Desde la Coordinadora Ni Una Sola Mina denunciamos que el Estado ni los Gobiernos de turno han venido a controlar, intervenir ni mucho menos eliminar la minería metálica en Costa Rica, que no hay voluntades para ello y que sigue existiendo complicidad con los proyectos existentes, así como los intereses económicos relacionados a estos, incluidos […]
Desde la Coordinadora Ni Una Sola Mina denunciamos que el Estado ni los Gobiernos de turno han venido a controlar, intervenir ni mucho menos eliminar la minería metálica en Costa Rica, que no hay voluntades para ello y que sigue existiendo complicidad con los proyectos existentes, así como los intereses económicos relacionados a estos, incluidos aquellos que tienen que ver con los coligalleros.
El problema minero se remonta a los años de la colonia española. Históricamente, Costa Rica no ha sido un foco de riqueza metalúrgica como lo fueron México, Perú o Bolivia desde antaño. Sin embargo, los mayores episodios mineros pueden ubicarse en el siglo XIX cuando se explotaban los cerros de la cordillera volcánica de Tilarán. Personajes como el exjefe de estado José Rafael Gallegos o más tardíamente, producto de la llegada del ferrocarril y el cultivo del banano en el Caribe, Minor Cooper Keith, fundador del primer gran emporio norteamericano, la United Fruit Company.
Entrado el siglo XX, la minería siguió su desarrollo de forma más artesanal, pues su costo era mayor que su beneficio. Sin embargo, pasada la primera mitad del siglo anterior, poco a poco se hicieron presentes nuevos proyectos con mayores inversiones, principalmente de carácter internacional, tal es el caso de Infinito Gold (Canadá) en Crucitas de Cutris de San Carlos (Alajuela, Costa Rica), muy cerca de la frontera con Nicaragua.
El caso de la mina en Crucitas, se venía gestando una lucha comunitaria de casi dos décadas en contra del proyecto. El caso toma relevancia en octubre de 2008 cuando el entonces presidente de la república, Oscar Arias Sánchez, junto a su ministro de ambiente, Roberto Dobles, declararon «de interés público y conveniencia nacional» el proyecto minero en Crucitas (Decreto 34801). A partir de ese decreto, la empresa tuvo vía libre para talar más de cien hectáreas de bosque, hasta que se logra frenar la destrucción debido a una medida cautelar interpuesta, lo que llevó a dos nuevos escenarios este conflicto: el Tribunal Contencioso Administrativo y las Acciones Directas desde San José, a doscientos kilómetros de distancia de Crucitas. Esto fue importante porque, al trasladar el tema a la capital, se logró posicionar en los medios de comunicación, así como en el debate nacional.
El juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo llevó a una victoria relativa en contra de Industrias Infinito (subsidiaria de Infinito Gold). Relativa en el tanto anuló la concesión otorgada a la empresa minera en Crucitas, pero no prohibió esta práctica. Sin embargo, hubo un hecho fundamental que quizás se veía impensable: la acusación por la firma del decreto 34.801 en contra del ministro de ambiente Roberto Dobles y, más importante aún por todo lo que representa, en contra del expresidente Óscar Arias Sánchez.
Posteriormente, en 2010, se firman dos nuevos decretos relacionados con la minería de oro a cielo abierto. El primero de Óscar Arias Sánchez al finalizar su administración, es el Decreto 35.982, donde se declaraba la «moratoria de la minería metálica de oro a cielo abierto» y suspendía cualquier proyecto en tramitación, pero respetaba los derechos adquiridos por los proyectos anteriores a este decreto, lo cual dejaba, por ejemplo, la Mina Bellavista, y otros similares, en actividad. El segundo es el decreto de la presidente Laura Chinchilla, Decreto 36019, donde se declara la «moratoria de minería metálica a nivel nacional». Sin embargo, aunque incluye también la minería subterránea, este nuevo decreto no eliminaba las concesiones que ya estaban en funcionamiento, a sabiendas de los desastres ambientales provocados, tal es el caso de Mina Bellavista en Miramar de Puntarenas. Además, ambos decretos solo se aplican para la extracción de oro y no para otros metales que pueden ser extraídos y que provocan daños similares.
Posteriormente, en 2011, se logra aprobar por unanimidad en la Asamblea Legislativa, la reforma al artículo 8 del Código de Minería, Ley 8904. Con esta reforma se cerraron las posibilidades para nuevas concesiones de minería de oro a cielo abierto, se archivan los proyectos en tramitación, se eliminó la posibilidad de usar mercurio o cianuro en los procesos de lixiviación, se prohíbe la actividad minera en zonas protegidas y se establece que solo la extracción de oro artesanal a través de cooperativas puede desarrollarse en las áreas de reserva minera. A pesar de esta reforma, la minería subterránea no quedó modificada, pues el cambio en el Código de Minería hace referencia exclusivamente a las minas a cielo abierto. De igual forma, mantiene los derechos sobre las concesiones ya existentes.
A pesar de todo esto, en Crucitas se da una nueva reactivación de la minería, pero esta vez bajo la forma del coligallero. Aunque no hay mucha claridad al respecto, es importante destacar que los grandes proyectos mineros están vinculados con redes de carácter criminal como el narcotráfico, razón que explica, por ejemplo, la contratación de sicarios para el asesinato de líderes ambientalistas en diferentes lugares de Latinoamérica. Pareciera ser que hay fuertes intereses moviéndose en la zona, que se aprovechan de la fuerza de trabajo nicaragüense, lo que ha implicado otras problemáticas relacionadas con otros fenómenos socioeconómicos. Las características que ha tomado en los últimos meses la compleja situación con los coligalleros, indica que se trata de todo un entramado que incluye redes criminales y económicas de diversa especie.
Al día de hoy, la situación en Crucitas sólo ha pasado por una intervención policiaca en la zona, con algunos conatos de violencia y detenciones, pero el problema se mantiene altamente latente y con posibilidades de un conflicto mayor si el Estado no interviene decididamente.
De igual forma, en las últimas semanas ha sido importante la reactivación del caso judicial que implica al expresidente Oscar Arias Sánchez. Esto tiene consecuencias políticas trascendentales en dos vías: la primera en tanto pueda ser juzgado el exmandatario, aunque se corre el riesgo que no trascienda más allá del show mediático que está provocando. La segunda es que se está tejiendo toda una trama de justificación con respecto al proyecto minero: se considera que de haberse concesionado a Infinito Gold la extracción de oro, no estaría dándose el desastre socioambiental que ha provocado el coligallero. Esto último es absurdo, pero es el discurso que se mueve desde los medios de comunicación.
En resumen, Costa Rica no es un país libre de minería y las acciones políticas han estado lejos de poner fin a un problema de larga data. El desastre ambiental provocado por la minería de oro principalmente ha sido evidente en las últimas décadas, en todos sus niveles y métodos. Las medidas raquíticas tomadas por el estado como las moratorias o las prohibiciones parciales no han venido a solucionar en nada la explotación minera ni sus nefastas consecuencias.
Desde la Coordinadora Ni Una Sola Mina denunciamos que el Estado ni los Gobiernos de turno han venido a controlar, intervenir ni mucho menos eliminar la minería metálica en Costa Rica, que no hay voluntades para ello y que sigue existiendo complicidad con los proyectos existentes, así como los intereses económicos relacionados a estos, incluidos aquellos que tienen que ver con los coligalleros.