Traducido para Rebelión por Gorka Larrabeiti
Gracias a una mayoría débil, Costas Karamanlis puede tratar de tapar los escándalos de su gobierno; sin embargo, a partir de ahora quienes lleven puesto un pasamontañas se arriesgarán a que los arresten. Según un proyecto de ley, presentado el pasado viernes en el parlamento, quien lleve un pasamontañas o incluso un pañuelo, quien «participe y acuda a lugares públicos con el rostro cubierto o tapado», será perseguido. Las penas previstas llegan a un año de cárcel sin posibilidad de reducciones, pues, según Aliki Maragopoulou Jotopoulou, presidente de la Comisión nacional de derechos del hombre, y promotora del proyecto de ley, «es probable que detrás [de estas acciones] haya una misma fuente de financiación», y además porque «los enemigos del país recurren al vandalismo para demostrar que en Grecia hay terrorismo». El objetivo de esta medida represiva es el movimiento estudiantil, protagonista de los «hechos del pasado diciembre».
Han pasado cuatro meses desde que miles de estudiantes de escuelas media y superior, junto con universitarios, precarios y parados salieran a las calles después del asesinato del joven Alexis Grigoropulos, que murió después de que un policía le disparara. Muchos de ellos se manifestaban encapuchados para que no los identificara la policía, para que las cámaras de cientos de circuitos cerrados de televisión, herencia de las Olimpiadas de 2004, no grabaran sus caras y para protegerse de los centenares de lacrimógenos disparados. Se trató de una protesta espontánea pero al mismo tiempo política contra un mundo que en Grecia vive entre escándalos, corrupción y decadencia de las instituciones.
Desde el primer día de la revuelta, el primer ministro griego optó por la mano dura: presencia masiva de fuerzas del orden que intervenían sin plan operativo; agentes encapuchados que en los enfrentamientos actuaban de modo poco claro; policías que disparaban, alimentando así la rabia de los jóvenes. El gobierno dijo Karamanlis desde Bruselas «no da marcha atrás ante la barbarie». Dos días después, Jorgos Karatzaeris, líder de Laos (partido nacionalista de extrema derecha) dio con la solución: «Quien lleve capucha, independientemente de los motivos por los que la lleve, deberá ser detenido».
Entonces, todo el mundo, comunistas del KKE incluidos, condenó las acciones de los encapuchados. Para los conservadores los jóvenes eran anarquistas y miembros de la izquierda radical, del Synaspismos. Para los comunistas, elementos ajenos al movimiento obrero, contrarevolucionarios y tal vez infiltrados de los servicios secretos. Que durante las manifestaciones y la rotura de escaparates hubiera agentes encapuchados porra en mano lo demuestran vídeos y fotos publicadas también en Il Manifesto. Durante los «días de diciembre» nadie podía sostener que los cientos de encapuchados fueran provocadores o black bloc. Eran «los chicos de la puerta de al lado», que rompían por rabia, porque habían matado a un coetáneo suyo, o porque estaban parados pese a los estudios de posgrado. Así y todo, también la Coalición de Izquierda (Synaspismos), única fuerza política que entabló un diálogo con los jóvenes rebeldes, se ha echado atrás.
Las fuerzas políticas, aparte de la izquierda radical, poco han entendido de lo que pasó en diciembre. Ahora en el momento en el que un escándalo más salpica a un diputado y a un antiguo ministro neodemócrata -acusado de haberse embolsado sobornos de compañías marítimas- el gobierno conservador de la «Nueva Democracia» se lanza al ataque y se la toma con los pasamontañas de los jóvenes rebeldes.