Desde hace tiempo en Guatemala se da un aluvión de nuevas iniciativas comerciales que tienen que ver con la extracción de recursos naturales: minería a cielo abierto, plantas hidroeléctricas, cultivos extensivos para biocombustibles -etanol- quitando terrenos a los cultivos alimenticios como el maíz y el frijol (básicamente palma africana y azúcar). Estas industrias extractivas, como […]
Desde hace tiempo en Guatemala se da un aluvión de nuevas iniciativas comerciales que tienen que ver con la extracción de recursos naturales: minería a cielo abierto, plantas hidroeléctricas, cultivos extensivos para biocombustibles -etanol- quitando terrenos a los cultivos alimenticios como el maíz y el frijol (básicamente palma africana y azúcar).
Estas industrias extractivas, como se les conoce, se realizan en territorios ancestrales mayas, donde están asentados pueblos originarios desde hace miles de años. Para acometer tales emprendimientos, en general los pueblos son expulsados y sus tierras tradicionales son apropiadas ilegalmente por los grandes capitales. El Estado, en vez de buscar armonizar las partes, termina favoreciendo a las grandes empresas (guatemaltecas y extranjeras).
Últimamente, ante los reclamos de los pueblos expoliados, han aparecido formas clandestinas de represión, provocando muertes y desapariciones, como en los peores años de la guerra interna que sufrió el país entre 1960 y 1996. Todo indica que son estructuras paraestatales, que funcionan con absoluta impunidad. Nunca las denuncias surten efectos, y las poblaciones se ven cada vez más marginadas.
Los norteños departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, donde están asentados pueblos mayas tradicionales (q’eqchíes, pokomchíes, achíes), han sido especialmente castigados.
He aquí una entrevista a tres líderes comunitarios de la región (por razones de seguridad se omiten sus nombres), que explican en detalle cómo está la situación.
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Pregunta: ¿Cómo está la situación de ataques contra el movimiento popular en la región de Alta y Baja Verapaz?
Respuesta: Hay un retorno de los aparatos clandestinos del pasado, aprovechando nuevos elementos, como sicarios del narcotráfico. Aquí están involucrados finqueros y dueños de empresas hidroeléctricas. Esto provoca miedo y división en el movimiento popular en toda nuestra región. Es preocupante. ¿Qué se dio en Cobán o en la Sierra de las Minas, por ejemplo? Hubo muertos. ¿Y por qué? Porque toda esta derecha recalcitrante y conservadora, viejos terratenientes y nuevos capitalistas depredadores, están bien equipados para evitar que levantemos la voz. No permiten que nos organicemos como pueblos y que protestemos por nuestros derechos. Históricamente nos han despojado de nuestras tierras ancestrales, y el despejo sigue al día de hoy. Sigue con más fuerza. Por eso, porque nos levantamos contra esa injusticia, hoy día la persecución y la represión se intensifican.
Da un poco de pena hablar de todo esto, porque sabemos que el Estado defiende a las hidroeléctricas y a todo lo que se llama industrias extractivas. Las comunidades levantamos la voz porque sabemos que hay algunos artículos de la Constitución que nos defienden. O que nos deberían defender, según dice el papel. Sabemos que para cualquier negocio de esas características habría que hacer consultas de buena fe con la comunidad, tal como lo señalan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, o el Código Municipal; pero las empresas y el Estado violan eso, no lo hacen, no nos toman en cuenta. En todo caso, estas empresas compran a la justicia para ponerla de su lado. No tienen la razón, sino el dinero y la fuerza bruta.
Pregunta: Para que quede claro y no se siga criminalizando la protesta ni considerándola como un factor de supuesto «atraso» que iría contra el «progreso»: ¿por qué los pueblos están contra toda esta industria exctrativista (minería, hidroeléctricas, cultivos extensivos para agroexportación?)
Respuesta: Por un lado, porque la instalación de todos estos negocios va de la mano del desplazamiento de las comunidades, un desplazamiento contra nuestra voluntad. Y al desplazarnos, ni las empresas ni el Estado nos dan nuevas tierras para trabajar, por lo que se nos crea un grave problema, porque no hay para la comida. Al que se enfrenta a eso, la justicia, que está comprada, no lo defiende. Nos atacan, nos persiguen, nos matan, o nos ponen orden de captura. Por otro lado está el problema del medioambiente, porque con todas estas industrias están destruyendo la flora y la fauna de los lugares, sin importarles nada. Contaminan todo sin ningún cuidado, aunque digan lo contrario. Pueden mostrar supuestos avances en el cuidado de la naturaleza, pero sabemos que no es cierto, que es pura propaganda para distraer. Por todo eso decimos que el Estado corrupto, en vez de defender a los pueblos, nos ataca. Cuando protestamos por nuestros justos derechos, por nuestras fuentes naturales de alimentación, por nuestros ríos, por nuestra casa, nuestros bosques, nos reprimen. Dicho de otra manera: no estamos contra las hidroeléctricas porque sí, por puro capricho. Las hidroeléctricas no son malas; al contrario: producen energía, que es vital para las sociedades, y producen energía limpia, renovable. Eso está bien. ¿Por qué estamos en contra? Por la forma en que lo hacen: no nos consultan tal como está estipulado que deberían hacerlo, nos roban nuestros territorios, nos expulsan, producen energía pero a nosotros no nos llega, venden carísima esa energía, ningunean a los pueblos, en muchos casos nos dejan sin agua porque la capturan para sus represas y secan nuestras fuentes de abastecimiento; y si protestamos por todo esto, nos reprimen. Que quede claro: el problema no es la hidroeléctrica en sí, sino la forma en que lo hacen, como negocio privado. ¿Quién se beneficia de esto? Los pueblos, por supuesto que no. Solo los grandes ricos de siempre. ¿Por qué no hacer hidroeléctricas cooperativas manejadas por las comunidades? ¡Eso sería lo correcto! Eso es lo que levantamos en nuestras luchas: energía eléctrica para el pueblo manejada por el pueblo. Y por decir y buscar eso, nos reprimen.
Pregunta: Concretamente, ¿cómo es la represión que se está viviendo en los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz?
Respuesta: Hay muertos, hay desaparecidos y hay muchas órdenes de captura libradas contra los líderes que se atreven a levantar la voz. Muchos de esos atentados se dieron en torno a la empresa hidroeléctrica Renace, que pertenece al grupo empresarial guatemalteco Multinversiones, uno de los más poderosos del país, propietario de varias plantas generadoras de energía, y al millonario español Florentino Pérez, el dueño del Real Madrid. El Ministerio Público, en vez de averiguar y esclarecer esos atentados, mira para otro lado, y después empezaron las persecuciones de las viudas y los huérfanos de esos compañeros asesinados. Eso recuerda las prácticas represivas del pasado, donde se golpeaba a alguien como castigo ejemplar para que nadie quisiera volver a protestar, a organizarse. Represión ha habido siempre en la zona, por ejemplo los desalojos de tierras; en eso participa la policía o el ejército; lo preocupante de ahora es que son grupos clandestinos, y el Estado nunca averigua nada, no dice nada. Nos sentimos desamparados, totalmente desprotegidos.
El gobierno hace propaganda diciendo que está mal oponerse a las hidroeléctricas, que eso es retrógrado. Es decir: eso forma parte de otra ofensiva contra el campo popular, tratando siempre de dejarnos en mal ante la opinión pública, mostrando solo una cara de la situación. Todo lo que están haciendo tiene un orden lógico: nos matan, nos aterrorizan, nos desprestigian, y si no, ponen órdenes de captura contra líderes comunitarios que están protestando y levantando a la gente.
A todo esto hay que agregar la presencia del narcotráfico en la región, que necesita un lugar tranquilo, sin conflictos, para que no esté el ojo público puesto sobre la zona para que puedan hacer sus negocios sin sobresaltos. Por ejemplo, en la región de Santa Valeria, en Alta Verapaz, es donde hay plantaciones de coca, y también laboratorios para elaborar la cocaína. O sea que la región norte del país, Alta Verapaz y también El Petén, pasó de ser un lugar de tránsito de la droga a un lugar de producción. Por todos esos motivos están matando a nuestros compañeros, o nos están metiendo presos. Hay presos, o perseguidos, de varias organizaciones populares. Cualquiera que aquí hable de más, critique, denuncie algo, es candidato a la represión. Y hoy día la represión es desaparición o muerte, como lo fue durante la guerra.
Pregunta: Entonces, ¿el narco-negocio pasó a ser algo importante en la zona?
Respuesta: Definitivamente. Por ejemplo en la región de Purulhá, Baja Verapaz, se encontraron plantaciones de coca y amapola. El campesino común, que trabaja en esos cultivos, en general ni sabe qué son esas plantas. Se limita a cultivarlas, le pagan bien, y ya estuvo. Algunos simplemente saben que son flores. Hay muchos militares ligados a este negocio; durante la guerra contrainsurgente tuvieron todas las facilidades para hacerlo, y lo hicieron. Hoy día todo eso representa un poder económico fuerte, sin dudas. El narco está metido en infinidad de negocios, haciendo lavado: hay prostíbulos, comercios diversos, cantinas, bienes raíces. De hecho, hay muchas alcaldías que trabajan directamente para los narcos. Hasta en el negocio del maíz hay narcolavado. Esta actividad económica, si así puede llamársele, crea divisionismo en las comunidades, porque hay mucha gente que ahí obtiene un salario o ciertos beneficios, y por tanto termina defendiendo a los narcos, confundida, desorientada. Hay quien dice que, en definitiva, el narco es bueno. Incluso en algunos lados se da que la población los protege, los apoya. Como obtiene algún beneficio, los quiere. Es decir: es población comprada, cooptada.
Quienes están involucrados son los militares retirados que participaron en la guerra, pero también muchos en activo, con todos sus tentáculos, los que siguen ligados a los grupos clandestinos que hoy están llevando a cabo estas agresiones contra el campo popular. Ya van varios atentados en el país en estos últimos días, y aquí en las Verapaces el clima de intimidación contra los luchadores comunitarios es casi continuo. Hay muchos ex kaibiles vinculados al narco, y también vinculados al grupo de Los Zetas.
Pregunta: ¿No estaba desarticulada esa banda?
Respuesta: Lo estuvieron por un tiempo, pero han vuelto. Si bien sus dirigentes habían sido condenados con penas de más de 30 años, gracias a sus tretas legales ya están libres de nuevo, y ahora están reorganizándose, y están operativos. Y tienen bastante presencia en las comunidades. Compran voluntades. Pero también atacan a las comunidades. Por ejemplo, hacen un tipo de extorsión rara: te prestan dinero medio a la fuerza, te obligan a que tomes un préstamo, y después te cobran con intereses usurarios. Y ¡cuidadito si no se les paga! De eso nadie quiere hablar, por el miedo, pero así es.
Pregunta: La población común, el campesino o la campesina común que no tiene una visión política crítica de este asunto, ¿qué dice de todo esto?
Respuesta: Nada. Los pueblos están muy desorganizados, no reaccionan. El daño que la guerra ocasionó a los tejidos sociales fue demasiado grande, y tal vez todavía por varias décadas va a dejar ver sus secuelas. Junto a eso tenemos toda la cooptación que se hace del campesino común, que a veces, lamentablemente, por confusión termina defendiendo a las hidroeléctricas, o a los narcos. Encima, tenemos el aluvión de iglesias evangélicas que aparecieron estos años: hay 57,000 iglesias de esas en el país. Ese es otro factor de divisionismo, de desunión, desmovilizando toda lucha popular. Incluso tanta ONG (en la región hay 254) también sirve como un factor de división de las comunidades. Hay de todo entre las ONG’s, pero en muchos casos no sirven para nada. Ofrecen de todo creando expectativas en la gente, y después no cumplen. Algunas, por ejemplo, trabajan para las hidroeléctricas o para las compañías palmeras en contra de las comunidades. Eso es terrible, pero es así.
Por otro lado, estos aparatos clandestinos que funcionaron durante la guerra sucia, toda esas estructuras represivas de inteligencia, paramilitares, todas las iniciativas contrainsurgentes del pasado, el seguimiento a líderes y activistas, todo eso nunca se desactivó, sigue vivo, bien montado, operativo. Son esas estructuras las que ahora están dando estos golpes, asesinando, reprimiendo.
Pregunta: Las estructuras de las PAC, las Patrullas de Autodefensa Civil, y los comisionados militares, tan importantes durante la guerra, ¿juegan algún papel en todo este retorno de la represión el día de hoy?
Respuesta: No está claro, pero seguramente sí. Por ejemplo, personajes como Leonel Chacón, el ex alcalde de Cobán, que se lo ve muy activo en este momento, un personaje de la derecha pesada, sin dudas por algo debe estar moviéndose. Las PAC siguen organizadas, porque están esperando todavía un resarcimiento que se les debe. Y eso las mantiene activas.
Pregunta: ¿Y qué personajes empresariales pueden mencionarse como ligados a toda esta reorganización de la derecha represiva?
Respuesta: Aunque no puede demostrarse claramente ese vínculo, los grupos nacionales que tienen negocios por aquí son los Gutiérrez-Bosch, con hidroeléctricas, el grupo Arimany, principal productor de papel del país, la familia Torrebiarte, ligada a la producción extensiva de palma africana, también la familia Molina y el grupo Weymann, todos vinculados a la producción de palma aceitera o palma africana. Hay que mencionar también a los Gutiérrez-Bosch como propietarios de la finca maderera más grande del país, en la zona de San Pedro Carchá. Por supuesto que los «respetables» empresarios no son, directamente, los que andan reprimiendo. Pero para eso están esos aparatos clandestinos. O incluso, el mero ejército. Por ejemplo, en la Finca Bremen, en Purulhá, departamento de Baja Verapaz, donde se encuentra la hidroeléctrica Hidro-Juminá , hay un destacamento del ejército. ¡Un destacamento del ejército nacional, pagado con nuestros impuestos, custodiando a una empresa privada!
Pregunta: Ante esta ola represiva, como campo popular, ¿qué debe hacerse, cómo debe enfrentarse esto?
Respuesta: Con organización. Lamentablemente, en este momento no hay una organización sólida que pueda conducir todo ese descontento. Las comunidades resisten como pueden, pero falta un liderazgo claro, bien definido. Los líderes que aparecen como los más importantes, son golpeados. En este momento, los están metiendo presos. Ahora hay más de 500 órdenes de captura libradas contra dirigentes comunitarios, con cualquier excusa, por ejemplo: atentado contra la propiedad privada, secuestro, delitos contra el medio ambiente, bloqueos. Cualquiera de estos cargos los presentan como terrorismo o sedición. Da pena, porque hablan de nosotros como invasores, cuando muchos de los grandes finqueros de la zona no tienen papeles, no tienen títulos de propiedad de las tierras, dado que las han arrebatado a las comunidades, y la justicia corrupta luego se las legaliza. Si nosotros demandamos lo que nos corresponde históricamente, es un delito; si una gran empresa nos despoja, eso es legal.
Ante todo esto hay que organizar y capacitar a las comunidades para que vayan tomando conciencia en su lucha. Solo las comunidades, los pueblos bien organizados, podremos evitar que esta represión crezca y nos termine derrotando. Hay que fortalecer lo más posible ese trabajo de esclarecimiento, porque incluso hasta hay gente de izquierda que está a favor de las hidroeléctricas, y eso confunde a las y los compañeros de base. Hay quienes promocionan entre las bases la necesidad de vender sus parcelas a las empresas, y si no trabajamos fuertemente contra eso, la población queda confundida y no sabe bien qué hacer. De hecho, muchos compas de las comunidades terminan aplaudiendo a las empresas, porque los cooptan, y repiten eso que le han contado por ahí: que crean fuentes de trabajo, que hay que proteger el progreso, que nos traen beneficios para todos. Por ejemplo: prometen obras, caminos, escuelas, centros de salud, iglesias, algunas fiestas, capacitaciones. Pero después no cumplen. La empresa Renace trae las luces Campero para la época navideña, y con eso entretienen a la gente. Pero eso siguen siendo espejitos de colores, y nada más. La solución contra todo eso es la organización, la buena formación y la buena información de las bases. ¡Organización!
Hay muchos casos en la región donde la movilización popular impidió la represión policial en algunos desalojos. ¿Y cómo se logró eso? Con organización de las bases. Solo con conciencia, con organización, con esfuerzo combativo, podremos ir dándole otro perfil a la lucha para mostrar que no somos unos primitivos que no quieren las hidroeléctricas ni el progreso, sino que apostamos por otro modelo. Tal como dijimos hace un rato: energía en manos de cooperativas comunitarias. Digámoslo de otra manera: apostamos por la organización de las bases, por el poder desde abajo, el poder popular. No somos unos primitivos; por el contrario, somos de vanguardia. Queremos desarrollo, pero un desarrollo para todos.
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