decían expresamente que Zelaya estaba bien deportado pero ponían encima de la mesa hipótesis retóricas que conducían a esa deducción amparándose en la espuria cientificidad de sus argumentos y cobijados en el empaque de sus adquiridos estatus. No es este un lugar para contestar a su invectiva estratégica, que ya ha sido contra-argumentadas por otros compañeros (vid.J.C. Monedero en www.tni.org/es ; vid. B. Clavero en www.rebelion.org/noticia.php?id=92450; vid. D. Sketcher en su polémica con el representante del Cato Institute, http://dailysketcher.blogspot.com/2009/07/juan-carlos-hidalgo-of-cato-institute.html ; e incluso por mi mismo en www.rebelion.org/noticia.php?id=87999 y www.rebelion.org/noticia.php?id=88431 ). No obstante podemos hacer aquí una básica recapitulación de las líneas argumentales utilizadas.
De acuerdo, hágala por favor.
Los argumentos jurídicos se basan en primer lugar en una mentira: Zelaya buscaba su reelección y estaba convocando un referéndum sobre la aprobación popular a una asamblea constituyente. Propuesta de Zelaya que, sin embargo, trataba de una simple prospección estadística sin relevancia jurídica. En segundo lugar, y aunque hubiera sido cierta la intención del Presidente, todos los argumentos golpistas se han hecho en función de una lineal lectura del texto constitucional en torno a la intangibilidad del mismo. De repente la letra constitucional no vale nada en todos sus contenidos participativos y, sin embargo, se convierte en oro jurídico para los parámetros más antidemocráticos y obscenos de dicho texto como son las cláusulas de intangibilidad (pétreas), que suponen una condena eterna de los dictados orgánicos de la anterior asamblea constituyente. Prohibición eterna al poder constituyente para modificar cláusulas pétreas impuestas en el anterior proceso constituyente dirigido bajo gobierno de la junta golpista. En tercer lugar se arguyen elementos procedimentales por los cuales la inobservancia presidencial de un simple auto judicial (ilegal) dictado por un simple juzgado de lo contencioso-administrativo (juzgado de letras) puede justificar/explicar toda una deportación-destitución-procesamiento de un Jefe de Estado. Un «argumento» jurídico-procesal al que nos podríamos apuntar todos por estos lares y a ver que pasaba….
Por otro lado están las explicaciones politológicas que han venido de la mano del Instituto de Iberoamérica (Universidad de Salamanca). Ellos deciden abordar el golpe de Estado preguntando sólo a uno de sus actores principales implicado directamente: el Congreso Nacional que, a su vez, es el actor golpista institucional y su propio Presidente el usurpador golpista. A nadie más se le pregunta. Ahí se acaba la prospección de todo el cuerpo investigador del Instituto en tema tan relevante, con todas sus decenas de investigadores y millones de presupuesto. A eso lo denominan «Intento de explicación de la crisis de Honduras». Estudio científico que comienza en la tercera línea sentando cátedra jurídica sobre la causa de lo que denominan crisis: «una consulta popular de claro carácter inconstitucional». La palabra golpe de Estado no aparecerá nunca en su texto. A cambio es sustituida por «crisis» o por «instrucciones imprecisas». Mientras se desgranan todos los elementos argumentales de los golpistas sin ninguna valoración. Claro, es un estudio científico dirán. ¿Y la calificación de «claro carácter inconstitucional»? ¿Y la calificación de «política contrainsurgente» en referencia a la estrategia estadounidense de crímenes de lesa humanidad? Lo más divertido (tragicómico) puede ser que para conseguir mayor base probatoria recurra a un estudio estadounidense del 2009 (muy científico, por supuesto) que afirma, ni más ni menos, que «Honduras es el único caso en América Latina con los niveles más altos de ciudadanos triplemente insatisfechos (…):población antidemocrática, institucionalmente desleal y frustrada por el desempeño económico(…) con alto apoyo a los golpes de Estado, a los métodos de política confrontacional y de rebelión» (sic). ¿Ustedes se imaginan la desfachatez del ejemplo? Nada, Colombia es un aprendiz al lado de Honduras en confrontación, o Chile y Argentina apenas tienen base social de apoyo a los golpes de Estado o en Ecuador y Bolivia apenas ha habido rebeliones o algo de lo que se denomina «deslealtad institucional»… Y por supuesto los ciudadanos de Haití están bastante menos disgustados que los hondureños en cuestiones como el desempeño económico. Esta claro, ningún ejemplo como la sociedad civil hondureña en cuestión de insatisfacción, de crisis políticas, de actitud antidemocrática y de apoyo a los numerosísimos golpes de Estado que se han dado en ese país… Este estudio (Seligson y Booth, 2009) forma parte del 50% de la base de apoyo bibliográfico concreto de todo el trabajo del Instituto Iberoamericano de la Universidad de Salamanca. Resulta surrealista que el Instituto quiera «explicar» el golpe intentando trasladar la idea de que Honduras es el paradigma latinoamericano de sociedad desvertebrada, caótica y antidemocrática y de cómo su Estado es poco menos que un Estado rudimentario en niveles inferiores a Haití. Cuando sin embargo Honduras -y a pesar de la general postración social e institucional de todo Estado periférico- es una sociedad muy por debajo de la media histórico-social en cuanto a tales elementos.
Son sólo dos ejemplos, pero tanto Brewer como Alcántara (y el Instituto Iberoamericano de la Universidad de Salamanca) son intelectuales orgánicos altamente subvencionados y con presencia ubicua en decenas de foros y medios de comunicación. Replicantes de productos tóxicos a favor del golpe de Estado.
«Intelectuales orgánicos altamente subvencionados», tomo nota. Un periodista internacionalista que no ha cesado ni un momento de combatir el golpe y sus derivadas, Giorgio Trucchi, denunció que continuaba la ola de violencia y represión contra de miembros de la resistencia. En diciembre, por ejemplo, diferentes organizaciones de derechos humanos del país han denunciado las desapariciones del joven Abner Hernández, miembro del Comité de Disciplina de la Resistencia, quien fue visto por última vez junto con Walter Tróchez, defensor de derechos humanos asesinado el 13 de diciembre, de Carlos Turcios Maldonado, vicepresidente del movimiento de resistencia de Choloma, departamento de Cortéz, y el asesinato en Tegucigalpa con un disparo en la cabeza de Karen Jessenia Hernández Mondragón, esposa de un miembro de la Resistencia. ¿Es así? ¿La represión sigue siendo tan salvaje? ¿Nadie les para los pies? ¿Quiénes están detrás de estos atentados?
Sí. Ya lo hemos comentado antes como el número de asesinados alcanza el centenar. Sin embargo son muertos «débiles». Muertos no significativos porque así lo han decidido las agencias de prensa internacionales. El Frente ha individualizado todas las casuísticas de violación y alcanzan cifras nada despreciables que fueron vertidas en un comunicado del propio Zelaya el pasado 16 de enero (Comunicado a los Presidentes de los Estados centroamericanos. Así podrían contabilizarse más de 4.234 personas con genéricas violaciones comprobadas a los derechos humanos, 130 asesinatos de miembros de la resistencia, de los cuales 106 habrían sido efectuados durante los toques de queda, 5 jóvenes asesinados por los militares en manifestaciones pacíficas, 453 lesionados o torturados, 3.033 detenciones ilegales, 14 medios de comunicación amenazados (dos de los cuales radio globo y canal-36 fueron clausurados y ocupadas militarmente), cientos de amenazas de muerte y 114 presos políticos.
Esta estructura violatoria del más rudimentario Estado de derecho puede venir avalada, parcialmente, por el Informe de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que acaba de emitir un Informe sobre la lógica y desarrollo de las violaciones de derechos humanos durante el golpe, sobre todo con base a lo acontecido en el mes de Agosto (http://cidh.org/countryrep/Honduras09sp/Cap.5.htm#B).
Decíamos que son muertos débiles y violencia débil por la apariencia y sensación que la estructura de comunicación (o mejor dicho la toxi-comunicación) logra transmitir a la opinión pública. Por un lado habrá hechos de violencia generadores de gran repercusión y de graves consecuencias porque así lo deciden estratégicamente las instancias de control-propiedad de los medios de comunicación. Así de esta manera tenemos el elevadísimo espacio mediático que ha alcanzado durante casi todo un mes el jovencito nigeriano Umar Farouk que pretendidamente llevaba adosados a sus calzoncillos unos gramos de trilita bajo órdenes de Al-Qaeda. Un espectáculo grotesco que ha generado el «terror» de la totalidad de la ciudadanía universal y, por ende, la toma de nuevas medidas excepcionales restrictivas de derechos. Por el otro lado, tendríamos la violencia masiva, generalizada, inmediata y estructural de muchos otros espacios en el mundo que pasa casi por inexistente o es encubierta. Este sería el caso de Colombia, donde todos los meses y durante los últimos cuarenta años está siendo asesinado un promedio de mil personas al año bajo la modalidad de ejecuciones extra judiciales con responsabilidad de Estado, según señalan las principales agencias de derechos humanos, incluido el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Esto último está pasando con Honduras en una mecánica de sobras conocida.
Respecto a los autores materiales.
Indudablemente el Estado hondureño está detrás en los hechos más evidentes. Pero no necesariamente en todos los hechos de violencia ya que las agencias de acciones encubiertas de otros Estados suelen estar detrás de las ejecuciones más selectivas. Estos Estados que cada vez, en mayor medida, trabajan con personal mercenario.
Permítame alguna pregunta fuera del guión hondureño. Usted ha apoyado desde hace años la causa saharaui y seguro que ha seguido la admirable lucha de la ciudadana saharaui Aminetou Haidar. ¿Qué valoración le merece lo sucedido? ¿Ha obrado correctamente el gobierno español? ¿Ha cedido sin acuerdos ocultos el gobierno marroquí o han existido compensaciones políticas y económicas? ¿Cree que sigue siendo justa la aspiración saharaui a ejercer el derecho de autodeterminación?
El gobierno español no actúo correctamente ni técnica ni políticamente. Técnicamente resulta sorprendente que se pueda dejar entrar a alguien en territorio español sin pasaporte. Moratinos, Rubalcaba o los funcionarios de policía, en una gran ceremonia de la confusión interesada, se dedicaron a esparcir todo un argumentario que sonrojaría a un alumno de Derecho. Se alegó que Aminetou entró porque tenía tarjeta de residencia cuando, por el contrario, nadie puede entrar porque tenga una simple tarjeta de residencia, ya que hace falta un pasaporte en regla que Aminetou no tenía porque se lo habían confiscado en Marruecos. A continuación se dijo que había entrado -excepcionalmente- por motivos humanitarios, tal y como habilita la Ley de Extranjería. Estaríamos ante algo aún más grave porque claro que la ley de extranjería habilita para ello pero… ¡no contra la voluntad del hipotéticamente protegido! Sería el colmo que se quisiera hacer un favor a alguien obligándole a hacer algo que le repugna hacer. ¿Eso es un motivo humanitario? Probablemente sí en la lógica de Rubalcaba instalada en el «despotismo democrático» y en la razón de Estado pero nunca en una lógica ius-humanista.
En simultáneo se quiso comprar a Aminetou, de forma zafia, otorgándole pasaporte y nacionalidad española. ¡Qué paradoja! Cuando, por el contrario, cientos de saharauis a pesar de tener padres y abuelos con pasaporte, d.n.i. y ciudadanía española atraviesan un calvario de años para poder obtener la nacionalidad e incluso una simple residencia. El gobierno español pensaba poder comprar y quebrar la voluntad, con un simple pasaporte, a una persona que lleva tras de si años de resistencia en el sistema carcelario de Marruecos, torturada día sí y día también. Y eso denota un desconocimiento palmario de casi todo lo referente al alma colectiva saharaui o, lo que sería peor, una insensibilidad aun más atroz.
¿Si ha cedido sin acuerdos ocultos el gobierno marroquí o han existido compensaciones económicas? Por supuesto, porque Marruecos más que un Estado es un Ente administrativo con consejo de administración que no trabaja sino en la lógica de componendas y acuerdos que trafican con voluntades e intereses. El Estado de Marruecos -o mejor dicho la oligarquía que patrimonializa el Estado autodenominada, sin pudor, como Majzen- es experta en todo tipo de cambalaches y mercadeos con el resto de oligarquías del Sistema. No por casualidad Majzen quiere decir «Almacén». Como tampoco es casualidad que la Unión Europea es un sub-producto del antiguo Mercado (Almacén) Común Europeo, que ha quebrado muchas expectativas sobre su naturaleza y elementos, con palmaria omisión social e inscritos desde la década de los ochenta en el pensamiento neoliberal. Todo sigue siendo un inmenso mercado inserto en la mencionada lógica del valor de cambio.
Pero vayamos al tema. Los acuerdos comerciales de la Unión Europea con Marruecos son extremadamente beneficiosos para dicho Gobierno. Y digo «Gobierno-Majzen» no para el conjunto de su Sociedad. Una parte de estos ingresos se canalizan a través de créditos blandos y acuerdos agropecuarios y comerciales preferenciales; otras veces a cargo de puras y simples subvenciones directas. 44 millones de euros por pescar en los caladeros de su Estado que incluye los caladeros saharauis. Ninguna norma internacional habilita a que un país pueda conceder licencias respecto de unas aguas y de unos territorios que no son suyos y sobre los que no tiene ninguna habilitación jurídica ya que Marruecos nunca fue potencia colonizadora sino una potencia usurpadora y ocupante merced a los Acuerdos de Madrid firmados en 1975. Ilegales Acuerdos de Madrid ya que un territorio bajo descolonización no puede ser traficado como una mercadería. La potencia colonial (España) no puede traficar como si de una subasta esclavista se tratara con un territorio bajo proceso de descolonización desde 1966 en sede de Naciones Unidas. Sin embargo la España franquista en sus estertores así lo hizo. Y la España monárquico-democrática así lo convalido teniendo en el cortijo felipista a su mejor valedor. También esta situación fue convalidada «de facto» en Naciones Unidas por el denominado Consejo de Seguridad (una vez la ironía de las nomenclaturas).
¿Y en cuanto al ejercicio del derecho de autodeterminación?
La causa saharaui es extremadamente justa puesto que es el derecho de una Nación-cultural con identidad y personalidad más que probada. Desde el Dictamen del Tribunal Internacional de Justicia a lo largo de sus casi tres mil folios (Opinión Consultiva, 1975) a las cuitas antropológicas de Julio Caro Baroja en sus Estudios Saharianos a lo largo de sus más de seiscientas páginas de material probatorio sobre la identidad étnico-cultural del pueblo saharaui. Avalando su proceso de autodeterminación están las decenas de resoluciones de Naciones Unidas que califican el proceso de autodeterminación del Sahara como inscribible en la lógica descolonizadora definitiva de las resoluciones 1514 y 2625. Arsenal jurídico que choca con el muro fáctico del reconocimiento orgánico-institucional del Consejo de Seguridad (sin base jurídica) respecto al Estado de Marruecos como contra-parte.
Finalmente decir que sí he apoyado la causa del Pueblo Saharaui desde siempre. Pero no por una simple cuestión jurídica o de aplicación aleatoria del derecho de autodeterminación. Yo, como recurso escaso y finito que soy, ya sólo me muevo por aquello que me produce empatías profundas, como me las produce la comunidad saharaui desde la primera ocasión en la que establecí contacto con ellos. Su sentido de la comunidad, su tradición y filosofía de vida, su capacidad para el apoyo mutuo y su vocación resistente. La capacidad para construir desde la nada, la capacidad para serlo todo desde el aparente inane desierto.
La posibilidad de que esta nación -auténtica nación- pueda construir un Estado propio me conmueve profundamente, porque tal vez podamos asistir a la construcción de un modelo utópico e inédito de Estructura Política, hasta ahora convertida por el Estado en un casi siempre instrumento trágico de poder.
Abusando de su generosidad, permítame para finalizar -o para ir finalizando- retomar un tema al que hacía alusión anteriormente: Haití. ¿Qué opinión le merece la actuación política y militar de Estados Unidos? ¿Por qué los medios apenas hablan de la solidaridad (médica) cubana? ¿Qué o quienes han condenado a la población haitiana a la más profunda miseria y desesperación?
Tres preguntas en una, Salvador, ¿influencia soterrada de algún misterio trinitario?
En serio: me llevaría tiempo responderte con calma y creo que agotaríamos la generosa paciencia de los lectores y lectoras.. ¿Qué te parece si lo dejamos para otra ocasión?
¿Para otra ocasión próxima? De acuerdo.
Hagámoslo así. Creo que es mejor.
Déjeme en todo caso formularte para finalizar -esta vez sí- una pregunta de última hora: el presidente Manuel Zelaya declaró ayer sábado, 23 de enero de 2010, a Radio Globo que el «27 de enero saldré como un ciudadano común mediante el acuerdo firmado el miércoles por Lobo y Fernández, luego de cumplir mi mandato presidencial». Señaló igualmente que «regresaré al país, cuando la reconciliación nacional lo permita, a presentarme a la justicia. No lo hago ahora porque se crearía otra crisis debido a que hay jueces que son mis verdugos, y como tales ya me condenaron». Según parece, Porfirio Lobo ha garantizado durante una reunión sostenida con Lionel Fernández en República Dominicana que al asumir el poder, el próximo miércoles 27 de enero, otorgaría a Zelaya un salvoconducto para viajar a la isla caribeña. El presidente constitucional hondureño, ha catalogado la acción como un buen gesto. «Para mí es un buen gesto de Porfirio Lobo, siento que lo hace para desmarcarse de la dictadura de Roberto Micheletti». ¿Qué opinión le merecen este acuerdo y las declaraciones de Zelaya?
Me ratifico en lo dicho con anterioridad: Zelaya no debería salir del país. En el país es un símbolo de la situación actual, máxime si es encarcelado y procesado. Dicho encarcelamiento y dicho proceso contendrían todo un cúmulo de ilegalidades y de violaciones a los derechos más fundamentales. Sería un testimonio permanente del golpe de Estado y de la ilegalidad de la situación sobrevenida. La salida de Zelaya es lo que más puede convenir a la estrategia golpista. Su salida normaliza casi definitivamente la situación.
Por eso no entiendo su afirmación de «se crearía otra crisis…» ¿No parece suficiente ya la actual crisis? Cualquier otra crisis no perjudicaría nunca a la resistencia sino al gobierno actual. Como tampoco entiendo la afirmación «hay jueces que son mis verdugos, y como tales ya me condenaron», ya que de eso se trata, de evidenciar una vez más el cúmulo de ilegalidades cometidas por todos los poderes públicos; y, sobre todo, las muchas más que se pudieran cometer de orden penal en función de los pliegos de delitos, repletos de barbaridades, que exhibieron el Fiscal del Estado y la Corte Suprema en el pasado mes de julio.
Vayamos a otra hipótesis, supongamos que Zelaya abandona el país bajo la promesa de una amnistía posterior ¿Y qué? La mejor manera de mover una amnistía es teniendo a su objetivo principal procesado y encarcelado dentro del país. Y sobre todo produciendo un desgaste inmensurable al propio sistema. Dicha situación mantiene a la opinión pública movilizada en función de que la capacidad de movilización de los colectivos se mantiene más viva con la existencia de ejemplos vivos en una situación de crisis, precariedad o sufrimiento que se percibe como radicalmente injusta. En ese caso hay una identificación del resto del colectivo con ese sujeto «heroico», y eso puede resultar imprescindiblemente táctico ya que visualiza y simboliza, en paralelo, toda la presente situación de injusticias estructurales y de actuaciones del gobierno.
Otro tema diferente es la oportunidad de su salida de la embajada. No sería ahora la mejor oportunidad ya que se vería opacada por la crisis haitiana. Habría que valorar cuando era el mejor momento y habría que tener preparada la estrategia para la nueva situación que conllevaría el procesamiento de Zelaya.
La salida del país sólo estaría justificada en el caso de que hubiera otras concesiones encubiertas. Y que no sería sólo la amnistía. ¿La incorporación de Zelaya a una vicepresidencia? ¿Nuevas elecciones en un plazo medio? ¿Una asamblea constituyente? ¿La continuación del sistema ALBA? Podría ser, pero dudo que aunque existiera dicho pacto encubierto luego se cumpliera éste una vez estuviera Zelaya fuera del país. Y tampoco aunque Zelaya volviera posteriormente.
Se me escapan las ventajas de una hipotética salida. No sería irreparable pero sería un grave error, aún en el caso de que pudiera regresar bajo amnistía.
Nota.
[1] Werner Sombart, El Burgués: contribución a la historia espiritual del hombre económico moderno. Madrid, Alianza editorial, 1998
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