La Asamblea Ciudadana se sumó a la protesta nacional contra los desmanes del gobierno al querer, entre otras cosas, aprobar un proyecto de ley que privatizaría el sector público panameño. La iniciativa de la Asamblea Ciudadana considera que «el paro ejemplar de la Coordinadora Médica Nacional (COMENENAL) y de los profesionales y técnicos de la […]
La Asamblea Ciudadana se sumó a la protesta nacional contra los desmanes del gobierno al querer, entre otras cosas, aprobar un proyecto de ley que privatizaría el sector público panameño. La iniciativa de la Asamblea Ciudadana considera que «el paro ejemplar de la Coordinadora Médica Nacional (COMENENAL) y de los profesionales y técnicos de la salud, apoyado por sectores de los educadores, estudiantes y sindicatos, que se opone al proyecto de ley de Asociación Público-Privada (APP), se ha granjeado la simpatía de amplios sectores de la población… Han podido constatar que el proyecto de Ley no sólo afecta a los sectores de salud y de educación, sino que afectará, si es aprobada, a la totalidad del pueblo panameño».
El proyecto de ley faculta a los gobernantes para distribuir entre sus allegados todos los negocios públicos que se consideren rentables. Además, la ley plantea que la concesión pública entraría a formar parte del régimen de propiedad privada. Un ejemplo sería si una persona natural o jurídica recibe la concesión para cobrar peaje en una calle de la ciudad de Panamá por un plazo de 20 años, tendría todo el derecho a extender automáticamente la concesión por otro período igual en forma permanente. Si la persona se retira del negocio, el gobierno está obligado a entregar el privilegio a otro interesado.
Hay quienes plantean que este proyecto de Ley también puede justificar la concesión a empresas privadas de la recolección de tributos e impuestos a escala nacional. La empresa puede ser panameña o extranjera. En la actualidad, los consulados marítimos panameños en el exterior les dan a los allegados de los políticos en el poder, la autoridad para cobrar los servicios que les presta el Estado.
La Asamblea Ciudadana denuncia que «mediante contratos que pueden llegar a ser de 50 años de duración, el gobierno podría privatizar escuelas, hospitales, diversos servicios de salud, el IDAAN, la segunda línea del Metro, el nuevo puente sobre el Canal y cualquier otra obra o servicio». El negocio «sólo depende de lo que proponga la empresa privada, con el consiguiente pago de los ciudadanos por servicios que hasta ahora han sido gratuitos… Dejarían de ser «servicios públicos» para convertirse en negocios privados».
La Asamblea Ciudadana también alerta sobre el denominado «Fondo Soberano» que se pretende establecer utilizando los ingresos del Canal de Panamá. Según el comunicado, el presidente Ricardo Martinelli, «ha declarado que el «Fondo» serviría para afrontar las deudas contraídas por los proyectos APP… los ingresos del Canal dejarían de beneficiar al pueblo panameño e irían directamente al «pro mundi beneficio» de las trasnacionales».
En la reunión que se celebró la semana pasada entre el presidente Martinelli y los gremios médicos, el inquilino del Palacio de las Garzas enumeró los proyectos que se ajustan al modelo de la APP. Según una fuente presente en la reunión, Martinelli destacó la construcción de un cuarto puente sobre el Canal de Panamá, la ciudad gubernamental, otro tramo del metro y la ampliación de la red de agua potable. La APP también serviría «para la compra de equipo médico y medicamentos. (Es decir, desconoce lo que propone la Ley)».
Los médicos reaccionaron y le recordaron después al presidente del ejemplo argentino donde la APP fue un fracaso en la ampliación de la red de alcantarillados. Igual suerte corren los panameños con el ejemplo de los corredores, la falta de reglas y la corrupción.
El presidente Martinelli también insinuó la posibilidad de enviar el proyecto de ley de la APP a la mesa de la Concertación Nacional para que se discuta en ese marco. Los médicos aceptaron la propuesta presidencial pero el gobierno no ha dado aún un paso formal en esa dirección. Los médicos señalaron que «la Concertación Nacional fue un mecanismo diseñado para aprovechar mejor los fondos provenientes del Canal de Panamá, durante el periodo del presidente Martin Torrijos. Sin embargo, fue ampliamente criticado por su carácter excluyente. (También) fue convertido en un dialogo de ‘yo con yo’. Muchas de las asociaciones que participaron (en aquel entonces) eran pro PRD. La COMENENAL participo en ese dialogo y se retiro por que dio origen al sistema único de salud, bajo el concepto de que la Caja del Seguro Social asumía toda la responsabilidad financiera del sistema y el Estado hacia un aporte mínimo».
Lo que se respira en los grupos que se suman al movimiento de los trabajadores de la salud, es incredulidad ante las declaraciones cambiantes del presidente Martinelli. En primera instancia, dijo que no afectaba a los trabajadores, después dijo que se reformaría su contenido y finalmente que enviaría el proyecto a la Concertación Nacional. Los médicos y el pueblo sólo le han pedido que lo baje de segundo debate a primer debate en la Asamblea de Diputados. Si se niega es porque su intención es aprobar la iniciativa legislativa de todas maneras.
En el te deum del 3 de noviembre, el arzobispo de Panamá, José D. Ulloa, le dijo al presidente Martinelli que había «que mirar el pasado de nuestra historia para proyectar un futuro». Las palabras de la Iglesia son sabias, basadas en su propia experiencia.
Marco A. Gandásegui, hijo, es docente de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) Justo Arosemena. http://marcoagandasegui11.
Fuente: http://alainet.org/active/